El Senado cuestiona al fiscal general por actuar como instrumento pol¨ªtico de Bush

En una dram¨¢tica sesi¨®n de interrogatorio ante el Senado, que registr¨® sus numerosas contradicciones y vac¨ªos de memoria, el fiscal general de Estados Unidos, Alberto Gonzales, qued¨® retratado como un administrador incompetente y sectario que ha puesto su lealtad a George W. Bush por encima del inter¨¦s nacional y de las obligaciones de la justicia. Unos con duras palabras, otros con expresiones m¨¢s corteses, la mayor¨ªa de los senadores que intervinieron destacaron la incapacidad de Gonzales para continuar en el cargo y le se?alaron amablemente la puerta de salida.

El fiscal general (ministro de Justicia) inici¨® con cierto aspecto de serenidad la sesi¨®n en la que deb¨ªa explicar el sospechoso despido de ocho fiscales federales. "Aunque admito que alguna gente razonable puede estar en desacuerdo, mi decisi¨®n de pedir las renuncias de esos fiscales est¨¢ justificada y era necesaria", declar¨® ante los miembros del Comit¨¦ de Asuntos Judiciales del Senado.

Reconoci¨® algunos errores de comunicaci¨®n y lament¨® no haber explicado mejor a los propios afectados, al Congreso y a la opini¨®n p¨²blica las razones de esa decisi¨®n, pero asegur¨® que no hay nada extra?o en ella y que la tom¨® ¨¦l, a propuesta de sus consejeros, y sin ninguna motivaci¨®n pol¨ªtica.

A partir de ah¨ª, Gonzales fue incapaz de despejar las sospechas de los senadores, que le presentaron numerosas indicaciones -si bien es verdad que no pruebas contundentes- de que el fiscal no estaba diciendo la verdad y que los ocho fiscales fueron despedidos dentro de una limpieza pol¨ªtica dirigida, en realidad, desde la Casa Blanca por el principal asesor presidencial, Karl Rove.

Gonzales no recordaba la reuni¨®n celebrada el 27 de noviembre -revelada en su testimonio anterior ante este mismo comit¨¦ por el entonces jefe de Gabinete de Gonzales, Kyle Sampson- en la que se evalu¨® pol¨ªticamente a los fiscales que despu¨¦s ser¨ªan despedidos. No record¨® tampoco cu¨¢ndo tom¨® la decisi¨®n de pedirles la renuncia. No recordaba haber ordenado a Sampson -como tambi¨¦n confes¨® ¨¦ste- que elaborara un informe sobre los fiscales ni que en ese informe hubiera sido mediocremente valorado Patrick Fitzgerald, el fiscal que investig¨® el caso de la esp¨ªa Valerie Plame y que est¨¢ casi un¨¢nimemente reconocido como el mejor fiscal del pa¨ªs. M¨¢s grave a¨²n, no recordaba haber hablado con Rove sobre Fitzgerald.

S¨ª admiti¨®, sin embargo, que Rove le habl¨® en alguna ocasi¨®n de los casos de supuesto fraude electoral en Nuevo M¨¦xico, donde era fiscal David Iglesias. Esa conversaci¨®n hab¨ªa ocurrido el 11 de octubre. El nombre de Iglesias fue incluido en la lista de despedidos, seg¨²n Gonzales, entre el 17 de octubre y el 15 de noviembre. Iglesias cont¨® ante este comit¨¦ del Senado que, antes de su destituci¨®n, hab¨ªa recibido presiones de varios pol¨ªticos republicanos para que actuara contra dirigentes dem¨®cratas que podr¨ªan haber estado implicados en el caso de fraude en el que estaba interesado Rove.

La intervenci¨®n de Rove en este esc¨¢ndalo multiplica notablemente su potencial destructivo para esta Administraci¨®n. El comit¨¦ del Senado ha recibido de la Casa Blanca miles de correos electr¨®nicos y otros documentos sobre la actuaci¨®n de Rove en el asunto. Pero, en las ¨²ltimas semanas, se ha sospechado que el asesor de Bush podr¨ªa haber tratado el tema desde otra cuenta de correo electr¨®nico que tiene en el Partido Republicano. Esos correos, tambi¨¦n reclamados por el Senado, han desaparecido misteriosamente. En ese punto, la investigaci¨®n por el despido de los fiscales puede apuntar directamente a Bush. Pero, de momento, la presencia de Gonzales en ese duro banquillo del comit¨¦ es un momento dif¨ªcil para el presidente norteamericano.

Asesor en Tejas

Bush y Gonzales son amigos personales desde hace a?os. Gonzales, de hecho, ha sido casi el abogado personal de Bush durante mucho tiempo. Fue su fiscal general en Tejas, un aut¨¦ntico consultor en materia legal durante aquellos a?os como gobernador. Y asumi¨® pr¨¢cticamente el mismo papel cuando Bush se mud¨® a la Casa Blanca. Gonzales fue el hombre que dise?¨® el marco legal para la lucha contra el terrorismo, el que elabor¨® la teor¨ªa de los combatientes extranjeros para dar cobertura legal a la prisi¨®n de Guant¨¢namo y los juicios militares.

Los senadores sospechan que Gonzales sigue cumpliendo el mismo papel -el papel de abogado personal de Bush- en este asunto de los fiscales. No es que el presidente no pueda despedir a los fiscales federales, que puede. De hecho, desde Jimmy Carter hasta hoy, cada presidente renov¨® por completo la plantilla de 93 fiscales generales al llegar a la Casa Blanca. El problema radica en el proceso de toma de decisi¨®n y en las razones por las que se produce la sustituci¨®n. Es normal que una nueva Administraci¨®n busque un equipo de fiscales mejor identificados con su pol¨ªtica judicial. Pero representa un serio delito obligar despu¨¦s a esos fiscales a actuar de acuerdo con prioridades pol¨ªticas o amenazar o cuestionar su independencia.

?se es el flanco al que apuntaron ayer las preguntas de los senadores. "Me parece que las razones para estas destituciones tienen m¨¢s que ver con la pol¨ªtica que con c¨®mo han hecho su trabajo estas personas", le dijo el presidente del comit¨¦, el dem¨®crata Patrick Leahy.

A la mayor¨ªa de esas preguntas, Gonzales contest¨® con un "no recuerdo", lo que, en gran medida, puede significar una forma de martirio para salvar a su amigo Bush. Como le dijeron incluso algunos senadores republicanos -como Tom Coburn: "La mejor manera de salir de esto es su dimisi¨®n"-, al no defender su posici¨®n con acierto, Gonzales est¨¢ pidiendo tambi¨¦n la renuncia, si no por sectarismo pol¨ªtico, por incompetencia.