Las diputaciones inician hoy el servicio para valorar a las personas dependientes
?lava y Vizcaya critican que a¨²n se desconozcan las prestaciones y ayudas econ¨®micas
Los ciudadanos con discapacidades podr¨¢n empezar hoy a pedir el reconocimiento de su situaci¨®n, en aplicaci¨®n de la Ley de Dependencia. Primero ser¨¢n los alaveses, tras el decreto aprobado ayer por la Diputaci¨®n, mientras que en Vizcaya se espera que sea a partir del viernes. Las diputaciones han acordado un procedimiento similar, en el que se define el grado de dependencia, pero criticaron que a¨²n se desconozcan los servicios y prestaciones econ¨®micas "S¨®lo podemos valorar, no tenemos nada m¨¢s", se quej¨® el diputado foral vizca¨ªno Juan Mar¨ªa Aburto.
La Ley de Dependencia promulgada a principios de este a?o por el Gobierno central cumpli¨® otro paso el pasado viernes, cuando el Consejo de Ministros aprob¨® un decreto para la valoraci¨®n de la dependencia, que est¨¢ en vigor desde el lunes. La normativa se?ala que en 2007 s¨®lo se beneficiar¨¢n los "grandes dependientes", que en Euskadi superan los 10.000. Las diputaciones de Vizcaya y ?lava, que ayer aprobaron sendos decretos para regular la valoraci¨®n de la dependencia, los cifraron ayer en 5.700 y 2.764, personas respectivamente.
El procedimiento es similar en ambos casos. Los solicitantes deben realizar su petici¨®n con un informe m¨¦dico, que ser¨¢ estudiado por los servicios sociales de base. Posteriormente, los departamentos de Acci¨®n Social deber¨¢n definir el grado y el nivel de dependencia. Tanto la Diputaci¨®n de Vizcaya como la de ?lava coincidieron en que la iniciativa nace con muchas carencias, ya que no define los servicios que se prestar¨¢n, el reparto de la financiaci¨®n entre la administraci¨®n y los usuarios (el llamado copago) o la acreditaci¨®n de los centros de atenci¨®n.
Cr¨ªticas forales
"Empieza de manera coja", asegur¨® la diputada alavesa de Bienestar Social Ainhoa Domaica. "Es precipitado llamar a los ciudadanos a exigir prestaciones que a d¨ªa de hoy no existen", indic¨® a su vez el titular vizca¨ªno de Acci¨®n Social Juan Mar¨ªa Aburto. A su juicio, el decreto aprobado el vienes por el Consejo de Ministros es un instrumento "imprescindible pero no suficiente". "No hay servicios que ofrecer a la ciudadan¨ªa, y esto es as¨ª porque no se han aprobado el resto de instrumentos necesarios para que el sistema entre en funcionamiento de verdad".
Aburto record¨® que el pasado jueves las comunidades aut¨®nomas reclamaron mayoritariamente al Gobierno central que la aprobaci¨®n del baremo de valoraci¨®n se demorase hasta que los servicios puedan prestarse de "manera efectiva".
En los decretos aprobados por las diputaciones se incluyen modelos para elaborar las solicitudes, pero el responsable foral vizca¨ªno hizo una llamada a la "tranquilidad" de los ciudadanos para evitar situaciones de colapso. El diputado admiti¨® que ahora ya se est¨¢n recibieron llamadas en los ayuntamientos por parte de afectados.
El diputado vizca¨ªno critic¨® que el decreto aprobado por el Gobierno central haya generado "expectativas de prestaciones econ¨®micas" a familiares que atienden a dependientes. "Es desmedido porque ahora [la ley] s¨®lo afectar¨¢ a los grandes dependientes". Apunt¨® que ¨²nicamente en Vizcaya existen 823 personas atendidas en centros de la Diputaci¨®n que no se beneficiar¨ªan de la ley de Dependencia, "ni hoy ni en 2015".
La diputada alavesa Ainhoa Domaica asever¨® que todav¨ªa es "un secreto" la financiaci¨®n para la prestaci¨®n de servicios y dijo que las cifras que maneja el Gobierno "son insuficientes", sobre todo para ?lava, donde la inversi¨®n en los servicios sociales existentes "superan en mucho los c¨¢lculos que maneja el Ministerio". A pesar de que reconoci¨® que la ley "no es un retroceso", la diputada consider¨® que a la normativa le faltan los decretos necesarios para articular el sistema y record¨® que ha sido elaborada sin el consenso de las administraciones competentes en la materia.
Juan Mar¨ªa Aburto reproch¨® al Ejecutivo central que, con el decreto aprobado la pasada semana, quiera "aparecer como el garante de un derecho que luego no financia". Sobre las ayudas anunciadas, manifest¨® que "los 250 euros" mensuales para los dependientes ya calificados son una cantidad "rid¨ªcula", frente a los costes actuales de 2.000 euros en una plaza residencial en Vizcaya, que para los discapacitados alcanza los 4.000 euros mensuales. Agreg¨® que las m¨¢s de 26.000 personas atendidas el pasado a?o seguir¨¢n recibiendo los servicios con independencia de que no est¨¦n incluidos en la nueva ley de Dependencia.
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