El Superior avala de nuevo el proceso de liquidaci¨®n de las c¨¢maras urbanas

La Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior ha vuelto a avalar el proceso de liquidaci¨®n de las c¨¢maras oficiales de la propiedad urbana, al estima que el Gobierno "no ha vulnerado los derechos asociativos" de los anteriores directivos de esos organismos, que, tras su liquidaci¨®n, crearon nuevas asociaciones. La nueva c¨¢mara alavesa demand¨® al Ejecutivo por intentar paralizar el cobro de una primera remesa de recibos.

La sentencia, fechada el pasado 29 de mayo, da de nuevo la raz¨®n al Gobierno al ratificar que el proceso de liquidaci¨®n de esos organismos como corporaciones de derecho p¨²blico se est¨¢ realizando conforme a la ley.

El Superior ratifica que el Gobierno obr¨® de forma correcta cuando intent¨® paralizar en 2006 una primera remesa de recibos que la nueva asociaci¨®n alavesa gir¨® a las personas que figuraban en su base de datos a trav¨¦s de la Caja Vital. El tribunal estima que el Ejecutivo estaba facultado para proteger la base de datos que utilizaron los gestores de la nueva asociaci¨®n porque era un patrimonio p¨²blico. Las agencias de Protecci¨®n de Datos espa?ola y vasca ratificaron dicho extremo.

Sin embargo, la petici¨®n del Ejecutivo a la Vital no consigui¨® frenar la remesa. La nueva asociaci¨®n provincial alavesa cuenta ya con m¨¢s de 30.000 asociados, seg¨²n sus gestores, y tras facturar a sus socios por segundo a?o consecutivo, ha logrado ya estabilidad econ¨®mica y sigue creciendo el n¨²mero de sus socios.

El Superior ha avalado con esta ¨²ltima en ocho ocasiones el decreto de disoluci¨®n de las C¨¢maras Oficiales de la Propiedad Urbana como corporaciones de derecho p¨²blico. El fallo resuelve adem¨¢s que no puede apreciarse que exista desviaci¨®n de poder en la petici¨®n del Gobierno para paralizar la remesa de recibos ni "violaci¨®n del derecho fundamental de asociaci¨®n".

Patrimonio

En la anterior sentencia, dictada el pasado mes de marzo, la misma sala del m¨¢ximo tribunal vasco establec¨ªa que en la asunci¨®n del patrimonio de las c¨¢maras "no puede verse antijuridicidad alguna, ni tampoco privaci¨®n o despojo", ya que el decreto fij¨® las actuaciones necesarias para su liquidaci¨®n y para la integraci¨®n de su personal en la Administraci¨®n auton¨®mica.

Dicha sentencia recalc¨® que la integraci¨®n del patrimonio de las entidades en el sector p¨²blico no supon¨ªa "una confiscaci¨®n", como sosten¨ªa la parte recurrente, aunque s¨ª declar¨® nulo el art¨ªculo 4.c del decreto, al considerar un criterio equivocado suponer que las c¨¢maras no recib¨ªan ingresos diferentes de las cuotas de los propietarios inmobiliarios. Las c¨¢maras ten¨ªan ingresos por su participaci¨®n en la gesti¨®n de finanzas, administraci¨®n de fincas, tasaciones, peritajes y rendimientos del propio patrimonio.

El Gobierno decidi¨® poner en marcha la liquidaci¨®n de esos organismos m¨¢s de 10 a?os despu¨¦s de que entrase en vigor la legislaci¨®n estatal de 1994 que le obligaba a ello. Lo hizo a mediados de 2005 con una auditor¨ªa en la mano que apreci¨® graves problemas de gesti¨®n en la entidad guipuzcoana y fuertes p¨¦rdidas en la de Vizcaya. La de ?lava era la ¨²nica que generaba recursos.

Entre 1999 y 2002, la de Guip¨²zcoa perdi¨® 910.346 euros de su patrimonio. La de Vizcaya vio disminuir en 1,1 millones el valor de su patrimonio en acciones.