En Legan¨¦s no hab¨ªa caso

Una denuncia an¨®nima dec¨ªa que en el hospital Severo Ochoa de Legan¨¦s (Madrid) se hab¨ªan podido practicar 400 eutanasias mediante sedaciones indebidas o irregulares a enfermos terminales. Eso sirvi¨® al ex consejero de Sanidad de Madrid, Manuel Lamela (PP), para elevar a los tribunales un asunto que ha tenido soliviantados a enfermos y sanitarios de este hospital madrile?o desde 2005. Tras dos a?os, el juez ha archivado el caso.

Manuel Lamela, ex consejero de Sanidad de Madrid, impidi¨® que la fiscal¨ªa cerrara el caso y lo envi¨® al juzgado

Los peritos del Colegio de M¨¦dicos de Madrid rebajaron las 400 supuestas eutanasias a 13 casos de mala pr¨¢ctica

El juzgado n¨²mero 7 de Legan¨¦s archiva el caso presentado por la Consejer¨ªa de Sanidad sin imputar a los m¨¦dicos

El Derecho Penal exige "certezas m¨¢s all¨¢ de las presunciones", se?ala el juez Rafael Rosel en el auto en el que ordena archivar las diligencias. "Se ha practicado mal la Medicina, pero no consta que las muertes sean consecuencias de ello", destaca. Y asegura que no ha encontrado elementos para determinar si los fallecimientos se debieron "a la sedaci¨®n indebida o a su enfermedad inicial". El juez sostiene que "varios pacientes han muerto tras mala pr¨¢ctica m¨¦dica a la hora de sedarles", aunque no hay pruebas de que ello se deba "exclusivamente a los f¨¢rmacos prescritos por los doctores".

El caso de las sedaciones de Legan¨¦s ha suscitado un gran debate. Desde sectores conservadores se jaleaba la denuncia como un intento de frenar tendencias partidarias de la eutanasia. Tendencias que algunos ve¨ªan en un grupo de m¨¦dicos de Legan¨¦s a los que se tildaba de "rojos" y "progres". Desde otros sectores, en cambio, se consider¨® una ligereza que un organismo oficial como la Consejer¨ªa de Sanidad de Madrid denunciase y airease sin fundamento un asunto que pod¨ªa frenar a muchos m¨¦dicos a la hora de aplicar la sedaci¨®n a enfermos ag¨®nicos.

Aviso al fiscal

En 2005, Lamela habl¨® con el fiscal jefe de Madrid, Manuel Moix, y le coment¨® que le iba a elevar la denuncia an¨®nima que le hab¨ªan hecho llegar. Tras el aviso de Lamela, Moix pidi¨® los historiales de los casos de posibles homicidios. La criba lleg¨® r¨¢pido. Concluy¨® que s¨®lo 13 de ellos eran susceptibles de ser investigados en la v¨ªa penal. Para asesorarse, reclam¨® un dictamen a expertos de la Cl¨ªnica Medico Forense de los juzgados de Madrid. Los peritos dictaminaron que no cab¨ªa establecer una relaci¨®n entre la sedaci¨®n aplicada y los fallecimientos de esos 13 enfermos, todos ellos terminales.

Cuando los fiscales iban a archivar el asunto, el ex consejero de Sanidad dio otra vuelta de tuerca y present¨® una denuncia dando cuenta de sedaciones irregulares en 73 de los 400 casos iniciales. La idea era arrebatarle el caso a la fiscal¨ªa. Lo logr¨®, y tambi¨¦n que la fiscal¨ªa se abstuviese de acordar el archivo de las pesquisas.

Fue entonces cuando el juez, Rafael Rosel, del Juzgado de Instrucci¨®n 7 de Legan¨¦s, se hizo cargo del asunto. Rosel encomend¨® al Colegio de M¨¦dicos de Madrid que eligiera a un grupo de expertos para que analizase esos 73 casos. La elecci¨®n de los expertos cosech¨® cr¨ªticas por las tendencias conservadoras de algunos de ellos. Los expertos detectaron 34 casos de supuesta mala pr¨¢ctica m¨¦dica por sedaciones indebidas, excesivas o contraindicadas. Explica el juez al respecto: "Se sed¨® terminalmente a cuatro pacientes (...) que contaban con posibilidad de serles ofrecido tratamiento m¨¦dico". Seg¨²n el juez, en otros 11 casos de enfermos, todos ellos terminales, las sedaciones fueron aplicadas "de tal manera y con tales dosis que sugirieron una posible relaci¨®n directa con su muerte o, cuando menos, una contribuci¨®n muy notable al acortamiento de la vida". El juez tambi¨¦n ve que a una veintena de pacientes se les aplic¨® sedaci¨®n pese a encontrarse ¨¦stos en coma profundo, "lo que constituye una mala pr¨¢ctica m¨¦dica", se?ala en el auto. Por este motivo, el juez cit¨® como imputados a los m¨¦dicos del servicio de Urgencias, entre ellos, Luis Montes.

Con este criterio, el juez asume las conclusiones del peritaje del Colegio de M¨¦dicos de Madrid y de otro informe hecho por una comisi¨®n nombrada a dedo por Lamela: que el tratamiento era innecesario, no se registr¨® en la historia cl¨ªnica y, sobre todo, que las dosis de calmantes eran excesivas. Los expertos en cuidados paliativos rebaten este punto, ya que no hay una dosis de calmante m¨¢xima fijada en ning¨²n protocolo ni, mucho menos, en una ley.

Concluidos los interrogatorios y dem¨¢s pesquisas, el juez ha decidido archivar las diligencias "al no resultar debidamente justificada la perpetraci¨®n de delito" ni hay "elementos para responsabilizar criminalmente a los imputados por las muertes de sus pacientes tras las sedaciones". El juez deja claro en su auto que, "por m¨¢s confusi¨®n que se haya querido generar por parte de algunos", lo que ¨¦l ha juzgado no es el hecho de si se debe sedar o no a un paciente terminal, ni la forma de proceder de los m¨¦dicos de Legan¨¦s.