J¨®venes en busca de techo

Berta, de 32 a?os, trabaja desde hace dos meses en una f¨¢brica auxiliar del sector cer¨¢mico, donde est¨¢ contratada por una ETT. Cobra 900 euros mensuales y vive en un piso de segunda mano en Almassora, que puede pagar porque est¨¢ casada y son dos n¨®minas las que entran en casa. "A¨²n as¨ª, vamos con el agua al cuello", exclama. Su caso est¨¢ colgado en la web de la Plataforma por una vivienda digna.

Ram¨®n, de 28 a?os, es, sin embargo, un afortunado. En julio de 2006 le adjudicaron por sorteo una vivienda protegida de 90 metros, garaje y trastero en Torrent, pero en su caso el problema es de salario. Cobra 1.100 euros y en los dos primeros a?os debe hacer frente al pago de letras de 917 euros mensuales, a las que hace frente alargando su estancia en el domicilio familiar. "S¨¦ que tengo suerte, pero la verdad es que no hay ninguna facilidad", concluye.

Son s¨®lo dos casos de una larga lista de j¨®venes que por problemas de vivienda o de salario no pueden emanciparse. Y es que la VPO, en estos momentos la ¨²nica salida para emanciparse, ha registrado en la ¨²ltima d¨¦cada ca¨ªdas hist¨®ricas. El precio de los pisos se ha disparado hasta hacerla inaccesible a personas con movilidad laboral, con rentas bajas o irregulares.

Del derecho o del rev¨¦s. Da igual c¨®mo se miren los n¨²meros. En la ¨²ltima legislatura, la construcci¨®n de vivienda protegida en suelo valenciano apenas ha supuesto el 8% del total edificado, seg¨²n el Consejo Superior de Arquitectos de Espa?a. Si de 2003 a 2006 se visaron 304.000 nuevas viviendas, ¨²nicamente 23.000 se calificaron como protegidas. Nunca antes se hab¨ªa edificado en tanta cantidad.

El propio Instituto Valenciano de la Vivienda de la Generalitat, citando datos del Ministerio de Vivienda, estima en 30.365 los pisos de promoci¨®n p¨²blica terminados entre 2003 y 2006, frente a los cerca de 300.000 pisos de renta libre salidas al mercado. El PP se comprometi¨® en la campa?a electoral de hace cuatro a?os a 100.000 actuaciones de VPO, 65.000 de nueva construcci¨®n.

El diagn¨®stico de los colectivos profesionales, de j¨®venes, acad¨¦micos universitarios y partidos de la oposici¨®n va en parecida direcci¨®n. "Ha sido la legislatura de la pr¨¢ctica desaparici¨®n de los pisos protegidos, en la medida en que la vivienda libre se ha disparado", reconoce el decano de los arquitectos valencianos, Juan Castillo. "Los pisos protegidos deben ser un negocio. Quiz¨¢ un parque de VPO regulado por registro y un segundo mercado, donde el propietario pueda venderla por lo que le cost¨® m¨¢s unos intereses l¨®gicos y razonables, podr¨ªa ser una opci¨®n", apunta Castillo.

Seg¨²n David Incertis, portavoz de la Plataforma por una vivienda digna, de 10 a?os a esta parte, el mercado de la vivienda se ha complicado. "El salario medio de un joven ronda los 14.000 euros anuales [seg¨²n el Observatorio Joven de la Vivienda], mientras el precio medio de un piso de 90 metros en la capital ronda los 349.000 euros", deja caer. Para Incertis la bolsa de viviendas de alquiler no es una alternativa, pues la mayor¨ªa de la oferta es a partir de los 500 euros mensuales. Para Incertis, el problema de las ayudas p¨²blicas es que no sirven para enfriar el mercado: "Hace falta una ley integral y un pacto de todos los pol¨ªticos que d¨¦ soluciones", pide.

Los partidos de la oposici¨®n culpan al PP de este erial. En la ciudad de Valencia, la entonces candidata del PP a la alcald¨ªa, Rita Barber¨¢, prometi¨® en la campa?a electoral de 2003 unos 9.000 pisos protegidos. Este mandato se cierra con 1.305 licencias de obra otorgadas. En la actual campa?a electoral promete 18.000 VPO en la capital.

La legislatura ha dado para m¨¢s en materia de vivienda. En estos a?os ha trascendido la denuncia de varios propietarios de VPO afectados en Castell¨®n por un sobreprecio. Tambi¨¦n se han conocido sentencias donde los tribunales han condenado a algunos ayuntamientos, la mayor¨ªa del PP, por vender suelo al mejor postor del patrimonio municipal que deb¨ªa dedicarse a viviendas protegidas. Es el caso de los ayuntamientos de Valencia, Alicante, Calp o Gandia.

Los promotores inmobiliarios subrayan que edificar vivienda de protecci¨®n oficial no es rentable. Los consultores inmobiliarios, reunidos en Urbe Desarrollo, coincide en que el precio del suelo dificulta un desarrollo similar al de los a?os 90 de la VPO. El hecho de que "se venda todo", aunque sea m¨¢s despacio, "complica la reactivaci¨®n de este mercado".

El Grupo Crein ha demostrado que es posible. Este grupo valenciano presume de ser la primera empresa espa?ola que sac¨® al mercado un edificio de 20 viviendas protegidas de alquiler para j¨®venes sobre suelo privado. Hace pocos d¨ªas entreg¨® las llaves de otro edificio de 115 viviendas en Alfafar de las mismas caracter¨ªsticas en un acto al que se unieron la ministra de Vivienda Mar¨ªa Antonia Trujillo y el consejero auton¨®mico, Esteban Gonz¨¢lez Pons. "La promoci¨®n inmobiliaria ha de medirse tambi¨¦n en t¨¦rminos sociales", defiende el presidente de este grupo constructor, Juan Jos¨¦ Galiano. Son pisos de 70 metros cuadrados, garaje y trastero, que se alquilan por menos de 300 euros al mes durante 25 a?os.

Paula, de 32 a?os y Manolo, de 31, son una de las parejas que habitan la promoci¨®n que el Grupo Crein tiene en la avenida de Peris y Valero, de Valencia. "Llev¨¢bamos un a?o buscado piso y los precios no bajaban de los veintitantos o treintaytantos millones [de pesetas]. Nos sal¨ªan hipotecas supercaras para dos personas sin empleo fijo como nosotros", explica Paula, que dio con esta promoci¨®n gracias a un anuncio en el peri¨®dico. De vivir cada uno en casa de sus padres, pasaron, con la nueva casa, a casarse y tener un hijo. "Con la vivienda se nos solucion¨® la vida por completo", dice Paula.

Galiano est¨¢ convencido de que las cosas cambiar¨¢n "Se avecinan grandes transformaciones sociales y deberemos de ser creativos", agrega.