Rigor, transparencia y eficacia en la cooperaci¨®n

La ¨¦tica, transparencia y buenas pr¨¢cticas son imprescindibles en la cooperaci¨®n al desarrollo. Primero, porque hay que ser extremadamente escrupulosos con todo aquello que tiene que ver con el dinero p¨²blico, y segundo, lo que es si cabe m¨¢s importante, porque en el mundo todav¨ªa existen 1.200 millones de personas que pasan hambre y porque es un deber moral de todos contribuir a la consecuci¨®n de un planeta m¨¢s igualitario y justo.

Este Gobierno es el primer interesado en la nitidez en las acciones de cooperaci¨®n, tanto p¨²blicas como de las organizaciones no gubernamentales, una transparencia que ayuda a garantizar la mayor eficacia de la ayuda, que, junto al aumento de fondos, debe ser perseguida. Y es que no s¨®lo es importante el incremento presupuestario, sino tambi¨¦n saber si la ayuda ha llegado a quien quer¨ªamos que llegara y si los proyectos cumplen los objetivos. En resumen, conocer si contribuimos a un verdadero desarrollo y progreso de los pueblos. Por todo ello, la Administraci¨®n es tambi¨¦n la primera que tiene la obligaci¨®n de redoblar los mecanismos de evaluaci¨®n.

Estos mecanismos permiten detectar y corregir una hipot¨¦tica conducta irregular

Desde el inicio de esta legislatura, el Gobierno est¨¢ empe?ado en colocar la lucha contra la pobreza en la prioridad de la agenda pol¨ªtica. Tambi¨¦n en mejorar la coordinaci¨®n de los agentes de la cooperaci¨®n y en ahondar en la eficacia de la ayuda y por tanto en la transparencia de la gesti¨®n de lo p¨²blico. Es conveniente recordar que la Ley de Cooperaci¨®n Internacional, aprobada en 1998 con el apoyo de todos los grupos del Parlamento, establece que el Estado fomentar¨¢ las actividades de las Organizaciones No Gubernamentales de Desarrollo (ONGD).

Para garantizar el buen empleo de los recursos entregados y, lo que es igual de importante, para asegurar el cumplimiento de los objetivos de desarrollo, la cooperaci¨®n espa?ola se ha dotado de un nuevo marco regulatorio muy riguroso, al amparo de la Ley General de Subvenciones. B¨¢sicamente consiste en el an¨¢lisis exhaustivo de los proyectos que las ONGD presentan a subvenci¨®n, asegurando que re¨²nen los requisitos de calidad t¨¦cnica, que se complementan con otras acciones de la cooperaci¨®n y que son viables. Una vez concedida la subvenci¨®n, decisi¨®n adoptada por un ¨®rgano colegiado de la AECI, presidido por su secretario general, en el que tambi¨¦n participan representantes del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperaci¨®n, todos los proyectos en ejecuci¨®n quedan sometidos a un estricto control de seguimiento, t¨¦cnico y econ¨®mico.

Adem¨¢s de esto, las subvenciones a las ONGD quedan sujetas al control de la Intervenci¨®n General de la Administraci¨®n del Estado, que depende del Ministerio de Econom¨ªa y Hacienda, y, por supuesto, al del Tribunal de Cuentas.

Aun con todo esto, el Gobierno quiso ir a¨²n m¨¢s lejos y en 2005 aprob¨® un proceso de calificaci¨®n de ONGD sin precedentes con el objeto de garantizar que las organizaciones que quisieran construir una alianza para trabajar conjuntamente con la Administraci¨®n pudieran hacerlo. Las organizaciones candidatas a esta colaboraci¨®n y financiaci¨®n plurianual deben cumplir con 79 criterios, que incluyen cuestiones como la presentaci¨®n de la auditor¨ªa de sus cuentas, la democracia en su funcionamiento, su relaci¨®n con las organizaciones locales, cumplir con los pagos a la Seguridad Social o la de la contrataci¨®n a los cooperantes de acuerdo a la normativa vigente, (informaci¨®n disponible en la web de la AECI).

Todos estos mecanismos puestos en marcha por la Administraci¨®n permiten detectar y, en su caso, corregir una hipot¨¦tica conducta irregular. Si se produjera alguna anomal¨ªa en el uso de los fondos p¨²blicos o la ONG no cumpliera los objetivos previamente planificados, la AECI actuar¨ªa inmediatamente pidiendo, por ejemplo, la devoluci¨®n de la subvenci¨®n.

Es de justicia se?alar que quienes entendieron primero la necesidad de establecer estos mecanismos de control y transparencia fueron las propias ONGD, tan interesadas como la Administraci¨®n en mantener el buen nombre de un sector que hace una labor encomiable y que complementa la actividad de las distintas administraciones p¨²blicas en la lucha contra la pobreza y la promoci¨®n del desarrollo humano. No es casual que el propio sector se haya dotado de un C¨®digo de Conducta y que realice un esfuerzo permanente en favor de la transparencia y la eficacia de su labor, con independencia de que se someta o no a an¨¢lisis adicionales, sin duda valiosos, pero no los ¨²nicos.

Son 1.100 las ONGD registradas en la Administraci¨®n Central -a las que hay que a?adir las que lo est¨¢n s¨®lo en las comunidades aut¨®nomas-. Ser¨ªa err¨®neo, adem¨¢s de injusto, que se vean perjudicadas por las recientes noticias sobre la investigaci¨®n abierta a miembros de dos de ellas. La Justicia debe depurar responsabilidades porque ah¨ª ganaremos todos. Los controles funcionan, y funcionan bien. No hay que bajar la guardia, y as¨ª lo estamos haciendo, porque, como se?al¨¦, el rigor y la transparencia en la lucha contra la pobreza son exigencias si cabe m¨¢s importantes que en otros ¨¢mbitos.

No quiero acabar sin recordar que mientras escribo estas l¨ªneas, antes y despu¨¦s, cientos de cooperantes espa?oles en zonas como Sud¨¢n, Colombia, Sierra Leona o Indonesia llegan donde en muchos casos no hay otras instituciones, tejiendo oportunidades y administrando la solidaridad de un pueblo como el nuestro, cada d¨ªa m¨¢s exigente. Acercar a la sociedad esa realidad, darla a conocer, es tambi¨¦n apostar por la transparencia.

Leire Paj¨ªn Iraola es secretaria de Estado de Cooperaci¨®n Internacional.