La pol¨¦mica por la ley de Dependencia

La ley de Dependencia motiv¨® ayer un cruce de declaraciones y cr¨ªticas entre el Gobierno central y las administraciones vascas. El consejero de Asuntos Sociales, Javier Madrazo, y la diputada para la Pol¨ªtica Social de Guip¨²zcoa, Esther Larra?aga, coincidieron en se?alar que el Ejecutivo socialista est¨¢ vendiendo "mucho humo", porque consideran que est¨¢ hablando de una serie de prestaciones econ¨®micas sin que todav¨ªa se hayan aprobado los decretos para su desarrollo. A su vez, la secretaria de Estado de Servicios Sociales, Familia y Discapacidad, Amparo Valc¨¢rcel, inst¨® al Gobierno auton¨®mico y a las diputaciones a ponerse a trabajar precisamente en el desarrollo de la ley, estableciendo el nivel de dependencia de los ciudadanos.

El Consejo de Ministros aprob¨® ayer el baremo estatal por el que ser¨¢n evaluados los ciudadanos para determinar su grado y nivel de dependencia. En los pr¨®ximos d¨ªas, en cuanto se publique en el Bolet¨ªn Oficial del Estado el Real Decreto donde se explican los detalles de ese baremo, las personas dependientes tendr¨¢n derecho a ser evaluadas. Las valoraciones podr¨ªan empezar este mismo lunes. En cualquier caso, la aplicaci¨®n de la Ley de Dependencia se realizar¨¢ de forma escalonada hasta 2015, de manera que este a?o ser¨¢n beneficiarios s¨®lo aquellos ciudadanos con gran dependencia.

"Razones electoralistas"

En este sentido, Madrazo apunt¨® que el Gobierno central ha actuado de manera "irresponsable" y "con excesivas prisas" por "razones electoralistas". Y es que, aunque en los pr¨®ximos d¨ªas se empiecen a hacer las valoraciones, todav¨ªa quedan por aprobar los decretos donde se concretar¨¢n los servicios que pueden demandarse y las prestaciones econ¨®micas a los cuidadores. Es decir, que aunque a una persona se le haga la valoraci¨®n, a¨²n no se podr¨¢ beneficiar de las nuevas ayudas. Eso s¨ª, nunca quedar¨¢n desatendida, porque las instituciones vascas seguir¨¢n prestando, como hasta ahora, una atenci¨®n "adecuada".

Tanto Madrazo como Larra?aga explicaron que el Ejecutivo central prev¨¦ aportar un m¨¢ximo de 250 euros mensuales por cada gran dependiente que se atienda en una residencia o en un centro de d¨ªa o reciba ayuda a domicilio. A su juicio, ese dinero, que ir¨ªa a parar a las diputaciones, es insuficiente, pues apenas cubre el 10% del coste real que supone atender a un gran dependiente.