Disparate hasta el final

En dos ocasiones en esta semana se ha transmitido informaci¨®n sobre la pr¨®xima impugnaci¨®n ante el Tribunal Constitucional por el Gobierno de la Junta de Extremadura del Estatuto de Andaluc¨ªa. En primer lugar, se nos inform¨® el lunes de que el Consejo Consultivo de la comunidad extreme?a hab¨ªa avalado la idea del presidente Juan Carlos Rodr¨ªguez Ibarra de interponer un recurso de inconstitucionalidad contra el Estatuto y el jueves los medios de comunicaci¨®n se hicieron eco de la reiteraci¨®n de la voluntad de recurrir por parte del presidente extreme?o, que a?ad¨ªa que pensaba "llegar hasta el final", sin que se entendiera muy bien qu¨¦ es lo que ese hasta el final significaba.

Tengo la impresi¨®n de que no se ha entendido muy bien qu¨¦ es lo que significa esta decisi¨®n del Gobierno de Extremadura. Y no se ha entendido porque est¨¢ siendo presentada como una suerte de conflicto entre Extremadura y Andaluc¨ªa. Aparece en los peri¨®dicos en las p¨¢ginas regionales y el intercambio de puntos de vista se produce entre dirigentes extreme?os y andaluces, como si de un conflicto de competencias entre ambas comunidades se tratara.

Y no tiene nada que ver con esto. El recurso, si es que finalmente acaba interponi¨¦ndose y, si en el caso de que se interponga, no acaba siendo retirado por el ¨®rgano que lo interpone, se dirige contra una Ley Org¨¢nica del Estado y no contra una norma andaluza. Quien ha decidido que la competencia sobre el Guadalquivir figure en el Estatuto de Andaluc¨ªa en los t¨¦rminos que figura son las Cortes Generales y no el Parlamento o el Gobierno andaluces. Han sido todos los parlamentarios espa?oles, incluidos los parlamentarios elegidos en Extremadura, los que han decidido que el Estatuto de Andaluc¨ªa fuera aprobado en los t¨¦rminos en que lo ha sido. Y el tema del Guadalquivir no pas¨® desapercibido, sino que se debati¨® ampliamente durante la tramitaci¨®n parlamentaria de la reforma estatutaria. Los parlamentarios extreme?os de todos los colores tuvieron oportunidad de oponerse a la redacci¨®n de la competencia sobre el Guadalquivir y de haber intentado enmendarla y no hicieron nada.

No parece, en consecuencia, que sea muy coherente que, a toro pasado, se intente prolongar el debate ante el Tribunal Constitucional. Esto tambi¨¦n es judicializaci¨®n de la pol¨ªtica y politizaci¨®n de la justicia.

Pero es que, adem¨¢s, en este caso el Gobierno de Extremadura no se erige en defensor de los intereses de su comunidad aut¨®noma, sino en defensor de los intereses del Estado. El recurso no se opone a la competencia de la Junta de Andaluc¨ªa sobre el Guadalquivir porque considera que de esta manera se ven afectadas las competencias de la Junta de Extremadura, sino porque se ven afectadas las competencias del Estado, que es quien ¨²nicamente puede ejercerlas, ya que las aguas del Guadalquivir discurren por el territorio de m¨¢s de una comunidad aut¨®noma.

El presidente de la Junta de Extremadura est¨¢ siendo m¨¢s papista que el Papa y se est¨¢ erigiendo en defensor del Estado. En realidad m¨¢s que dirigir un reproche a la Junta de Andaluc¨ªa, a quien se dirige el reproche que la interposici¨®n del recurso supone es a las Cortes Generales en primer lugar y al Gobierno de la naci¨®n despu¨¦s, por no haber defendido la competencia del Estado y haber permitido la invasi¨®n de la misma por la comunidad aut¨®noma andaluza.

El dispararte no puede ser mayor. Aqu¨ª nadie sabe nada, excepto el presidente extreme?o, que parece dispuesto a darnos una lecci¨®n de interpretaci¨®n de la Constituci¨®n a todos. Afortunadamente es un presidente en funciones, que preside un Gobierno en funciones, que en poco tiempo habr¨¢ dejado de dirigir la comunidad aut¨®noma de Extremadura. Cabe esperar que las aguas vuelvan a su cauce y que la interposici¨®n del recurso acabe siendo una simple an¨¦cdota de la fase final del mandato de un presidente, que da la impresi¨®n de haberse sobrevivido pol¨ªticamente.