La reparaci¨®n de un linchamiento

El Tribunal Supremo cas¨® hace dos semanas la inicua sentencia de la Secci¨®n XVI de la Audiencia Provincial de Madrid que conden¨® el 8 de mayo de 2006 a tres funcionarios de la Brigada de Informaci¨®n a diversas penas de prisi¨®n, inhabilitaci¨®n y multa. El comisario jefe Rodolfo Ruiz y el inspector Javier Fern¨¢ndez fueron castigados a dos a?os de c¨¢rcel por el supuesto delito de detenci¨®n ilegal de dos afiliados al PP, que fueron llamados a declarar a causa de su presencia en la manifestaci¨®n de 22 enero de 2005 convocada por la Asociaci¨®n de V¨ªctimas del Terrorismo y por la organizaci¨®n madrile?a de los populares para protestar contra la pol¨ªtica del Gobierno de excarcelaci¨®n de presos etarras; las fotograf¨ªas de los peri¨®dicos documentaban c¨®mo Isidoro Barrios y Antonia de la Cruz formaban parte de un grupo que rodeaba en actitud furiosamente amenazadora al ministro de Defensa, agredido f¨ªsica y verbalmente -al grito de "asesino, ap¨®stata, defensor de maricones"- seg¨²n testimonio del propio Bono.

El tipo penal aplicado a este caso por los tres magistrados de la Audiencia -Manuel Hidalgo, Rosa Esperanza Rebollo y Rafael Espejo-Saavedra- resultaba ins¨®lito: los delitos de detenci¨®n ilegal y secuestro (cap¨ªtulo 1 del T¨ªtulo VI del C¨®digo sobre delitos contra la libertad) son cometidos habitualmente por ciudadanos particulares y s¨®lo excepcionalmente -"fuera de los casos permitidos por la ley y sin mediar causa de delito"- por autoridades y funcionarios (as¨ª ocurri¨® en el caso Marey). Antonia de la Cruz e Isidoro Barrios aceptaron voluntariamente ir a la Brigada de Informaci¨®n despu¨¦s de ser citados por tel¨¦fono, fueron recogidos y devueltos a sus domicilios en un veh¨ªculo policial, comparecieron con asistencia letrada, no se les tom¨® las huellas dactilares, tampoco fueron esposados ni recluidos en celdas; su estancia en la comisar¨ªa dur¨® poco m¨¢s de cinco horas y concluy¨® sin cargos.

Pero la sa?a de los magistrados no se limit¨® a castigar ese delito imposible de detenci¨®n ilegal. El comisario Rodolfo Ruiz tambi¨¦n fue condenado a diez a?os de inhabilitaci¨®n por coacciones (la "violencia ps¨ªquica" ejercida sobre un subordinado) y a tres a?os de c¨¢rcel por falsedad documental, delito por el que fueron tambi¨¦n inculpados los inspectores Javier Fern¨¢ndez y Jos¨¦ Luis Rodr¨ªguez Salgueiro. El ponente de la sentencia y presidente de la Secci¨®n XVI se ceb¨® con los supuestos autores de unas detenciones "inmotivadas, arbitrarias, abusivas y antijur¨ªdicas", "de complacencia" y "mirando al tendido", que hab¨ªan "violado la libertad de dos ciudadanos" y puesto en tela de juicio "la igualdad y el pluralismo pol¨ªtico".

Los portavoces populares y los medios de comunicaci¨®n de su cuerda -pocas veces la libertad de prensa ha sido utilizada para tan sucios cometidos- aprovecharon la sentencia condenatoria ahora revocada por el Supremo, para llevar hasta la exasperaci¨®n la estrategia de crispaci¨®n puesta en marcha por el PP durante esta legislatura con manifiesto desprecio hacia la verdad y la lealtad constitucional. El rid¨ªculo parip¨¦ organizado en el hemiciclo por los diputados del PP de la Asamblea de Madrid, levantando los brazos para mostrar a las c¨¢maras de televisi¨®n las mu?ecas supuestamente inmovilizadas por unas esposas de pl¨¢stico de todo a cien, estuvo a la altura del comentario de su presidenta regional, que compar¨® a la polic¨ªa espa?ola con la Gestapo hitleriana; en el Congreso, el portavoz adjunto Mart¨ªnez Pujalte -cuyo equivalente taurino hubiera sido anta?o El Platanito- forz¨® con su gamberrismo la expulsi¨®n del hemiciclo mientras sus correligionarios vitoreaban a la libertad como v¨ªctimas de una dictadura.

La circunstancia de que Rodolfo Ruiz hubiese estado el 11-M al frente de la comisar¨ªa de Vallecas -donde se deposit¨® la mochila sin explosionar recogida en uno de trenes de la muerte- dio rienda suelta a las insidias de los padrinos de la teor¨ªa de la conspiraci¨®n sobre las conexiones entre el PSOE y una supuesta trama policial responsable del atentado. Si la sentencia del Supremo ha lavado el honor de los condenados, la prensa que les revolc¨® en el barro jam¨¢s dar¨¢ un paso para reparar su linchamiento.