Juez y parte en la I+D+i
El autor critica duramente los procedimientos de la Direcci¨®n Xeral de Investigaci¨®n de la Xunta de Galicia a la hora de aprobar ayudas, programas, proyectos y contratos.
?C¨®mo es posible que una persona que dirige y participa activamente con su grupo de investigaci¨®n pueda ser a la vez director xeral de Investigaci¨®n, Desenvolvemento e Innovaci¨®n? ?C¨®mo uno puede ser juez y parte a la vez?
La Ley de Transparencia y Buenas Pr¨¢cticas en la Administraci¨®n P¨²blica Gallega fue la primera apuesta del actual Gobierno auton¨®mico. Se supone que esta norma garantizar¨ªa la transparencia de la gesti¨®n p¨²blica, a la vez que deber¨ªa permitir la difusi¨®n p¨²blica veraz sobre una actuaci¨®n, no ya de los poderes p¨²blicos en su conjunto, sino de un gestor en particular de la Administraci¨®n. En este sentido, la propia ordenanza explicita que cualquier ciudadano podr¨¢ solicitar o, mejor a¨²n obtener, todo tipo de informaci¨®n relativa a sus derechos e intereses leg¨ªtimos en cualquier procedimiento y/o actividad con el Gobierno gallego. Incluso dicta que las notificaciones y respuestas se han de facilitar por escrito, de forma clara y comprensible, garantiz¨¢ndose la suficiente difusi¨®n de las mismas sobre los derechos y recursos que, en su caso, sean pertinentes.
Cuando la justicia d¨¦ la raz¨®n a los demandantes, ?qui¨¦n cargar¨¢ con la responsabilidad ¨¦tica?
Por otro lado, es loable que se dedique un cap¨ªtulo en exclusiva a los miembros del Ejecutivo y los altos cargos de la Administraci¨®n, a los que se exhorta a prestar su servicio con imparcialidad, ¨¦tica y transparencia. Se incide, adem¨¢s, en que dichas personas respetar¨¢n el principio de imparcialidad, de modo que mantengan un criterio independiente y ajeno a todo inter¨¦s particular, o que no se implicar¨¢n en situaciones, actividades o intereses incompatibles con sus funciones y que se abstendr¨¢n de intervenir en los asuntos en que concurra alguna causa que pueda afectar a su objetividad.
A priori pues, la actividad cotidiana del actual director xeral de I+D+i incumple la normativa citada. Si nos tomamos la molestia de analizar las ¨²ltimas resoluciones de proyectos, ayudas, contratos de I+D+i (Parga Pondal...), se observar¨¢ que el personal adscrito al grupo de investigaci¨®n del mencionado director (Grupo BA2-Uvigo) ha salido beneficiado en todas aquellas actuaciones que ha solicitado y, en alg¨²n caso, por partida doble y, como consecuencia, aument¨® el n¨²mero de damnificados en el resto de grupos. Todo apunta a que, este a?o, se va a batir el triste r¨¦cord del n¨²mero de contenciosos administrativos presentados contra resoluciones de la Direcci¨®n Xeral, a pesar de la existencia de la mencionada Ley de Transparencia. As¨ª, a modo de ejemplo, varias personas que solicitaron y a las que no se les concedieron contratos del Programa Parga Pondal se les ha incluso denegado la posibilidad de revisar, en tiempo y forma, la documentaci¨®n completa de los dem¨¢s candidatos, vulnerando claramente la ley, mientras han visto como los aplicados disc¨ªpulos del mismo grupo del director xeral han logrado sus plazas sin problema alguno. ?D¨®nde est¨¢ la ¨¦tica? ?D¨®nde la imparcialidad? ?D¨®nde est¨¢ la transparencia?
Eso s¨ª, "de forma clara y comprensible", el secretario de la comisi¨®n, nombrado a dedo por el director xeral, les ha indicado su derecho a presentar el correspondiente recurso contencioso administrativo ?S¨®lo faltaba! Este tipo de procedimientos y sugerencias constituye el modus operandi del director xeral de I+D+i. Ya en el ambiente universitario en el que desarroll¨® su tarea como vicerrector de Investigaci¨®n era conocido por invitar al contencioso administrativo con frecuencia. Por ejemplo, cuando convoc¨® cinco plazas de catedr¨¢ticos de I+D y concedi¨® ocho, incumpliendo la norma de evaluaci¨®n previa de los candidatos por la Agencia Nacional de Evaluaci¨®n de la Calidad. Tras cuatro a?os de litigios, todos los implicados en ese proceso deben, por sentencia judicial, abandonar sus c¨¢tedras. Unos, en justicia, y otros, injustamente, por falta de honestidad y transparencia. ?Y ahora, qui¨¦n le pone el cascabel al gato?
Cuando en 3 o 4 a?os la lenta pero inflexible justicia d¨¦ la raz¨®n a los demandantes, ?qui¨¦n cargar¨¢ con la responsabilidad ¨¦tica?, ?c¨®mo se va compensar a los damnificados? Ser¨ªa deseable que, aplicando la Ley de Transparencia, el se?or conselleiro de Innovaci¨®n e Industria, que dijo y no hizo; o el propio se?or presidente de la Xunta tomase cartas en el asunto antes de que el da?o sea irreparable. Alea iacta est.
Pedro Pablo Gallego es decano de la Facultad de Biolog¨ªa de la Universidad de Vigo.
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