Padres, sindicatos y oposici¨®n exigen el cambio del decreto de admisi¨®n de alumnos

El desarrollo auton¨®mico de la Ley Org¨¢nica de Educaci¨®n (LOE) del Gobierno socialista, que formalmente tiene que empezar a aplicarse en septiembre, ha encontrado ya su primer escollo entre las comunidades que gestiona el PP que se opone frontalmente a la nueva ley. La primera norma legal de la LOE aprobada por la Generalitat -que afecta al procedimiento de matriculaci¨®n y admisi¨®n de los m¨¢s de 700.000 alumnos escolarizados en los 1.400 centros p¨²blicos y privado-concertados del sistema educativo valenciano- ha provocado el rechazo en bloque de la Confederaci¨®n de Ampas Gonzalo Anaya, de los sindicatos mayoritarios del sector educativo como son el STEPV, CC OO y UGT, as¨ª como de la Federaci¨® Escola Valenciana y de los cuatro partidos de oposici¨®n de izquierdas (EU, Esquerra Republicana, el Bloc y el PSPV-PSOE).

En un Manifiesto por el Cambio del Decreto de Admisi¨®n de Alumnos firmado ayer conjuntamente, los agentes sociales reclaman al Gobierno auton¨®mico del popular Francisco Camps la "modificaci¨®n" de varios art¨ªculos de decreto valenciano que, en su opini¨®n, son la piedra angular para evitar el desmantelamiento de la red p¨²blica mediante el "desv¨ªo" de matr¨ªcula en la mayor¨ªa de distritos educativos o "¨¢reas de influencia" hacia las grandes patronales privadas del sector, cuya mayor¨ªa de colegios est¨¢n subvencionados con dinero p¨²blico.

"El art¨ªculo 87.4 de la LOE ordena que los centros p¨²blicos y concertados est¨¢n obligados a escolarizar a sus alumnos hasta el final del tramo obligatorio", concreta el Manifiesto. Dado que en la red p¨²blica la ense?anza Primaria y la Secundaria se imparten en centros diferentes, incluso a veces esto afecta al nivel de Infantil y de Bachillerato, la LOE considera que una vez matriculado en un colegio un alumno est¨¢ "autom¨¢ticamente adscrito a su centro de destino", adem¨¢s de que tener hermanos en uno de los dos centros deber¨ªa de computar a favor. Sin embargo, el decreto valenciano "desconoce el mandato legal de la LOE", sostiene el Manifiesto, y s¨®lo lo mantiene para la red concertada que tiene todos los niveles, normalmente en el mismo edificio.