Las traducciones en el juicio del 11-M
A ra¨ªz de las informaciones publicadas en la ¨²ltima semana sobre la traducci¨®n de grabaciones realizadas a acusados del proceso por los atentados del 11-M, nos gustar¨ªa llamar la atenci¨®n sobre una serie de cuestiones:
1. Se ha puesto de manifiesto la importancia que puede tener la interpretaci¨®n de una sola palabra, que puede convertir a un hombre en ide¨®logo de una matanza o en mero conocedor previo de la misma. La traducci¨®n y la interpretaci¨®n no son, pues, una simple cuesti¨®n auxiliar en un juicio, sino una cuesti¨®n decisiva que depende de la competencia y profesionalidad de aquellos que la ejercen, y que no debe confundirse ¨²nicamente con "conocimientos de la lengua", al igual que no es lo mismo ser abogado que tener conocimientos de Derecho.
2. Ha quedado en evidencia la incapacidad del Ministerio de Justicia para afrontar por s¨ª solo los retos ling¨¹¨ªsticos del proceso, ya que ha tenido que recurrir al Ministerio de Exteriores para que uno de sus int¨¦rpretes funcionarios coordine al grupo de reputados int¨¦rpretes freelance que han actuado en el juicio. No se trata, pues, de personal propio de la Audiencia Nacional, como se ha venido publicando. El motivo no es otro que el Ministerio de Justicia practica una contrataci¨®n laboral err¨¢tica y denigrante (titulaci¨®n de bachiller), llevada a cabo sin el asesoramiento de las facultades de Traducci¨®n e Interpretaci¨®n o de asociaciones profesionales.
3. La importancia de que la justicia cuente con profesionales traductores-int¨¦rpretes propios que puedan tener acceso a los sumarios con garant¨ªas de confidencialidad y en los que en un momento dado se pueda confiar debido a su trayectoria y experiencia.
Pero el Ministerio de Justicia y las comunidades aut¨®nomas con competencias en la materia est¨¢n optando por la subcontrataci¨®n. Craso error, ya que las licitaciones enriquecen a determinadas empresas que llegan a quedarse con el 60% de los ingresos mientras que la calidad del int¨¦rprete va pareja al salario que ¨¦stas le pagan: 12 euros/hora en los juzgados de la Comunidad de Madrid, 10 euros/hora en la Comunidad de Valencia... Nuestra asociaci¨®n ha propuesto al Ministerio de Justicia la creaci¨®n de un cuerpo similar al del MAE que pueda conformar una red que gestione registros de int¨¦rpretes cualificados similares a los de otros pa¨ªses de la UE, sin que haya intermediarios enriqueci¨¦ndose y sin que quede en entredicho la tutela judicial efectiva. Este sistema es posible, ya que est¨¢ funcionando en la isla de Gran Canaria. Pero seguimos recibiendo una respuesta muy habitual: el silencio.
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