Un asilo de Alcobendas mantiene a los ancianos atados y drogados

Ancianos drogados con tranquilizantes que caen fulminados sobre el taz¨®n de la cena. Otros, atados con s¨¢banas a sillas de pl¨¢stico o a la de ruedas. Rodeados de restos de heces y de v¨®mitos. Un v¨ªdeo grabado con c¨¢mara oculta por Telecinco ha sacado a la luz las supuestas vejaciones a las que son sometidos los ancianos de la residencia privada Juan XXIII de Alcobendas. Una de las due?as fue condenada en 1995 por la muerte de una mujer en otra residencia. El centro sigue abierto.

El reportaje fue emitido lunes, martes y mi¨¦rcoles en El programa de Ana Rosa. Las im¨¢genes muestran la tercera planta del centro, donde una veintena de ancianos se sientan, retorcidos, en sillas de pl¨¢stico. Algunos est¨¢n atados con s¨¢banas. Incluso si necesitan silla de ruedas. No hablan entre ellos y tienen la mirada perdida. Otros est¨¢n drogados con orfidal (un tranquilizante) y caen fulminados sobre el taz¨®n de la cena. En otra toma, se ve a tres ancianos en una cama. A su lado, v¨®mitos. Algunos se quejan de que nadie les cambia el pa?al. Se oyen gritos y lloros. La ¨²nica trabajadora no les consuela. La sala tiene ventanas con rejas y las persianas bajadas.

Al cargo de esa planta hay una mujer con bata blanca y cofia, que reconoce ante la c¨¢mara que carece de titulaci¨®n para trabajar con ancianos. "No tengo ning¨²n comprobante que diga que trabajo aqu¨ª y que me pagan", afirma. Ella se r¨ªe de los impedidos: "?Ja, ja, mira c¨®mo cae?", comenta al ver a los residentes bajo el efecto de las drogas. La empleada afirma en la grabaci¨®n que en esa sala s¨®lo hay personas con Alzheimer y otros a los que "a veces, se les va un poco la cabeza".

La residencia abri¨® en 1992 y desde entonces la consejer¨ªa de Servicios Sociales le ha impuesto tres sanciones econ¨®micas por distintas infracciones. Pero nunca la ha cerrado. Adem¨¢s, sus due?os tienen antecedentes. El centro est¨¢ gestionado por la empresa 32 de Mayo S. L. Los dos administradores son dos hermanos, Sergio y Bruno Cuevas Corradi; y la apoderada es su madre, Mar¨ªa Antonietta Corradi Rodriguez. Esta mujer fue condenada en 1995 por la Audiencia Provincial a indemnizar a la familia de una anciana que muri¨® en otra residencia que ella dirig¨ªa, en Ciempozuelos. Entonces, el juez instructor comprob¨® en una inspecci¨®n que el centro carec¨ªa de personal cualificado y que muchos ancianos se encontraban en unas condiciones infrahumanas, atados a sillas y camas.

Telecinco denunci¨® los hechos a la Consejer¨ªa de Servicios Sociales el lunes pasado, seg¨²n explic¨® la periodista Ana Rosa Quintana, la directora del programa que ha emitido el reportaje. El mismo d¨ªa de la denuncia, y el primero de emisi¨®n, la consejer¨ªa envi¨® a sus inspectores a la residencia. Ahora ha abierto al centro un expediente sancionador. "Hemos iniciado una investigaci¨®n con lo que han visto nuestros inspectores y con la documentaci¨®n que nos han enviado desde Telecinco", explic¨® ayer una portavoz de la consejer¨ªa. ?sta no adelant¨® si el centro ser¨¢ finalmente clausurado.

La residencia est¨¢ en el n¨²mero 12 de la calle Barcelona, en Alcobendas. Tiene 65 plazas oficiales. El precio que deben pagar los residentes ronda los 1.200 euros al mes. Es un edificio de tres plantas, de ladrillo rojo y ayer la puerta principal estaba cerrada con llave. A trav¨¦s del cristal, se pod¨ªa ver cruzar a varios jubilados por la recepci¨®n, decorada con im¨¢genes de santos. "Nuestros abogados nos han dicho que no hablemos. Es verdad que el lunes vinieron los inspectores", afirm¨® un trabajador.