Los municipios exigen que este sea el ¨²ltimo mandato sin un sistema de financiaci¨®n claro
El actual no da poder de decisi¨®n a los ayuntamientos y crea desigualdades entre territorios
Todos los partidos se declaran municipalistas, sin embargo, los ayuntamientos siguen sin contar con un sistema de financiaci¨®n preciso y en el que tengan voz y voto. Cada territorio cuenta con criterios diferentes para fijar el reparto de los tributos concertados de los municipios. As¨ª, localidades m¨¢s o menos similares de Vizcaya o Guip¨²zcoa pueden recibir cantidades muy distintas. Un cambio en el sistema de financiaci¨®n precisa de una norma que regule los tres niveles administrativos (general, foral y local), asegura Manuel Beldarrain, catedr¨¢tico de Hacienda P¨²blica, que ve necesaria una reforma de la LTH.
Los ayuntamientos no est¨¢n contentos con el actual sistema de financiaci¨®n municipal y las elecciones son un buen momento para que los partidos saquen a pasear su esp¨ªritu local. En los ¨²ltimos tiempos, al intensificarse el debate sobre la pendiente Ley Municipal, parece haberse instalado en todas las formaciones pol¨ªticas la convenci¨®n de que la soluci¨®n pasa por dar entrada a los ayuntamientos en el Consejo Vasco de Finanzas. Actualmente, s¨®lo el Gobierno y las diputaciones (al cincuenta por ciento) forman este ¨®rgano en el que se reparte, en funci¨®n de sus competencias, el dinero que gracias al Concierto Econ¨®mico se recauda con los tributos concertados.
Beldarrain fija como elemento clave de todo el debate el Concierto. Gracias a este particular sistema de financiaci¨®n vasco, la comunidad aut¨®noma dispone, seg¨²n los c¨¢lculos de Ignacio Zubiri, tambi¨¦n catedr¨¢tico de Hacienda P¨²blica, de "un 65% m¨¢s de recursos per c¨¢pita" que el que aporta el sistema com¨²n "para financiar las mismas competencias". Esta realidad tambi¨¦n repercute en los ayuntamientos del Pa¨ªs Vasco y Navarra, que est¨¢n mucho mejor financiados que los del resto de Espa?a.
M¨¢s all¨¢ de otros tributos municipales, como el Impuesto de Bienes Inmuebles, el de Circulaci¨®n, o de tasas y precios p¨²blicos, la mayor parte de la financiaci¨®n municipal procede de su participaci¨®n en los impuestos concertados, que recaudan y gestionan las diputaciones. El problema es que, en esta cuesti¨®n vital, los ayuntamientos no tienen nada que decir. El "modelo de pa¨ªs" dibujado por el Estatuto y la Ley de Territorios Hist¨®ricos (LTH) s¨®lo contempla la administraci¨®n general y la foral y, en este esquema, los municipios son de las diputaciones, como se?alaba hace a?os un diputado general.
Distintas cantidades
?Incluir a los ayuntamientos en el CVF resolver¨¢ el problema? El Gobierno (PNV, EA y EB) y el PSE-EE as¨ª lo entienden. De hecho, han incluido esta propuesta en los borradores de la ley Municipal que han elaborado, aunque no es igual el modelo del tripartito que el socialista. Beldarrain, sin embargo, no cree que eso sirva de mucho porque, a su entender el problema estriba en que el marco legal permite que "dos municipios de iguales caracter¨ªsticas, en dos territorios diferentes, pueden recibir distintas cantidades". Esto se produce porque la Ley de Aportaciones solamente establece el porcentaje del presupuesto de cada diputaci¨®n que debe ir destinado a los ayuntamientos. En la ¨²ltima Ley de Aportaciones, con el objeto de calmar a los municipios, el porcentaje ha pasado del 53% al 54,7%. Esta f¨®rmula, seg¨²n Beldarrain, genera una diferencia de salida y es que el referente es el presupuesto de cada territorio, independientemente de otros criterios. Adem¨¢s, la diputaci¨®n establece la forma de reparto que m¨¢s le conviene. As¨ª, municipios vecinos como Ermua (Vizcaya) y Eibar (Guip¨²zcoa) est¨¢n sujetos a distintos sistemas de financiaci¨®n. A estos hay que a?adir la escasa transparencia, especialmente en Vizcaya, a la hora de encontrar los datos de las transferencias de fondos a los municipios, asegura Beldarrain.
Entrar o no en el Consejo Vasco de Finanzas no cambia esta situaci¨®n. El letrado ?ngel Zurita, en un art¨ªculo publicado en EL PA?S, iba a¨²n m¨¢s lejos y aseguraba que un cambio real exige incluso una reforma estatutaria para incluir a los municipios junto a las diputaciones y el Gobierno. En cualquier caso, abrir el debate supone cambiar el modelo e hincar el diente a la intocable LTH, el poder foral. Hay dos propuestas sobre la mesa. La del Gobierno roza el problema, la del PSE lo toca.
"Si estamos pensando en modificar la financiaci¨®n", se?ala Beldarrain, "vendr¨ªa bien mirar a los pa¨ªses del norte de Europa, que son tambi¨¦n miembros de la UE, y no a los del Mediterr¨¢neo, que hasta ahora no han aportado buenas ideas". El catedr¨¢tico prefiere el modelo austriaco, donde una ley institucional tienen en cuenta todos los niveles de la administraci¨®n.
Cuesti¨®n de proyectos
?Habr¨¢ o no habr¨¢ Ley Municipal? El Gobierno tiene un anteproyecto en circulaci¨®n y el PSE ha enviado una proposici¨®n de ley al Parlamento que a¨²n no se sabe si se admitir¨¢ o no a tr¨¢mite. Jes¨²s Loza, parlamentario socialista, asegura que su intenci¨®n es abrir un debate y negociar. Su propuesta en cuestiones de financiaci¨®n es m¨¢s rompedora que la del Gobierno tripartito: implica un cambio en la actual Ley de Aportaciones y puede llevar a modificaciones en la LTH. Ambas iniciativas quieren a los ayuntamientos dentro del Consejo Vasco de Finanzas, pero en situaciones distintas. Los socialistas pretenden que est¨¦n en pie de igualdad, mientras el Gobierno s¨®lo con peso en las decisiones que les afectan. Loza niega que su partido haya querido aprovechar la coyuntura electoral para abrir el debate. La realidad es que, si alguna vez se inicia, ser¨¢ despu¨¦s de que los ciudadanos hayan votado. Ning¨²n partido se ha pronunciado abiertamente en contra de elaborar una Ley Municipal vasca. Lo cierto es que ¨¦sta es una previsi¨®n que figura en el Estatuto de Gernika y que, 27 a?os despu¨¦s, sigue en el limbo. Es dif¨ªcil saber si la legislatura se cerrar¨¢ con la aprobaci¨®n de una ley que se ha convertido en clave para definir la financiaci¨®n municipal. Las diputaciones, muy afectadas por el proyecto, de momento guardan silencio.
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