Otro triunfo de la televisi¨®n sobre el cine

La obligaci¨®n de las televisiones de invertir el 5% de sus ingresos anuales en cine se tambalea. Ayer, se dio un nuevo paso en contra de lo que las cadenas de televisi¨®n consideran una "imposici¨®n arbitraria". El Tribunal Supremo decidi¨® elevar a consultas ante el Tribunal Europeo de Justicia de la Uni¨®n Europea, con sede en Luxemburgo, la legalidad de esta norma que se aplica en Espa?a desde 1999. Pregunta al tribunal de la UE si la legislaci¨®n europea permite efectivamente a sus Estados miembros "imponer a los operadores de televisi¨®n la obligaci¨®n de destinar un porcentaje de sus ingresos de explotaci¨®n para la financiaci¨®n anticipada de pel¨ªculas cinematogr¨¢ficas y para televisiones europeas".

Ese 5% ha sido el caballo de batalla de las cadenas de televisi¨®n, agudizado este a?o tras el plan del Ministerio de Cultura de incrementar a un 6% ese pol¨¦mico porcentaje en el anteproyecto de la nueva ley del cine. Esto ha provocado un duro enfrentamiento de las cadenas no s¨®lo con el Gobierno, sino tambi¨¦n con los productores, principales beneficiarios de esta reforma legislativa dise?ada por la ministra Carmen Calvo. La oleada de protestas ha situado de momento en v¨ªa muerta este anteproyecto. No obstante, las partes implicadas, productores, televisiones y Administraci¨®n, mantienen contactos fluidos para intentar aproximar posturas. La semana pasada, representantes de los operadores mantuvieron una reuni¨®n con la vicepresidenta primera, Mar¨ªa Teresa Fern¨¢ndez de la Vega, que ha tomado las riendas de la negociaci¨®n en torno a esta pol¨¦mica ley.

Desde que se impuso la obligaci¨®n del 5% durante el Gobierno de Jos¨¦ Mar¨ªa Aznar, las televisiones han cumplido a rega?adientes con la ley, pero siempre convencidas de la ilegalidad de la medida. Los operadores han argumentado en todo este tiempo que es contrario a la ley que un sector privado, como es la televisi¨®n, se vea obligado a invertir en otro sector privado, como es la industria cinematogr¨¢fica. Por todo ello, Uteca (Uni¨®n de Televisiones Comerciales Asociadas) y Tele 5 presentaron en 2004 un recurso ante el Supremo.

Seg¨²n el auto comunicado ayer a las partes, adem¨¢s de consultar sobre la legalidad de la obligaci¨®n del 5%, el Supremo plantea a Luxemburgo si existe discriminaci¨®n entre los distintos Estados "por raz¨®n de nacionalidad". Seg¨²n la normativa vigente, de ese 5% se obliga a destinar a pel¨ªculas espa?olas el 60%. Esto equivale a que el 3% de los ingresos de las televisiones van a parar a obras en lengua originaria espa?ola y el 2% restante a obras cinematogr¨¢ficas europeas.

Igualmente el Alto Tribunal tiene dudas acerca de si la reserva de ese 60% constituye o no una ayuda encubierta del Estado a favor de un determinado sector econ¨®mico nacional (en este caso el de los productores de obras cinematogr¨¢ficas).

Las televisiones recibieron ayer con enorme satisfacci¨®n este auto del Supremo. Alejandro Echevarr¨ªa, presidente de Tele 5 y de Uteca, se mostr¨® euf¨®rico. En conversaci¨®n telef¨®nica con este diario, asegur¨® que la decisi¨®n del Supremo supon¨ªa "un paso muy positivo, aunque no definitivo". "Siempre hemos defendido que la ley del 5% es una imposici¨®n arbitraria que no se ajusta a la directiva comunitaria. Este nuevo auto nos viene a dar la raz¨®n a las televisiones y significa que podemos aspirar a que ese 5% sea declarado inconstitucional, ya que no es de recibo que un sector privado se vea obligado a financiar a otro sector privado", asegur¨® Echevarr¨ªa, que defendi¨®, sin embargo, el apoyo decidido de las cadenas al cine espa?ol, pero no "como imposici¨®n". Los operadores consideran que el auto del Supremo refuerza su posici¨®n tambi¨¦n respecto al anteproyecto de ley. "No podemos aceptar ning¨²n coeficiente de inversi¨®n obligatoria, ni del 4% ni del 0,25%", se?al¨® Jorge del Corral, secretario general de Uteca.

Seg¨²n fuentes judiciales, no es infrecuente que el Supremo presente cuestiones prejudiciales a Luxemburgo sobre asuntos que requieren una interpretaci¨®n del tratado comunitario. Por t¨¦rmino medio, el Tribunal europeo tarda alrededor de a?o y medio en resolver este tipo de consultas.