Un juez investiga por 'mobbing' al presidente de la Asociaci¨®n de Propietarios de Catalu?a

El Juzgado de Instrucci¨®n n¨²mero 23 de Barcelona ha abierto diligencias para investigar la denuncia presentada por la fiscal¨ªa en la que acusa de un delito de coacciones a Luis Miguel Pahissa, presidente de la Asociaci¨®n de Propietarios de Catalu?a. El fiscal relata que Pahissa, ejerciendo como administrador de fincas, ha venido coaccionando durante m¨¢s de 14 a?os a una anciana inquilina y a su hija para que abandonen el piso. Las mujeres abonan una renta antigua y aseguran que desde ese tiempo Pahissa "les hace la vida imposible", igual que a otros dos inquilinos.

La vivienda en la que se est¨¢ produciendo el supuesto delito de coacciones y que se concreta en el mobbing inmobiliario est¨¢ situada en el n¨²mero 18 de la calle de Urgell de Barcelona. All¨ª habita en la actualidad Dolores Prados Mar¨ªn, de 76 a?os, con su hija Mar¨ªa Dolores Acosta Prados, de 48. Abonan un alquiler de 275 euros por una vivienda de 108 metros de superficie, un precio muy asequible teniendo en cuenta c¨®mo est¨¢ el mercado inmobiliario.

Hace m¨¢s de 25 a?os que ocupan ese piso, el tercero primera, y anteriormente hab¨ªan vivido en la planta justamente superior, pero tuvieron que abandonarla por las goteras que sufr¨ªan. Luis Miguel Pahissa es el administrador del edificio desde hace 15 a?os y, al poco tiempo de empezar a ejercer como tal, madre e hija relatan que las empez¨® a coaccionar para que abandonasen la casa, compuesta de 10 viviendas y en la que s¨®lo quedan tres pisos ocupados.

En todos ellos viven ancianos que no est¨¢n sujetos a la liberalizaci¨®n de alquileres que supuso la Ley de Arrendamientos Urbanos. Durante los ¨²ltimos a?os pas¨® por all¨ª un sinf¨ªn de inquilinos que acabaron march¨¢ndose por sus desencuentros contra Pahissa. Entre ellos Jordi Portabella, ex teniente de alcalde del Ayuntamiento de Barcelona por ERC.

Las dos inquilinas del tercero primera acudieron a denunciar el mobbing inmobiliario al Ayuntamiento de Barcelona. All¨ª dieron tanta verosimilitud al caso que lo remitieron a la fiscal¨ªa el pasado mes de enero por si la actuaci¨®n de Pahissa pod¨ªa ser delictiva. La fiscal¨ªa abri¨® diligencias, tom¨® declaraci¨®n a las inquilinas, investig¨® el caso y dos agentes de la Guardia Civil comprobaron sobre el terreno y con documentos lo que relataban. Al final, el fiscal denunci¨® los hechos y le correspondi¨® investigarlo al Juzgado de Instrucci¨®n n¨²mero 23, que ya ha abierto diligencias contra Pahissa y contra la propietaria de la vivienda, Esther Guisasola Sagal¨¤.

Pahissa ha declinado el requerimiento de EL PA?S para analizar las acusaciones que pesan sobre ¨¦l. "El caso est¨¢ sub judice y hemos de ver c¨®mo acaba", asegur¨®. Tambi¨¦n se neg¨® a facilitar el nombre de su abogado defensor.

Las mujeres explican que el acoso inmobiliario arranca del a?o 1993, cuando falleci¨® el esposo y padre de las inquilinas actuales y Pahissa y la propietaria se negaron siempre a recibir el requerimiento notarial en el que se comunicaba la subrogaci¨®n del contrato. Desde entonces, las dos mujeres explican que el hostigamiento ha sido continuo. Los tres inquilinos actuales, por ejemplo, comparten un solo contador de agua, de manera que cuando lo utiliza uno de ellos disminuye la presi¨®n, se reduce el caudal para el resto de vecinos y no funcionan los calentadores de agua.

Hace a?os, siguen relatando las mujeres, se realizaron obras en la comunidad y estuvieron 16 meses sin suministro de gas, por lo que tuvieron que cocinar en un fog¨®n de c¨¢mping gas. Pero el comportamiento m¨¢s indecente que reprochan a Pahissa es que hace a?os que no les gira los recibos de alquiler. La ley establece que en caso de incumplimiento de pago de varios meses de la renta se puede iniciar el proceso de desahucio. Las mujeres, sin embargo, conscientes de la artima?a, consignan mensualmente el dinero en los juzgados y le han remitido un sinf¨ªn de faxes y mensajes de correo electr¨®nico para que Pahissa cese en su actitud.

"Solamente ha empezado a cambiar [Pahissa] desde que supo que la fiscal¨ªa lo estaba investigando", explica Mar¨ªa Dolores Acosta. "Ahora, por lo menos, nos pasa los recibos", a?ade.