Mirando el Estatut
Casos como el del Gobierno del PP en la Comunidad Valenciana, que recurre contra el Estatuto de Autonom¨ªa de Andaluc¨ªa pero con su punto de mira sobre el Estatuto catal¨¢n, son los que alimentan la acusaci¨®n de catalanofobia que desde Catalu?a se lanza contra la actual direcci¨®n del Partido Popular. El Tribunal Constitucional ha cortado de ra¨ªz la maniobra, calificada jur¨ªdicamente de "extravagante", sin siquiera admitir a tr¨¢mite el recurso, pero no est¨¢ en su mano neutralizar el malestar pol¨ªtico que la iniciativa -utilizar un texto legal para montar un ataque dirigido a otro- ha podido dejar tras de s¨ª, especialmente en Andaluc¨ªa y Catalu?a.
El Constitucional ha admitido a tr¨¢mite recientemente un recurso de la Junta de Extremadura contra el Estatuto andaluz por supuesta atribuci¨®n de competencias exclusivas sobre la cuenca del Guadalquivir. Pero se trata de un recurso claro y fundamentado, al margen de c¨®mo sea resuelto. No es el caso del planteado por el Gobierno de la Generalitat valenciana, rebuscado y confuso, que, con el pretexto de obtener del Constitucional una determinada interpretaci¨®n del sistema de financiaci¨®n andaluz, buscaba realmente una declaraci¨®n previa de inconstitucionalidad del sistema de financiaci¨®n establecido en el Estatuto catal¨¢n. Previa, desde luego, a la resoluci¨®n del recurso de inconstitucionalidad planteado por el PP contra este texto y que pudiera prejuzgar su sentido.
El varapalo recibido por el Gobierno valenciano deber¨ªa servir a los populares para rectificar a fondo la estrategia que vienen manteniendo sobre el desarrollo estatutario. Una estrategia que no hace ascos al disparate jur¨ªdico ni a la incongruencia pol¨ªtica si sirven para explicitar a¨²n m¨¢s su animadversi¨®n hacia el Estatuto catal¨¢n, sobre la que la congruencia del PP no parece tener fisuras. El Constitucional puede hacer frente al disparate jur¨ªdico, como el que pretend¨ªa colarle el Gobierno valenciano, pero no est¨¢ entre sus competencias resolver las incongruencias pol¨ªticas, como lo es que el PP haya recurrido por inconstitucionales 30 art¨ªculos del Estatuto catal¨¢n que figuran tal cual en el andaluz.
Pero al menos ha dado pie al PP a explicarse, si lo tiene a bien, tras admitir el escrito presentado al respecto por la Abogac¨ªa del Estado. Y se lo ha dado tambi¨¦n a la Generalitat catalana, principal perjudicada por el recurso, para que convenza al PP de que exponga las razones que le llevan a tachar de inconstitucionales art¨ªculos del Estatuto catal¨¢n que no le plantean ninguna objeci¨®n en otros estatutos ya aprobados o a punto de serlo.
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