Sentados ante el juez por 'malvender' la funeraria

Hoy comienza un largo juicio contra tres concejales de la ¨¦poca de Jos¨¦ Mar¨ªa ?lvarez del Manzano, del PP. Est¨¢n acusados de la descapitalizaci¨®n y privatizaci¨®n, en 1992, de la entonces todopoderosa y monopolista Empresa Mixta de Servicios Funerarios de Madrid. Esta empresa era del Ayuntamiento y fue malvendida por 0,6 euros, cuando, seg¨²n las acusaciones, al menos val¨ªa seis millones de euros.

En el banquillo se sientan nueve acusados, los tres ediles del PP y varios empresarios, que se enfrentan a un total de 82 a?os de c¨¢rcel por graves delitos de tr¨¢fico de influencias, malversaci¨®n de caudales p¨²blicos, falsedad, prevaricaci¨®n y maquinaci¨®n para alterar el precio de las cosas. Para el juicio del caso Funeraria, hay citados casi 60 testigos, y durar¨¢ 52 d¨ªas a lo largo de los pr¨®ximos cinco meses, hasta octubre.

Los hechos que se juzgan, ocurridos hace 15 a?os, se centran en determinar si los tres ex ediles, en connivencia con un ex abogado del Ayuntamiento, Jos¨¦ Rodrigo, dejaron que la principal funeraria de Madrid se fuera econ¨®micamente al traste para as¨ª poder privatizarla y adjudicarla, seg¨²n el fiscal, a una empresa "de confianza", Funespa?a. El PSOE, a trav¨¦s de la entonces concejal y hoy ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, llev¨® el asunto a los tribunales.

La fiscal¨ªa de Madrid no se anda con pa?os calientes respecto a la actitud de los tres ediles en la privatizaci¨®n de la Empresa Mixta de Servicios Funerarios de Madrid, decisi¨®n que se adopt¨® el 22 de diciembre de 1992, hace ya casi 15 a?os. Entonces, todos los enterramientos de Madrid pasaban obligatoriamente por esta empresa. Era un monopolio en manos del Consistorio madrile?o y casi nadie entend¨ªa c¨®mo pod¨ªa ser deficitario.

El fiscal lo explica ahora: los ex concejales Sim¨®n Vi?als (a la saz¨®n concejal de Sanidad), Antonio Moreno (de R¨¦gimen Interior y Personal) y Luis Mar¨ªa Huete (primer teniente de alcalde y hoy diputado de la Asamblea de Madrid) "concibieron la idea" de poner la funeraria municipal de Madrid en manos de "una empresa privada que fuera de su particular agrado y confianza". Y sin importarles el perjuicio que ello ocasionara a las arcas del Ayuntamiento, seg¨²n el fiscal, propiciaron que el 49% de las acciones de la funeraria fueran adjudicadas a Funespa?a, propiedad del empresario Valdivia Gamero. La excusa era que la funeraria perd¨ªa mucho dinero.

Si econ¨®micamente iba mal, era porque no se preocuparon de ella, seg¨²n las acusaciones. El fiscal habla incluso de una omisi¨®n "deliberada" en la gesti¨®n. Las acusaciones apuntalan esta afirmaci¨®n con el hecho de que, tras su privatizaci¨®n, la empresa empez¨® a ganar dinero a raudales.

La fiscal¨ªa de Madrid, en su escrito provisional, pide seis a?os de c¨¢rcel para los tres ediles y una decena de a?os de inhabilitaci¨®n para ejercer un cargo p¨²blico.

En el banquillo tambi¨¦n se va a sentar Jos¨¦ Rodrigo, ex abogado del Ayuntamiento de Madrid y quien supuestamente fragu¨® con Funespa?a la adquisici¨®n de ese suculento y superm¨®dico paquete de acciones. A la postre, tras la compra, Rodrigo acapar¨® a t¨ªtulo particular buena parte de las acciones de Funespa?a. Se enfrenta a una petici¨®n del fiscal de 19 a?os de c¨¢rcel y otros 22 de inhabilitaci¨®n para desempe?ar un cargo p¨²blico.

Seg¨²n el fiscal, Rodrigo supo que el Ayuntamiento quer¨ªa privatizar ese servicio y que contaba con el apoyo de los ediles antes citados. Rodrigo pact¨® con Valdivia Gamero, entonces due?o de Funespa?a, que ¨¦l propiciar¨ªa la adjudicaci¨®n de la funeraria a Funespa?a, entonces una empresa dedicada s¨®lo a gestionar por tel¨¦fono servicios funerarios. El pacto era que Valdivia pondr¨ªa supuestamente el dinero necesario para reflotar la funeraria ya privatizada y, a cambio, Rodrigo, se hac¨ªa con parte del control de Funespa?a.

El entonces gerente de la Empresa Mixta de Servicios Funerarios, seg¨²n el fiscal, tambi¨¦n "desatendi¨®" sus obligaciones como gestor de la empresa. Una desatenci¨®n que tend¨ªa a suscitar ante el Ayuntamiento un debate sobre la situaci¨®n econ¨®mica de la empresa. Como era municipal, si hab¨ªa d¨¦ficit ya se encargar¨ªa el Ayuntamiento de cubrir el desfase econ¨®mico negativo.

Pero es que Huete y Vi?als tampoco hicieron nada a favor de la empresa, en lo que cabe considerar una omisi¨®n "deliberada", sostiene el fiscal. As¨ª, de una manera "caprichosa y parcial" Moreno firm¨® el decreto que conced¨ªa el 49% de la empresa a Funespa?a.

Javier Yag¨¹e, abogado de Antonio Moreno, tiene claro que su defendido es inocente de los delitos de prevaricaci¨®n, tr¨¢fico de influencias y malversaci¨®n que se le imputan. Afirma que hay una sentencia del Tribunal Supremo que consider¨® ajustada a derecho la decisi¨®n del Ayuntamiento de privatizar la funeraria. "Con lo cual", apunta Yag¨¹e, "la mitad del juicio ya est¨¢ ganado". Asegura que la decisi¨®n de privatizar se adopt¨® en un pleno del Ayuntamiento y que su cliente "se limit¨® estrictamente" a encargar a sus t¨¦cnicos un pliego sobre las condiciones de privatizaci¨®n. "No fue algo arbitrario suyo, estaba obligado a ejecutar esa orden. Y todo se hizo con el aval de los propios t¨¦cnicos del Ayuntamiento", se?ala.

Yag¨¹e fue abogado del presidente del tribunal donde se va a celebrar el juicio, Juan Jos¨¦ L¨®pez Ortega, quien por este motivo se ha abstenido de intervenir.