"Hemos asistido a una pol¨ªtica de conspiraci¨®n y de ataque al sistema"

La nueva presidenta de la Uni¨®n Progresista de Fiscales (UPF), Gabriela Bravo, considera "desmedidos y desproporcionados" los ataques que ha recibido la fiscal Olga S¨¢nchez durante la instrucci¨®n de los atentados del 11-M. Bravo lleg¨® a la presidencia de la UPF en su ¨²ltimo congreso, celebrado en Oporto (Portugal). La UPF es el granero al que ha acudido el PSOE en busca de nombres para cargos pol¨ªticos. A ella pertenece el ministro de Justicia, Mariano Fern¨¢ndez Bermejo. Bravo es fiscal de menores en Valencia y est¨¢ acostumbrada a instruir causas contra adolescentes. En temas de menores investiga el fiscal y no el juez.

Pregunta. ?Est¨¢n preparados los fiscales para dirigir las investigaciones penales?

"En el 'caso De Juana' seguro que el fiscal no se apart¨® del principio de legalidad"

Respuesta. En menores lo estamos haciendo desde 2001 con garant¨ªas y buenos resultados. Soy una entusiasta partidaria de que investigue el fiscal. Pero para que podamos hacerlo en otras ¨¢reas, es necesario un apoyo muy importante del Estado en dotaci¨®n de medios humanos y materiales.

P. No todos los jueces est¨¢n de acuerdo en que instruya el fiscal.

R. Muchos juzgados tienen exceso de trabajo. Y los jueces van asumiendo la necesidad de que el fiscal investigue y que haya un juez de garant¨ªas.

P. Los detractores de esta f¨®rmula sostienen que el Gobierno puede instrumentalizar al fiscal y decirle a qui¨¦n tiene que investigar y a qui¨¦n no. Al fiscal general, el jefe, lo designa el Gobierno...

R. Somos un cuerpo jerarquizado. Pero por encima de ese principio, est¨¢ la Constituci¨®n. El superior no puede obligar a un fiscal a ir contra la Constituci¨®n. En nuestro estatuto tambi¨¦n existe el principio de imparcialidad y legalidad.

P. Pero no se puede descartar que un jefe diga qu¨¦ debe investigarse y que no... Y puede mirar para otro sitio.

R. Nunca he tenido esa experiencia. Hay garant¨ªas constitucionales que ning¨²n fiscal puede obviar. A veces veo, a trav¨¦s de medios de comunicaci¨®n, quiz¨¢s por desconocimiento del tema, una visi¨®n distorsionada de la realidad. ?C¨®mo un fiscal jefe puede pedir que se haga una investigaci¨®n sobre algo si no hay indicios de delito? Se abren diligencias para averiguar si hay indicios penales. Pero nunca se act¨²a arbitrariamente ni se vulneran las garant¨ªas constitucionales. Siempre hay que preservar el inter¨¦s p¨²blico y social.

P. ?Qu¨¦ opina de los ataques que han recibido los fiscales de la Audiencia Nacional por defender sus posturas en los temas de ETA y Batasuna?

R. La postura que a veces han adoptado algunos pol¨ªticos y medios de comunicaci¨®n frente a decisiones de organismos constitucionales me parece reprobable. Y no s¨®lo contra fiscales. Tambi¨¦n lo han hecho contra decisiones del Tribunal Supremo. Son cr¨ªticas partidistas que tratan de ofrecer al ciudadano una visi¨®n de las instituciones totalmente mediatizada, que no beneficia a la sociedad y genera crispaci¨®n. Son ataques sectoriales que tratan de servir a sus propios intereses electorales y que siembran un des¨¢nimo en el ciudadano. El caso Otegi puede ser un ejemplo. Cuando el Supremo confirm¨® una sentencia de la Audiencia Nacional, se dijo que el ministerio fiscal hab¨ªa cambiado su postura por la ruptura de la tregua de ETA. Eso no es verdad. Antes de que ETA declarara la ruptura, el fiscal ya hab¨ªa pedido la confirmaci¨®n de la sentencia.

P. Pero en otro reciente caso, la Audiencia Nacional oblig¨® a Otegi a desplazarse a Madrid (lo trajo la polic¨ªa en avi¨®n porque hab¨ªa nieve ese d¨ªa) y lo dej¨® libre sobre la marcha porque el fiscal retir¨® la acusaci¨®n en el juicio... Luego, el tribunal, en la sentencia absolutoria, reprob¨® la actitud del fiscal porque hab¨ªa retirado la acusaci¨®n habiendo indicios de delito.

R. Se sigui¨® el criterio jurisprudencial del Supremo. En iguales condiciones se habr¨ªa absuelto a otras personas.

P. ?Y qu¨¦ pas¨® con el baile de peticiones de pena del fiscal a I?aki de Juana Chaos? Primero pidi¨® 96 a?os de c¨¢rcel, luego bajo su petici¨®n a entre 4 y 12 a?os...

R. No puedo hacer una valoraci¨®n jur¨ªdica de la causa por respeto a los compa?eros. Ignoro esas actuaciones judiciales. Quiz¨¢s primero vieron que cab¨ªa aplicar un tipo agravado y despu¨¦s el fiscal lo valor¨® de otra forma. Eso nos pasa muchas veces. Somos humanos y nos podemos equivocar.

P. Pero de los 96 a?os iniciales a una petici¨®n de entre 4 y 12 hay una gran diferencia interpretativa.

R. Seguro que tiene una justificaci¨®n y que el fiscal no se apart¨® del principio de legalidad.

P. Su colega la fiscal del 11-M, Olga S¨¢nchez, ha recibido muchas cr¨ªticas por no defender la llamada teor¨ªa de la conspiraci¨®n. Tambi¨¦n las han recibido fiscales que han indagado casos de corrupci¨®n en distintos ayuntamientos: Alhaur¨ªn, Telde...

R. Ese es otro ataque a la justicia con fines partidistas y sectoriales. Hemos asistido a una pol¨ªtica de conspiraci¨®n y ataque al sistema en general. Los ataques personales han sido desmedidos y desproporcionados. Ha sido la pol¨ªtica de conspiraci¨®n del PP tras verse relevado de un poder que cre¨ªa le pertenec¨ªa.