El Gobierno prestar¨¢ desde ma?ana sus servicios en las c¨¢rceles sin cobertura legal

El convenio entre el Gobierno y la direcci¨®n de Instituciones Penitenciarias para la prestaci¨®n de servicios a las c¨¢rceles vascas por parte de la administraci¨®n auton¨®mica expira ma?ana sin que ambas partes hayan mantenido una sola reuni¨®n. El ejecutivo decidi¨® en febrero dar por terminado este convenio, vigente y renovado autom¨¢ticamente cada a?o desde 1994, para forzar la reclamada reuni¨®n de la Comisi¨®n Mixta de Transferencias, y negociar el traspaso de las competencias penitenciarias. La administraci¨®n central se niega porque las considera parte de la pol¨ªtica antiterrorista.

La colaboraci¨®n que han mantenido desde hace 13 a?os el Gobierno y la Direcci¨®n de Instituciones Penitencias, dependiente del Ministerio de Interior, tocar¨¢ a su fin ma?ana, salvo alguna actuaci¨®n poco probable de ¨²ltima hora. El Ejecutivo adopt¨® en noviembre un acuerdo formal para pedir la constituci¨®n de la Comisi¨®n Mixta de Transferencias, que no ha sido atendido por el Gobierno central. El Parlamento apoy¨® la petici¨®n el 30 de marzo.

El convenio que ha venido sustentando esa colaboraci¨®n entre ambas administraciones desde 1994 expira ma?ana y el Ejecutivo aut¨®nomo no lo va a renovar esta vez. El consejero de Justicia, Joseba Azkarraga, adelant¨® la denuncia de ese acuerdo en febrero pasado como forma de presionar al Gobierno central para que re¨²na la Comisi¨®n Mixta de Transferencias en la que negociar el traspaso de las competencias en materia penitenciaria, previstas en el Estatuto de Gernika.

La ruptura no afectar¨¢ a la prestaci¨®n de servicios a los reclusos de las tres c¨¢rceles vascas (Nanclares, Basauri y Martutene), seg¨²n la intenci¨®n del Gobierno, a expensas de conocer la posici¨®n que adoptar¨¢ Instituciones Penitenciarias, que ayer no quiso pronunciarse al respecto.La prestaci¨®n de esos servicios se har¨¢, en consecuencia, y desde ma?ana, sin cobertura legal alguna, salvo que el Gobierno central decida asumirlos y ejercerlos directamente de nuevo.

El convenio marco fue firmado en 1994 por el entonces ministro de Interior y Justicia, Juan Alberto Belloch, y el consejero de Justicia, el socialista Jos¨¦ Ram¨®n Recalde. Desde entonces se ha prorrogado sin problemas y de modo autom¨¢tico cada a?o.

El Ejecutivo aut¨®nomo ha ido elevando su contribuci¨®n econ¨®mica en esta materia sin transferir hasta los cuatro millones de euros presupuestados en total para este ejercicio. Instituciones Penitenciarias aporta otros 408.000 euros, que con la expiraci¨®n del convenio podr¨ªan perderse si su denuncia acarrea la supresi¨®n de esa partida.

El gesto es m¨¢s pol¨ªtico y de protesta que de orden pr¨¢ctico, dada la disposici¨®n del Gobierno a mantener las cosas como est¨¢n, cubriendo todas las ¨¢reas en las que act¨²a dentro de las tres c¨¢rceles. Tambi¨¦n piensa seguir corriendo con el gasto, sin entrar siquiera a reclamar la recuperaci¨®n de las cantidades empleadas, como ha hecho en cambio con otras actuaciones en materias no transferidas. "Ni siquiera nos hemos planteado realizar esa reclamaci¨®n, porque ¨¦se no es el problema", asegur¨® ayer el titular de Justicia, Joseba Azkarraga, a este peri¨®dico.

Azkarraga emplaz¨® en febrero a Instituciones Penitenciarias a aclarar por escrito su posici¨®n y a iniciar las conversaciones con la constituci¨®n de una ponencia t¨¦cnica que estudiase el traspaso. Ninguna de ambas peticiones ha obtenido resultados. No se ha producido ni una sola reuni¨®n y Azkarraga reprocha hoy a la directora de Instituciones Penitenciaria, Mercedes Gallizo, el incumplimiento de un compromiso verbal que habr¨ªa adoptado durante una visita a Euskadi para abordar la cuesti¨®n.

El Gobierno no quiso aceptar la transferencia en los a?os 80, cuando se realiz¨® a Catalu?a, por desacuerdo con las condiciones en que se le ofrec¨ªa. Desde entonces, la cuesti¨®n figur¨® en los informes sobre competencias pendientes aprobados por el Parlamento en 1993 y 1995 por unanimidad, pero el Ejecutivo no reclam¨® formalmente el traspaso hasta 2001, con el PP en el Gobierno central y unas relaciones muy deterioradas entre ambas administraciones. Despu¨¦s revalid¨® su exigencia en julio de 2005, nada m¨¢s iniciarse el actual mandato. El Gobierno socialista sigue basando su negativa a abordar la transferencia en que la pol¨ªtica penitenciaria forma parte de la lucha antiterrorista. El Ejecutivo vasco antepone a ello la obligaci¨®n del central de cumplir una previsi¨®n estatutaria.