El Consell demanda al Ayuntamiento de Oropesa por un PAI que aprob¨® Blasco
La Generalitat rechaza inscribir el plan urban¨ªstico por "manifiestas causas de ilegalidad"
La Generalitat ha presentado una demanda contra el Ayuntamiento de Oropesa por la aprobaci¨®n de un Programa de Actuaci¨®n Integrada (PAI) que cont¨® con el visto bueno de la Consejer¨ªa de Territorio cuando estaba bajo la direcci¨®n de Rafael Blasco. La tramitaci¨®n de este desarrollo urban¨ªstico, ubicado en la zona conocida como Les Ampl¨¤ries, entre Torre La Sal y el complejo de Marina d'Or, fue pol¨¦mica desde el inicio. Ahora, la Generalitat se ha negado a inscribir el programa en el registro auton¨®mico de PAI "por concurrir en el mismo manifiestas causas de ilegalidad".
Antes de presentar la demanda, la Generalitat requiri¨® al Ayuntamiento de Oropesa para que anulara el acuerdo plenario en el que aprob¨® el programa. Sin embargo, el equipo de gobierno del Consistorio, del PP, se limit¨® a remitir documentos que ya obraban en el expediente iniciado por la Administraci¨®n auton¨®mica.
Con la demanda judicial presentada, el tribunal ha enviado un requerimiento al Ayuntamiento de Oropesa para que remita el expediente administrativo completo. El desarrollo urban¨ªstico fue adjudicado al grupo Marina d'Or que, de momento, no ha querido comentar la decisi¨®n del Consell. Seg¨²n la Ley Reguladora de la Actividad Urban¨ªstica, para denegar la inscripci¨®n en el registro de programas, como en este caso, "debe existir una ilegalidad manifiesta", es decir, que se aprecie a simple vista que dicho acto es ilegal.
El programa abarca 350.000 metros cuadrados de superficie y afecta a varios camping, as¨ª como a un edificio. Durante la tramitaci¨®n, el equipo de gobierno oropesino aprob¨® el plan parcial con un informe sobre las v¨ªas pecuarias afectadas en el que el propio t¨¦cnico desvelaba que ¨¦ste era "menos detallado" que un anterior escrito, tras seguir las "instrucciones" del director territorial de Territorio, Jorge Traver. El desarrollo precisaba, adem¨¢s, de una c¨¦dula de urbanizaci¨®n que fue firmada directamente por el director general de Planificaci¨®n y Ordenaci¨®n del Territorio, el posteriormente destituido Pedro Grimalt, ya que la comisi¨®n t¨¦cnica de Urbanismo la hab¨ªa denegado en dos ocasiones.
Fuentes del departamento que entonces dirig¨ªa Rafael Blasco alegaron la capacidad jur¨ªdica que la ley otorga al director general de Planificaci¨®n y Ordenaci¨®n del Territorio para justificar su autorizaci¨®n en contra de los criterios t¨¦cnicos. En cualquier caso, la autorizaci¨®n fue condicionada a la obtenci¨®n del informe de Costas "con car¨¢cter favorable", tal como figura en el documento expedido por Territorio. El informe fue solicitado y, meses despu¨¦s, la direcci¨®n general de Costas inform¨® "desfavorablemente" sobre el plan parcial. Esto no hizo que el Ayuntamiento de Oropesa se echara atr¨¢s y acept¨® como bueno un informe presentado por la propia empresa adjudicataria en el que un catedr¨¢tico sosten¨ªa que el informe de Costas "no tiene car¨¢cter vinculante". Con esa conclusi¨®n, dos d¨ªas despu¨¦s, la secretaria accidental del Ayuntamiento aval¨® la aprobaci¨®n del PAI asumiendo las conclusiones del informe presentado por la propia empresa y, al d¨ªa siguiente, el concejal de Urbanismo, Tom¨¢s Fabregat, dictamin¨® que las condiciones se hab¨ªan cumplido y, por tanto, propuso la aprobaci¨®n definitiva del plan. As¨ª, en mayo de 2006 el Ayuntamiento de Oropesa aprob¨®, de forma definitiva, un plan que ahora es denunciado por la Generalitat.
IRREGULARIDADES DE UN PLAN
El t¨¦cnico de v¨ªas pecuarias recibi¨® instrucciones del director provincial de Territorio en Castell¨®n para que hiciera un informe poco detallado.
El Ayuntamiento de Oropesa dio por bueno un informe de la empresa adjudicataria que desautorizaba al realizado por Costas desfavorable al PAI.
Un director general de Rafael Blasco, entonces consejero de Territorio, firm¨® personalmente la autorizaci¨®n tras la negativa de la comisi¨®n t¨¦cnica.
El PP oropesino aprob¨® el programa, que afecta a 350.000 metros cuadrados, en mayo de 2006.
El Consell, ahora, ha presentado una demanda contra el Ayuntamiento por ese PAI.
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