Industria plantea que las gestoras de derechos puedan cerrar webs

El Gobierno vuelve a la carga. Hace una semana decidi¨® retirar un pol¨¦mico art¨ªculo de la nueva ley de Internet que permit¨ªa a las entidades que gestionan derechos de autor cerrar sin orden judicial las webs que, presuntamente, vulneraran estos derechos. Ayer, envi¨® al Consejo Asesor de Telecomunicaciones un anteproyecto de ley con este art¨ªculo, y, adem¨¢s, ampl¨ªa la capacidad de cierre a las redes de intercambio entre particulares (P2P). El Ministerio asegura que es un documento para el "debate".

La pol¨¦mica sobre el art¨ªculo 17 bis de la LISI (Ley de Impulso de la Sociedad de la Informaci¨®n) estall¨® la semana pasada, cuando la Asociaci¨®n de Internautas (AI) denunci¨® que ese punto se hab¨ªa incorporado tard¨ªamente a la LISI y sin que ninguno de los miembros del CATSI (Consejo Asesor de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Informaci¨®n), que agrupa a los expertos del sector y asesora al Ministerio de Industria, pudiera revisarlo.

La organizaci¨®n hac¨ªa p¨²blico tambi¨¦n un dictamen del Consejo de Estado, que criticaba el art¨ªculo "tanto por su tramitaci¨®n como por su contenido". En el 17 bis se legitima a las entidades gestoras de derechos de autor (como SGAE o CEDRO) a obligar a los proveedores de acceso a Internet a bloquear las p¨¢ginas web que contengan informaci¨®n presuntamente il¨ªcita, tras una notificaci¨®n a su due?o. Si el acusado no responde en diez d¨ªas, la web ser¨ªa cerrada, sin decisi¨®n judicial previa. El ¨®rgano asesor criticaba que el Gobierno utilizara este sistema de notificaci¨®n "casi indiscriminado", en lugar de fomentar un c¨®digo de conducta, y que no hubiera consultado antes a las asociaciones afectadas.

Fuentes del Ministerio aseguraron ayer que se ha enviado este texto al CATSI no porque se quiera aprobar como tal, sino para realizar una reflexi¨®n a partir de ¨¦l. Ayer, precisamente, el ministro de Industria, Turismo y Comercio, Joan Clos, "garantiz¨®" en el Senado que el texto de la LISI no incluir¨¢ el art¨ªculo 17 bis y que quedar¨¢ "como estaba previsto inicialmente", informa Europa Press.

El art¨ªculo levant¨® tal pol¨¦mica en Internet -la AI ha calificado el proceso de "parajudicial"- que el Gobierno se avino a retirarlo, y la LISI fue finalmente aprobada el viernes sin ¨¦l. Sin embargo, y ante la cr¨ªtica, a su vez, de las entidades gestoras de derechos, el ministerio asegur¨® que abrir¨ªa un proceso de consulta a todos los afectados sobre c¨®mo mejorar el respeto a los derechos de autor en la Red.

No ha tardado una semana en hacerlo. Ayer, los miembros del CATSI recib¨ªan la documentaci¨®n para preparar la reuni¨®n que mantendr¨¢n el pr¨®ximo 26 de abril. En el tercer punto del orden del d¨ªa, aparece un documento titulado "Anteproyecto de ley sobre procedimiento de notificaci¨®n de presuntas infracciones de derechos de propiedad intelectual a trav¨¦s de los prestadores de acceso a Internet".

El anteproyecto es, en esencia, el art¨ªculo 17 bis. Y va m¨¢s all¨¢. Adem¨¢s de permitir que las entidades insten al cierre de web, les da licencia para que hagan lo propio con los "infractores" que usen sistemas P2P de intercambio de archivos, como Emule o Bittorrent. En la notificaci¨®n se incluir¨¢ la direcci¨®n IP [el identificador ¨²nico de un ordenador conectado a Internet], que es un dato de car¨¢cter personal protegido por la ley espa?ola. El cliente tiene cinco d¨ªas para responder, y no se aclara si con este sistema se podr¨ªa denunciar no s¨®lo a las web que contienen enlaces a material protegido sino a los usuarios particulares que hacen uso de esas redes.