M¨¢s Internet, m¨¢s leyes

La mitad de los espa?oles se conecta habitualmente a Internet y el 61% lo hace cada semana, seg¨²n la XIII oleada de Red.es. Internet avanza, por fin, en Espa?a. Una sociedad conectada requiere que se garanticen los mismos derechos en el mundo virtual que en el f¨ªsico.

La Ley de Acceso a la Administraci¨®n Electr¨®nica ya es una realidad que sigue ahora su camino en el Senado. Tras el pl¨¢cet del Gobierno, el proyecto de Ley de Impulso de la Sociedad de la Informaci¨®n (LISI) inicia su periplo en el Congreso de los Diputados.

El ciudadano tendr¨¢ derecho a pedir informaci¨®n, realizar consultas, formular solicitudes o efectuar pagos por Internet en 2010. Con la abstenci¨®n del PP y CiU,

el Congreso aprob¨® el jueves la normativa que reconoce el derecho al acceso a la Administraci¨®n por medios electr¨®nicos y, por tanto, convierte en obligaci¨®n prestar estos servicios en la Red. Hasta ahora era por voluntad del administrador.

Esta ley tambi¨¦n da derecho a elegir al ciudadano qu¨¦ aplicaciones o sistemas inform¨¢ticos usa para relacionarse con la administraci¨®n, siempre que est¨¦n basados en est¨¢ndares abiertos o aquellos que sean de uso generalizado. Por ejemplo, las administraciones deber¨¢n facilitar documentos en el formato abierto OpenDoc (reconocido por la ISO) y, de forma complementaria, en formato propietario Microsoft Word, de uso mayoritario. Adem¨¢s, la normativa crea la figura del defensor del ciudadano en la e-Administraci¨®n, entre otros aspectos.

El Consejo de Ministros dio luz verde el viernes al proyecto de la LISI. Su objetivo es cubrir "vac¨ªos normativos, eliminar obst¨¢culos y potenciar los derechos de los ciudadanos". Para ello, modifica las leyes de Comercio Electr¨®nico (LSSI), Firma Electr¨®nica, Telecomunicaciones y de Ordenaci¨®n del Comercio Minorista.

La propuesta obliga a las compa?¨ªas que prestan servicios p¨²blicos (el¨¦ctricas, agua, gas, electricidad y telecomunicaciones) a facilitar el alta, baja o reclamaciones por Internet y otros medios electr¨®nicos. Tambi¨¦n generaliza el uso de la factura electr¨®nica, impulsa el uso de las conexiones de banda ancha antes de fin de a?o y los dominios .es que contengan la ? o la ?, entre otros.

Del texto ha desaparecido el art¨ªculo 17 bis, que establec¨ªa el mecanismo de notificaci¨®n y retirada de contenidos que supuestamente violan los derechos de autor en Internet. El procedimiento legitimaba a las entidades de gesti¨®n (SGAE, EGEDA, CEDRO...) para obligar a los proveedores de acceso a Internet (PSI) a bloquear, previa denuncia pero sin orden judicial, las web con contenidos supuestamente il¨ªcitos si el acusado no daba respuesta a la notificaci¨®n en un plazo de 10 d¨ªas.La exclusi¨®n del art¨ªculo 17 bis en la Ley de Impulso de la Sociedad de la Informaci¨®n -LISI- genera tanta pol¨¦mica como su inclusi¨®n.

La informaci¨®n de la Asociaci¨®n de Internautas sobre el dictamen del Consejo de Estado, que criticaba la introducci¨®n tard¨ªa de un art¨ªculo tan "novedoso" as¨ª como su "fondo y contenido", levant¨® los ¨¢nimos de las asociaciones de usuarios, que acusaron al Gobierno de fomentar la "censura" en Internet.

"Es nefasto que en un momento en que se debate sobre los contenidos en la Red, se d¨¦ potestad para decidir qu¨¦ es legal y qu¨¦ no a las entidades de gesti¨®n, una de las partes afectadas. Creemos que s¨®lo lo debe decidir un juez", explica Miguel P¨¦rez Sub¨ªas, presidente de la Asociaci¨®n de Usuarios de Internet (AUI).

Cuando el pasado viernes el Consejo de Ministros retir¨® el art¨ªculo, quienes se soliviantaron fueron los autores, editores y productores audiovisuales.

La Federaci¨®n para la Protecci¨®n de la Propiedad Intelectual manifest¨® su "indignaci¨®n" por la "p¨¦rdida de una magnifica oportunidad para mejorar la defensa de la cultura". Seg¨²n Pedro Farr¨¦, director de relaciones corporativas de la Sociedad de Autores, "con el art¨ªculo 17 bis, la industria cultural y tecnol¨®gica se compromet¨ªa a colaborar en un procedimiento prejudicial para limpiar la red de contenidos que violan derechos de autor. Si se retira ser¨¢ un esc¨¢ndalo".

El texto finalmente aprobado por el Consejo de Ministros, que ahora entra en el Congreso, establece que los prestadores de servicios en Internet (PSI) deben colaborar con los "¨®rganos competentes" cuando ¨¦stos ¨®rganos hayan decidido, de acuerdo con su propia normativa, que hay que interrumpir o bloquear un servicio.

Del real al virtual

El ministerio de Industria aclara que "no se crea ning¨²n ¨®rgano nuevo, s¨®lo se traspasan las competencias del mundo real al mundo virtual", como los ya existentes para consumo, sanidad y publicidad enga?osa.

David Cierco, Director General para el Desarrollo de la Sociedad de la Informaci¨®n, niega las acusaciones de censura y a?ade que, en referencia a los derechos de libertad de informaci¨®n, "s¨®lo" un juez tendr¨¢ potestad para cerrar una p¨¢gina web.

El proyecto de ley dice: "la autorizaci¨®n de la restricci¨®n de p¨¢ginas de Internet, cuando ¨¦sta afecte a los derechos y libertades de expresi¨®n e informaci¨®n y dem¨¢s amparados en el art¨ªculo 20 de la Constituci¨®n, s¨®lo podr¨¢ ser ejercida por los ¨®rganos jurisdiccionales competentes".

Como en el caso del canon digital por la copia privada, todav¨ªa por resolver, se enfrentan las industrias cultural y tecnol¨®gica. El Gobierno, con dificultades para mediar entre las partes, se decanta por convocar de nuevo a las partes para resolver el envenenado problema de la protecci¨®n de los derechos de autor en la Red.

La semana que viene se reunir¨¢ el Consejo Asesor de las Telecomunicaciones (CATSI) donde se debatir¨¢ "un nuevo borrador de propuesta, en la misma l¨ªnea que el 17 bis excluido, pero con algunas modificaciones, que sirva para establecer un procedimiento para salvaguardar la propiedad intelectual en Internet", explica Cierco.

Sin embargo, no est¨¢ nada claro c¨®mo terminar¨¢ esta nueva propuesta, si como una medida m¨¢s del Plan de Fomento de los contenidos en Internet -"que tiene dos ejes principales, la protecci¨®n de los derechos de autor y el desarrollo de la industria", explica Cierco-; o como parte de la nueva Ley de la Propiedad Intelectual (LPI). La reforma de la LPI del a?o pasado, que legaliz¨® el canon digital, no entr¨® en esta cuesti¨®n.

Novedades positivas

Al margen de la pol¨¦mica, la LISI tambi¨¦n aporta novedades positivas. Por ejemplo, exige a Red. es que resuelva los problemas t¨¦cnicos que actualmente impiden registrar p¨¢ginas web con las letras "?" y "?". La entidad tiene tres meses para cumplirlo desde la entrada en vigor del texto.

La LISI tambi¨¦n ampl¨ªa la obligaci¨®n de que las p¨¢ginas que reciben financiaci¨®n p¨²blica y aquellas que prestan servicios p¨²blicos cumplan con los dos niveles de accesibilidad web, tal y como ya se exige a las p¨¢ginas de la Administraci¨®n desde enero de 2006. Adem¨¢s, por las nuevas carreteras y v¨ªas de tren deber¨¢n instalarse canalizaciones para desplegar redes de telecomunicaciones. Finalmente, para fomentar el comercio electr¨®nico, agiliza los tr¨¢mites de constituci¨®n de sociedades limitadas en menos de una semana. En palabras de P¨¦rez Sub¨ªas: "Quita burocracia y a?ade garant¨ªas".