El Congreso insta a que se respete en los juzgados el uso de lenguas oficiales

Antes de que se aprobara el Estatuto de Catalu?a, la Ley del Poder Judicial ya reconoc¨ªa el derecho de las partes personadas en un litigio a utilizar las lenguas cooficiales -en las comunidades que las tengan- en sus intervenciones ante el juzgado. Pero es un derecho que no siempre se respeta, seg¨²n admiten todos los partidos. Por eso, la Comisi¨®n de Justicia del Congreso decidi¨® ayer por unanimidad instar al Gobierno a que "impulse el cumplimiento" de esa ley y de lo previsto en los estatutos de autonom¨ªa.

"Si existe un ¨¢mbito donde la pluralidad ling¨¹¨ªstica presenta un d¨¦ficit, ¨¦se es el ¨¢mbito judicial. El art¨ªculo 231 de la Ley del Poder Judicial es ignorado en muchas ocasiones", plante¨® el portavoz de CiU, Jordi Jan¨¦. Estuvieron de acuerdo el socialista Jordi Pedret -"el problema existe, hay un imperfecto cumplimiento de la legislaci¨®n", dijo- y el diputado del PP Juan Manuel Albendea, quien subray¨® que "la pluralidad ling¨¹¨ªstica de Espa?a nadie la discute". "De todas formas, los incumplimientos son puntuales", matiz¨® el popular.

Albendea vot¨® a favor de la propuesta de CiU, pero antes hizo un vano intento por cambiarla por otra "m¨¢s pr¨¢ctica" en la que, en lugar de hablar gen¨¦ricamente de "tomar medidas", se reclamara que los juzgados de comunidades con lengua propia cuenten con "traductores suficientes que permitan una fluida y correcta comunicaci¨®n entre el tribunal y las partes, evitando cualquier posible indefensi¨®n".

"Redactarlo as¨ª me parece mucho m¨¢s eficaz", opin¨® el diputado del PP. El nacionalista Jordi Jan¨¦, aun agradeciendo la aportaci¨®n, le aclar¨® que no era eso realmente lo que persegu¨ªa su grupo. "No es tanto la falta de medios, se trata del modelo: aspiramos a que quienes sirven a la justicia en los territorios con lengua propia usen dicha lengua. Es pedagog¨ªa", explic¨®. Sin embargo, el art¨ªculo 231 de la Ley del Poder Judicial que esgrime CiU, si bien ampara a "las partes" en litigio para que usen la lengua que quieran, tambi¨¦n establece que jueces, fiscales y funcionarios deben emplear el castellano, y que s¨®lo pueden usar otra lengua "si ninguna de las partes se opusiere alegando desconocimiento".