Los pr¨¦stamos de hielo

LA REFORMA de la ley org¨¢nica de 1987 sobre financiaci¨®n de los partidos pol¨ªticos fue aprobada el pasado mi¨¦rcoles por la Comisi¨®n Constitucional del Congreso con el respaldo de todos los grupos parlamentarios excepto el PP; fijada para el 10 de mayo la votaci¨®n del Pleno de la C¨¢mara Baja, todo hace suponer que -salvo una precipitada disoluci¨®n de las Cortes- la nueva ley org¨¢nica entrar¨¢ en vigor en esta legislatura, dando as¨ª cumplimiento al compromiso adquirido por el presidente del Gobierno. En cualquier caso, no dejan de tener fundamento los recelos de los ciudadanos sobre las motivaciones de la clase pol¨ªtica para demorar tanto tiempo la reforma (encallada en 1997 despu¨¦s de pasar el tr¨¢mite de la ponencia) de una normativa cuyos defectos le ha permitido a lo largo de 20 a?os blanquear sin riesgos penales subvenciones en dinero negro. Porque los partidos son juez y parte en ese pleito: la legislaci¨®n sobre el cuantioso importe de la financiaci¨®n presupuestaria y las restricciones a las donaciones privadas es tarea de sus grupos parlamentarios.

La enmienda del PP para prohibir la condonaci¨®n de los cr¨¦ditos concedidos por los bancos y las cajas toca un nervio sensible de la abusiva estrategia adoptada por los partidos en este terreno

La nueva ley traza las fronteras de la financiaci¨®n legal de los partidos; la aplicaci¨®n de sanciones por traspasar esas lindes corresponde al Tribunal de Cuentas, que no es un ¨®rgano judicial -pese a su despistante nombre-, sino administrativo. Pero la recuperaci¨®n de la plena confianza de los ciudadanos en los partidos exigir¨ªa adem¨¢s una reforma del C¨®digo Penal que tipificara criminalmente y castigara con dureza las pr¨¢cticas de financiaci¨®n ilegal espec¨ªficamente delictiva en que han venido incurriendo con descaro las formaciones pol¨ªticas con parcelas de poder en los ¨¢mbitos municipal, auton¨®mico o estatal. Mientras los partidos no se apliquen a s¨ª mismos -a sus dirigentes y cargos p¨²blicos- las mismas normas penales que rigen para el resto de los ciudadanos, la demagogia irresponsable contra la partitocracia seguir¨¢ aliment¨¢ndose de los esc¨¢ndalos asociados a las comisiones ilegales cobradas por las fuerzas pol¨ªticas a cambio de recalificaciones urban¨ªsticas, concesiones de obras y servicios, licencias municipales o contratas de obras p¨²blicas.

La reforma respeta la doble v¨ªa, p¨²blica y privada, para la financiaci¨®n de los partidos. El dinero p¨²blico contin¨²a subvencionando los gastos anuales de funcionamiento de las formaciones representadas en el Congreso, las medidas de seguridad frente a la amenaza terrorista, las campa?as electorales, los grupos parlamentarios y las fundaciones. La principal novedad de la norma modificada es su prop¨®sito de garantizar la total transparencia de la financiaci¨®n privada: no en vano la fiscalizaci¨®n realizada por el Tribunal de Cuentas detect¨® casi nueve millones de euros de donaciones opacas (en un 93% favorables al PP, CiU y PNV) en el ejercicio de 2003. A partir de ahora, las aportaciones de las personas f¨ªsicas o jur¨ªdicas no podr¨¢n ser an¨®nimas ni exceder de los 100.000 euros anuales (y de los 150.000 euros para las fundaciones) por donante individual.

El PP se descolg¨® del acuerdo general de la ponencia y present¨® en la comisi¨®n varias enmiendas al texto. La oposici¨®n de los populares al aumento de la subvenci¨®n presupuestaria anual para los gastos de funcionamiento de los partidos suena demag¨®gica. La inferencia galopante seg¨²n la cual el procedimiento para suspender las subvenciones a los partidos en curso de ilegalizaci¨®n significar¨ªa abrir las puertas a la financiaci¨®n de Batasuna carece de fundamento l¨®gico. La propuesta de mencionar a las constructoras y promotoras dentro del apartado que proh¨ªbe las donaciones de las empresas relacionadas contractualmente con la Administraci¨®n parece superflua. Pero la enmienda del PP -sean cuales sean sus motivaciones ¨²ltimas- para endurecer las condiciones de negociaci¨®n de las deudas con bancos y cajas y para prohibir las condonaciones de cr¨¦ditos toca un nervio sensible de la abusiva estrategia adoptada hist¨®ricamente por los partidos (tambi¨¦n los populares de Fraga y Aznar) en este terreno: la recepci¨®n de donaciones encubiertas como cr¨¦ditos que no se pagan nunca y que terminan por evaporarse financieramente como barras de hielo expuestas al sol.