El Gobierno recalca que sus recursos superan las exigencias de la ley de Dependencia

El viceconsejero de Asuntos Sociales, Fernando Consuegra, asegur¨® ayer que la atenci¨®n y las prestaciones que garantiza en toda Espa?a la ley de Dependencia a las personas que no pueden valerse por s¨ª mismas est¨¢n "plenamente" garantizadas en estos momentos en Euskadi e incluso las superan de sobra. Consuegra recalc¨® contundente que todos los ciudadanos catalogados como grandes dependientes (la m¨¢xima calificaci¨®n que se otorga por las carencias f¨ªsicas o mentales) han sido evaluados y ya est¨¢n recibiendo alg¨²n tipo de prestaci¨®n, fundamentalmente, una plaza en una residencia.

Consuegra y su hom¨®logo de Sanidad, Rafael Cerd¨¢n, comparecieron ayer ante la Comisi¨®n de Asuntos Sociales del Parlamento para explicar c¨®mo est¨¢ progresando la coordinaci¨®n entre sus dos departamentos en el campo de la atenci¨®n sociosanitaria y en la unificaci¨®n de criterios a la hora de baremar a los ciudadanos discapacitados. Este aspecto resulta fundamental a la hora de conceder a los solicitantes las diversas prestaciones, tal y como estipula la ley de Dependencia, que entr¨® en vigor el pasado 1 de enero tras su aprobaci¨®n por las Cortes y es de obligado cumplimiento en todo el pa¨ªs.

El viceconsejero de Asuntos Sociales recalc¨® que dicha ley supone un reto de "primera magnitud" para el conjunto de las comunidades, pero indic¨® que Euskadi se halla preparada para afrontarlo con garant¨ªas. En esta l¨ªnea, precis¨® que el Pa¨ªs Vasco cuenta con un total de 19.700 plazas en residencias de ancianos y otras 2.151 para grandes discapacitados para albergar a los 11.500 ciudadanos considerados como grandes dependientes que la ley considera para la comunidad aut¨®noma. "Hay plazas de sobra para todos", zanj¨® Consuegra despu¨¦s de que la parlamentaria del PSE Gemma Zabaleta le cuestionase por los medios que est¨¢n poniendo las administraciones vascas al servicio de la ley.

La norma estatal garantiza a todos los ciudadanos que sufren una gran discapacidad los recursos y prestaciones para que puedan llevar una vida m¨¢s digna. Dichas prestaciones, que corren a cargo de las comunidades previa financiaci¨®n del Estado, pueden materializarse en una plaza en una residencia, asistentes en el domicilio familiar o el pago de un sueldo a la persona que se hace cargo del enfermo que, por regla general, suele ser un familiar. La cobertura alcanzar¨¢ en 2008 a los ciudadanos con una severa dependencia y progresivamente se ir¨¢ cerrando el c¨ªrculo hasta que en 2015 est¨¦n garantizadas las prestaciones a todas las personas con alguna discapacidad.

Cerca de 70.000 ciudadanos que viven en Euskadi presentan alg¨²n grado de dependencia

Diferentes baremos

Para tener acceso a esas prestaciones, el primer paso es que los t¨¦cnicos del ¨¢rea de bienestar social de la diputaci¨®n correspondiente eval¨²en el grado de discapacidad del ciudadano en cuesti¨®n y, en funci¨®n de ella, clasificarle y concederle las ayudas pertinentes. Las tres diputaciones ya pusieron en marcha el a?o pasado un sistema ¨²nico para todas ellas, que ha sido cuestionado por el Gobierno central, que les ha obligado a adaptar el que est¨¢ en vigor para toda Espa?a.

Consuegra apunt¨® que el baremo empleado por las diputaciones permite conocer con mayor "profundidad" el alcance de la discapacidad y por eso el t4ripartito ha solicitado a la Administraci¨®n central que le deje seguir utiliz¨¢ndolo a la vez que se crean una serie de instrumentos para compartir informaci¨®n con el otro sistema. La negativa del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales ha propiciado una situaci¨®n parad¨®jica: el grado de dependencia se mide en Euskadi con dos baremos, lo que no implica "un doble trabajo", matiza Consuegra. "El t¨¦cnico que realiza el test y las pruebas a los ciudadanos con dependencia usa los dos baremos en el mismo tiempo, ya que muchas de las cuestiones que se plantean son similares. La diferencia es que el baremo de las diputaciones, que es calcado al que usan en EEUU, permite acceder a un grado de detalle mayor. Por eso, coexistir¨¢n los dos procedimientos".

Junto con el baremo, los ciudadanos deben presentar un informe de salud en el que su m¨¦dico de cabecera certifique los males que le aquejan y sus lesiones. El Ejecutivo central ha dejado en manos de las comunidades aut¨®nomas la forma de elaborar ese documento y en el caso de Euskadi, los departamentos de Sanidad y Asuntos Sociales se pusieron de acuerdo el pasado mes de marzo sobre c¨®mo debe ser el formulario, el formato y la log¨ªstica en el conjunto de los tres territorios. El viceconsejero de Sanidad resalt¨® la importancia de disponer de este documento unificado: "La coordinaci¨®n entre los servicios sociales y sanitarios resulta fundamental para ofrecer una buena asistencia y que los ciudadanos tengan clara cu¨¢l es la puerta de entrada al sistema. El espacio sociosanitario tiene que convertirse en una realidad".