El PSOE retrasa la ley de memoria hist¨®rica para convencer a CiU

La ley m¨¢s pol¨¦mica de la legislatura, que colea casi desde que comenz¨®, corre el riesgo de quedar en nada con la disoluci¨®n de las Cortes para las elecciones. El PSOE y los dem¨¢s grupos han decidido dejar para septiembre la convocatoria de la ponencia de la Comisi¨®n Constitucional que debe tratarla. Entonces habr¨¢ a¨²n tiempo, pero los plazos ser¨¢n ya apurad¨ªsimos. El PSOE conf¨ªa en alcanzar en julio un acuerdo verbal con CiU y garantizar as¨ª un fuerte apoyo -s¨®lo ERC y el PP quedar¨ªan fuera- para una tramitaci¨®n rel¨¢mpago.

La ley m¨¢s delicada, que ha generado m¨²ltiples quebraderos de cabeza en el Gobierno, hasta el punto de que retras¨® su nacimiento durante un a?o y medio, apura el l¨ªmite. S¨®lo ser¨¢ aprobada si entra en un pleno del Congreso antes de que lleguen los Presupuestos, que tienen preferencia.

La ley deber¨ªa salir del Congreso a finales de septiembre o en octubre, para que vuelva del Senado a principios de diciembre, antes de los Presupuestos y de que el Gobierno disuelva las Cortes para convocar elecciones. Un adelanto electoral marcar¨ªa su fin. Cuando una norma no se ha aprobado el d¨ªa de disoluci¨®n, decae y duerme en el Congreso hasta que alguien quiera recuperarla.

Izquierda Unida, una de las principales promotoras de la reforma, ha intentado forzar que la ponencia se convocara antes del verano para adelantar plazos. "Cre¨ªamos que era posible al menos formar la ponencia para dejar clara ante la opini¨®n p¨²blica la voluntad de que la ley salga adelante", explica Gaspar Llamazares, coordinador general de IU.

"En cualquier caso, estamos convencidos de que la ley saldr¨¢, aunque sea en el ¨²ltimo momento, porque el Gobierno tiene inter¨¦s en sacarla adelante y sobre todo porque ya ha asumido el coste pol¨ªtico m¨¢s duro, que es el de traer la ley al Congreso y defenderla, con la que arm¨® la derecha, y ahora no tendr¨ªa sentido dejarla morir", sintetiza Llamazares.

El problema para el Gobierno y el Grupo Socialista, que llevan adelante las negociaciones -dirigidas por Francisco Caama?o, secretario de Relaciones con las Cortes, y Diego L¨®pez Garrido, portavoz parlamentario- no est¨¢ en IU, sino en CiU, que se resiste a pactar.

Hasta hace unos meses, el Ejecutivo y el PSOE estaban pr¨¢cticamente solos en el apoyo a la ley. A nadie le gustaba que se hubiera descartado por completo la anulaci¨®n de juicios sumar¨ªsimos del franquismo, el coraz¨®n de la ley. El Gobierno decidi¨® entonces dar un vuelco. Elimin¨® el consejo de notables que deb¨ªan conceder una declaraci¨®n oficial de la injusticia cometida por el franquismo, y acept¨® incluir una gen¨¦rica "ilegitimidad" de los tribunales y las sentencias franquistas.

El problema para el Ejecutivo es que esa reforma, cuyo contenido aprobaba CiU en su mayor¨ªa, fue pactada en exclusiva con IU-ICV, que se llev¨® ese d¨ªa -hace m¨¢s de dos meses- la foto, siempre tan importante para los grupos minoritarios, que necesitan rentabilizar cualquier acuerdo. CiU, b¨¢sica para el Ejecutivo, no se siente comprometida con ese pacto. El PNV, CC, BNG y el Mixto parecen m¨¢s dispuestos.

Desde entonces, tanto Diego L¨®pez Garrido como la vicepresidenta Mar¨ªa Teresa Fern¨¢ndez de la Vega han hecho esfuerzos de acercamiento con el portavoz de CiU, Josep Antoni Duran, y creen tenerlo convencido. Sin embargo, ante la evidencia de que el pacto a¨²n no est¨¢ maduro, el PSOE ha pedido a Alfonso Guerra, presidente de la Comisi¨®n Constitucional, que espere a septiembre para constituir la ponencia.

"En julio trabajaremos con todos los grupos para cerrar un acuerdo global y si lo logramos la tramitaci¨®n en septiembre ser¨¢ muy r¨¢pida. La ley saldr¨¢", sentencia Diego L¨®pez Garrido.

El apoyo del PP est¨¢ descartado, porque considera que la norma "entierra la transici¨®n". ERC se quedar¨¢ con toda probabilidad fuera, porque sus posiciones son muy extremas, seg¨²n el Ejecutivo. El Gobierno ha hecho un intento de convencer a Joan Puigcerc¨®s, pero ¨¦ste es un asunto que sigue muy de cerca Joan Tard¨¢, que exige la anulaci¨®n de los juicios.

"Tienen poco margen. Todos los avances que pod¨ªan conceder los negociaron con IU-ICV. Nosotros estamos dispuestos a pactar, pero tendr¨¢n que hacer concesiones y trabajar sobre nuestras enmiendas", resume Jordi Xucl¨¢, diputado de CiU encargado de estos asuntos.

Xucl¨¢ y Joan Herrera (ICV), m¨¢ximo impulsor de la f¨®rmula de la "ilegitimidad", ideada por el ex fiscal anticorrupci¨®n Carlos Jim¨¦nez Villarejo, pr¨®ximo a ICV, han hablado esta semana de textos para llegar m¨¢s lejos y lograr una f¨®rmula con claras repercusiones jur¨ªdicas, aunque nadie cree en el Congreso que el Gobierno pueda ceder un mil¨ªmetro m¨¢s en este asunto.