Pol¨ªtica y parapol¨ªtica en Colombia

?Cu¨¢l es la profesi¨®n m¨¢s peligrosa de Colombia? Le voy a dar una pista: las personas que la ejercen viven desarmadas, normalmente desprotegidas, pero tienen muchos enemigos: el Ej¨¦rcito, sus aliados paramilitares, la guerrilla. Todos pretenden lo mismo: silenciarlas. Reciben descalificaciones y amenazas, a veces p¨²blicas; sufren acoso, son carne de ca?¨®n.

El 31 de enero Yolanda Izquierdo, defensora de derechos humanos, la profesi¨®n m¨¢s peligrosa de Colombia, fue tiroteada por unos hombres en la ciudad de Monter¨ªa. Yolanda hab¨ªa recibido varias amenazas de muerte, y d¨ªas antes de ser asesinada hab¨ªa solicitado protecci¨®n a las autoridades locales. ?Su delito? Representar a los supervivientes de abusos de derechos humanos a manos de paramilitares en la audiencia de desmovilizaci¨®n del dirigente "para" Salvatore Mancuso.

Desde que en 2006 las autoridades judiciales colombianas hayan relacionado a varios congresistas cercanos al Gobierno de ?lvaro Uribe con grupos paramilitares se ha desatado en el pa¨ªs el "esc¨¢ndalo de la parapol¨ªtica". Las dimisiones de la ministra de Exteriores, Mar¨ªa Consuelo Ara¨²jo Castro, al encontrar la Fiscal¨ªa indicios de la vinculaci¨®n de su hermano y su padre con los paramilitares, y el arresto de Jorge Noguera, ex director del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), servicio de seguridad colombiano, por el mismo motivo, han devuelto algo de esperanza a quienes llevamos a?os esperando que el Estado colombiano reaccione ante la lacra del paramilitarismo.

Esta colaboraci¨®n entre varios sectores del Estado y los escuadrones de la muerte, los paramilitares, ha sido la cr¨®nica de una verdad anunciada. He viajado a Colombia m¨¢s de una decena de veces en los ¨²ltimos a?os y, mientras las autoridades colombianas nos dec¨ªan que combat¨ªan por igual a paramilitares y guerrilleros, lo que ve¨ªamos con nuestros ojos lo desment¨ªa.

Las autoridades judiciales colombianas conocen desde hace tiempo los estrechos v¨ªnculos que relacionan a funcionarios p¨²blicos con los paramilitares, pero han adoptado pocas medidas concretas para investigar estas alegaciones. Al parecer, se han visto obligadas a actuar tras el descubrimiento de un ordenador que presuntamente pertenec¨ªa a Rodrigo Tovar, alias Jorge 40, l¨ªder del grupo paramilitar Bloque Norte, que supuestamente conten¨ªa los nombres de varios funcionarios p¨²blicos vinculados a grupos paramilitares, entre ellos pol¨ªticos, jueces y personal de las fuerzas de seguridad.

En las ¨²ltimas d¨¦cadas, los grupos paramilitares han sido responsables de algunas de las peores atrocidades cometidas contra los derechos humanos en el largo conflicto colombiano. Seg¨²n datos de Amnist¨ªa Internacional, se les atribuye m¨¢s de 3.000 homicidios y desapariciones forzadas desde que anunciaron un "cese de hostilidades" en 2002. Junto a ellos, los guerrilleros cierran el c¨ªrculo de muerte sobre la poblaci¨®n civil.

La infiltraci¨®n del paramilitarismo en la pol¨ªtica no es anecd¨®tica. Tanto es as¨ª que la Procuradur¨ªa General de la Naci¨®n ha anunciado la creaci¨®n de una unidad especial para investigar los supuestos v¨ªnculos entre empleados p¨²blicos y paramilitares. Alfredo G¨®mez, presidente de la Sala Penal de la Corte Suprema, ha asegurado que investigar¨¢n a fondo la relaci¨®n entre pol¨ªticos y paramilitares. Los esfuerzos de las autoridades judiciales son bienvenidos y necesarios, porque la situaci¨®n de impunidad es tal que varios l¨ªderes paramilitares han llegado a declarar que controlan alrededor de una tercera parte del Congreso nacional.

En este contexto, causan estupor las declaraciones del presidente Uribe durante la visita de George Bush de mediados de marzo. Seg¨²n ¨¦l, los nexos entre paramilitarismo y pol¨ªtica se est¨¢n destapando ahora gracias a su Gobierno; afirmando que "miembros del Gobierno que llegaren a aparecer con v¨ªnculos con el paramilitarismo ser¨¢n inmediatamente desvinculados". Buena noticia, pero para resultar convincente no deber¨ªa haber desarrollado iniciativas legislativas que permiten el reciclaje de los paramilitares y garantizan su impunidad; como por ejemplo la ley "de Justicia y Paz", que permite que los miembros de estos escuadrones de la muerte se reciclen como guardias de seguridad o informantes del ej¨¦rcito.

Nada arroja mayores dudas sobre la voluntad del presidente Uribe de poner freno al paramilitarismo que su respuesta a la matanza de ocho personas, entre ellos tres ni?os, en San Jos¨¦ de Apartad¨®, el 21 de febrero de 2005. Tras dos a?os de impunidad, la Fiscal¨ªa General de Colombia ha procesado por homicidio a 69 militares del Ej¨¦rcito. Desde el primer momento, la comunidad atribuy¨® la matanza al Ej¨¦rcito, pero el presidente Uribe y las autoridades militares acusaron a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Uribe incluso acus¨® a los l¨ªderes de San Jos¨¦ de tener nexos con este grupo armado.

El Gobierno norteamericano y los diferentes gobiernos europeos que, con diferencias, han apoyado esta supuesta "pol¨ªtica de seguridad" del presidente Uribe no pueden seguir con la pol¨ªtica de "business as usual". Hoy est¨¢n siendo investigados m¨¢s de 100 casos de presunta connivencia entre paramilitares y pol¨ªticos, miembros de las administraciones p¨²blica y judicial y de las fuerzas de seguridad. Y, adem¨¢s estos escuadrones de la muerte, como en el caso de Yolanda Izquierdo, no se desmovilizan, s¨®lo cambian de nombre, pero contin¨²an con la misma profesi¨®n: matador de defensores de derechos humanos.

En estas condiciones, es dif¨ªcil que el proceso llegue a buen puerto. La comunidad internacional, incluida Espa?a, no puede seguir apoyando, ni econ¨®mica ni pol¨ªticamente, un proceso injusto e ineficaz. A pesar de la gravedad de la situaci¨®n, el "esc¨¢ndalo de la parapol¨ªtica" es una buena oportunidad, quiz¨¢ la ¨²ltima, para que el presidente Uribe cambie su estrategia sobre el paramilitarismo, lo persiga, y respete el trabajo de la sociedad civil. Sin amenazas a los defensores, ayudando a todas las v¨ªctimas a obtener verdad, justicia y reparaci¨®n. Quiz¨¢ podr¨ªa empezar por los asesinos de Yolanda Izquierdo.

Esteban Beltr¨¢n Verdes es director de Amnist¨ªa Internacional Espa?a.