Una cartograf¨ªa social de Espa?a

La presencia de una nueva promoci¨®n de l¨ªderes europeos estimula la posibilidad de que en un futuro la UE disponga de Tratado Constitucional. Ello coincide en el tiempo con un buen momento econ¨®mico; desde hace unos meses, y ahora con m¨¢s holgura, la zona euro crece econ¨®micamente m¨¢s que sus competidores, EE UU y Jap¨®n. Ello conlleva empleo y reducci¨®n de los porcentajes de paro.

Ambos temas, impulso constitucional y dinamismo econ¨®mico, son debatidos de modo amplio. Pero quiz¨¢ no fue por su d¨¦ficit por lo que hace dos a?os franceses y holandeses dijeron "no" al texto constitucional que se les present¨® a elecci¨®n. M¨¢s all¨¢, hay asuntos como la dimensi¨®n social o el modo de vida europeo en un mundo globalizado, que sistem¨¢ticamente son desplazados de la discusi¨®n p¨²blica y que s¨®lo emergen cuando antes de una cumbre aparecen los que se oponen y gritan que otro mundo es posible. Como ahora, ante el G-8 en Alemania.

Y sin embargo, paralizada la UE, hay que buscar argumentos de legitimidad para que no se detenga del todo. En las instituciones pol¨ªticas, lo que no avanza retrocede. El problema es que en esta coyuntura, de tanto olvidar el debate sobre el modelo social, no se comparten apenas diagn¨®sticos sobre los desaf¨ªos sociales y proliferan m¨¢s las diferencias objetivas (diversidad de situaciones entre los 27 pa¨ªses y dentro de estos pa¨ªses entre los m¨¢s de 500 millones de personas que conforman la actual UE: el 8% de la poblaci¨®n mundial), que los consensos.

En este contexto, aparece ahora en Espa?a otra cartograf¨ªa para analizar su situaci¨®n socioecon¨®mica. Se trata de la Memoria del Consejo Econ¨®mico y Social (CES), que preside Marcos Pe?a. La misma recuerda que, en busca de legitimidad, la Comisi¨®n Europea puso en marcha en 2006 un ambicioso proyecto de consulta p¨²blica que durar¨¢ todo este ejercicio, para evaluar las principales tendencias sociales; junto a los logros alcanzados en t¨¦rminos de desarrollo econ¨®mico y bienestar social se asiste al surgimiento de nuevos modelos de pobreza y desigualdad y a la aparici¨®n de problemas propios de las sociedades opulentas, como la obesidad o los factores asociados a la salud mental, al envejecimiento y a la mayor longevidad.

Una buena manera de medir el esfuerzo de la UE en solucionar estos problemas es el gasto en protecci¨®n social: en los ¨²ltimos a?os se advierte una ligera disminuci¨®n de la participaci¨®n de la protecci¨®n social en el conjunto del gasto p¨²blico en la UE. A su vez, el esfuerzo que se dedicaba en Espa?a a la protecci¨®n social en 2004 (¨²ltimo a?o del que se dispone de informaci¨®n comparada en el CES) segu¨ªa siendo muy inferior a la media de la UE-15 y de la UE-25, pese al ligero ascenso observado en los ¨²ltimos a?os. En 2004, Espa?a dedicaba a protecci¨®n social una cantidad equivalente al 20% del PIB, mientras la media de la UE-15 se situaba en el 27,6% y la media de la UE-25 se encontraba en el 27,3% del PIB.

Espa?a se encuentra por debajo de la media en todas las funciones del gasto social salvo en desempleo (2,5% en Espa?a, y 1,7% en la UE). El gasto en la funci¨®n "vejez" supon¨ªa ya en 2004 el 7,9% del PIB (el 10,8% en la UE-25); y la "enfermedad", que comprende la atenci¨®n sanitaria y la incapacidad temporal, supon¨ªa el 6% del PIB en nuestro pa¨ªs, frente al 7,4% en la UE. Seg¨²n la Comisi¨®n Europea, las proyecciones muestran que los gastos p¨²blicos relacionados con la edad aumentar¨¢n entre tres y cuatro puntos del PIB entre 2004 y 2050, lo cual representar¨¢ un incremento del 10% de los gastos p¨²blicos, que afectar¨¢n a las pensiones, la salud y a los servicios prestados a las personas de edad avanzada. La Memoria no contempla, m¨¢s all¨¢ de la teor¨ªa, la entrada en vigor de la ley de dependencia, que corregir¨¢ al alza algunos de esos datos y porcentajes.

Mejorar la legitimidad de la UE entre los ciudadanos supone abordar no s¨®lo el incremento de la renta per c¨¢pita, sino la amplitud y eficacia del gasto social tambi¨¦n medidas per c¨¢pita. Por cierto, contemplado como promesa de convergencia real en el programa electoral del PSOE.