Gobierno y comunidades acuerdan el reglamento de la Ley de Dependencia

El Gobierno dice que cada dependiente recibir¨¢ su prestaci¨®n y ayer se felicit¨® tras la aprobaci¨®n de la normativa estatal que lo har¨¢ posible. La aplicaci¨®n de la Ley de Dependencia para 2007 contar¨¢ con 1.014 euros por cada persona dependiente, aportados a partes iguales por el Gobierno y las comunidades aut¨®nomas. Las comunidades del PP creen que es insuficiente, y Navarra y Pa¨ªs Vasco no est¨¢n de acuerdo con los criterios de reparto de fondos.

Los grandes dependientes, las personas que necesitan ayudas de otra para desarrollar su vida cotidiana (comer, salir, tomar decisiones o lavarse) ser¨¢n los primeros, ya este a?o, que tendr¨¢n, por derecho, todas las prestaciones que necesiten: atenci¨®n a domicilio, una plaza en una residencia, etc¨¦tera. Luego empezar¨¢n a recibir las prestaciones las personas con menor nivel de dependencia, progresivamente hasta 2015. El dinero para pagar todo eso lo pondr¨¢n, a partes iguales, el Gobierno y las comunidades aut¨®nomas, y dependiendo de su renta, los propios beneficiarios.

Este a?o, el Estado garantiza un nivel m¨ªnimo de protecci¨®n de hasta 250 euros para cada gran dependiente, asegur¨® la secretaria de Estado de Asuntos Sociales, Amparo Valcarce. Cada comunidad pondr¨¢ una cantidad similar por cada usuario. Pero la pol¨¦mica ha llegado por otra partida de 220 millones de euros (unos 257 euros por persona) para este a?o, cuyo reparto, entre las comunidades, tiene que ver con el n¨²mero de dependientes, pero tambi¨¦n con la superficie del territorio, la insularidad o la dispersi¨®n de la poblaci¨®n. Esta partida (las comunidades tendr¨¢n que poner una cantidad igual) y los criterios para repartirla se aprob¨® ayer en el Consejo Territorial de la Dependencia, presidido por el Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Jes¨²s Caldera. Las seis comunidades del PP votaron en contra porque consideran que han sido "claramente perjudicadas", asegur¨® la consejera madrile?a, Beatriz Elorriaga.

Los c¨¢lculos de la Administraci¨®n valenciana son que el coste de alojamiento de un gran dependiente oscila entre los 1.500 y los 2.500 euros mensuales. "Pero el Estado s¨®lo garantizar¨¢ 250 y otros 257 euros los vincula a un fondo sin respaldo presupuestario. El resto lo tendremos que poner nosotros, pese al compromiso de repartir el coste al 50% entre las dos administraciones", asegur¨® la consejera de Bienestar Social de la Generalitat Valenciana, Alicia de Miguel, informa Jaime Prats.

Navarra y Pa¨ªs Vasco votaron en contra por razones distintas: piden que se adapten los criterios de reparto a sus peculiaridades; su r¨¦gimen de financiaci¨®n es distinto del resto de comunidades.

La Generalitat catalana tambi¨¦n hab¨ªa criticado ayer por la ma?ana los criterios de reparto de fondos. Sin embargo, la directora del Instituto Catal¨¢n de Servicios Sociales (ICASS) de la Generalitat, Carolina Homar, se declar¨® contenta tras la reuni¨®n del consejo porque el Gobierno, dijo, tendr¨¢ en cuenta en el reparto del a?o pr¨®ximo otros criterios como el nivel de vida en cada comunidad.

Por su parte, la secretaria de Estado Amparo Valcarce critic¨® los intentos del PP de "poner palos en las ruedas" durante la puesta en marcha de la ley. Insisti¨® adem¨¢s en la importancia de la reuni¨®n de ayer, que cerr¨® el desarrollo reglamentario b¨¢sico de la norma. Esto es, la concreci¨®n de los servicios a percibir (teleasistencia, ayuda a domicilio, residencia, etc¨¦tera) y la aprobaci¨®n definitiva de las ayudas econ¨®micas: hasta 780 euros mensuales si se contrata a un cuidador, y hasta 561 euros si quien cuida es un familiar del dependiente.