El Tribunal de Canarias condena a los obispos por investigar la vida de una docente de Religi¨®n

Varapalo a los obispos, pero tambi¨¦n al Tribunal Constitucional. ?sta es la interpretaci¨®n que los afectados dan a la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) -conocida ayer por este peri¨®dico y a¨²n no hecha p¨²blica- sobre el caso de la profesora Mar¨ªa del Carmen Galayo Mac¨ªas. Esta docente de religi¨®n cat¨®lica fue despedida en 2000 por el obispado "por vivir con un hombre que no era su esposo". El pleito lleg¨® en 2002 al TSJC, que plante¨® al Constitucional una posible contradicci¨®n entre los Acuerdos Iglesia-Estado de 1979 y la Constituci¨®n espa?ola de 1978.

El obispado pagar¨¢ indemnizaciones de 16.400 euros por "da?os morales y materiales"

El TSJC estimaba que al menos tres art¨ªculos del Acuerdo sobre Ense?anza y Asuntos Culturales podr¨ªan vulnerar seis art¨ªculos de la Constituci¨®n. El Tribunal Constitucional (TC), en sentencia de la que fue ponente su presidenta, Mar¨ªa Emilia Casas Baamonde, rechaz¨® la cuesti¨®n de inconstitucionalidad, pero dej¨® abierto el proceso iniciado por Galayo.

La opini¨®n del TC fue que, puesto que la ense?anza religiosa va m¨¢s all¨¢ de la transmisi¨®n de unos determinados conocimientos, la capacitaci¨®n para impartirla "puede implicar un conjunto de exigencias" que desborden las limitaciones propias de "una empresa al uso", entre otras que sus docentes destaquen "por su recta doctrina y por el testimonio de su vida cristiana".

Pero el Constitucional no fall¨® en febrero sobre el despido de la profesora Galayo. Sentenci¨® que sobre ese caso concreto lo har¨ªa cuando ¨¦sta presente, "en su caso", un recurso de amparo. Y remiti¨® al TSJC la responsabilidad de resolverlo judicialmente.

Es lo que ocurri¨® ayer, en una larga sentencia de la Sala de lo Social del TSJC, firmada por los magistrados Humberto Guadalupe, Eduardo Jes¨²s Ramos y Mar¨ªa Jes¨²s Garc¨ªa Hern¨¢ndez, ¨¦sta como ponente de la resoluci¨®n.

El fallo estima que el obispado vulner¨® "el derecho fundamental a la intimidad" de Galayo y, en consecuencia, declara "la nulidad radical" de la decisi¨®n de no proponer la renovaci¨®n de su contrato para el curso 2000-2001. El tribunal sostiene, adem¨¢s, que por esa "agresi¨®n a los derechos fundamentales" de la docente, el obispado es merecedor "no s¨®lo de una sanci¨®n econ¨®mica" -por dejar de pagar un sueldo-, sino tambi¨¦n de una "sanci¨®n moral por reprobar la vida ¨ªntima y por condenar a la actora casi a la indigencia".

La condena obliga, en consecuencia, al episcopado a "proponer la contrataci¨®n" de la docente para el curso 2000-2001, pero "resultando imposible su cumplimiento por razones temporales, a indemnizar" a la despedida con 10.385,49 euros "por da?os materiales" y a otros 6.010,12 euros "por da?os morales".

La sentencia recoge los argumentos del Constitucional de febrero pasado, pero sostiene su propia teor¨ªa. Es m¨¢s, aceptando como bueno lo dictado por el TC, como no pod¨ªa ser de otra forma, en un momento dado proclama lo siguiente: "Nuestra resoluci¨®n del caso no coincidir¨¢ estrictamente con ninguna de las opciones apuntadas" [por el Constitucional].

El TSJC recurre sobre todo a la carta manuscrita que el obispo envi¨® a la profesora Galayo sobre el despido. Escribe el prelado: "Nos ha llegado una informaci¨®n debidamente contrastada de una situaci¨®n irregular que de acuerdo con las normas de la CEE [Conferencia Episcopal Espa?ola], del CIC [C¨®digo de Derecho Can¨®nico] y del S¨ªnodo, nos impide otorgarte la DEI [Declaraci¨®n de Idoneidad Eclesi¨¢stica]. Soy consciente del que el tuyo no es caso ¨²nico. Pero te aseguro que en la medida que vayamos obteniendo informaci¨®n debidamente verificable seguiremos el mismo criterio [contra otros docentes]. Son normas que no hemos inventado nosotros y que debemos cumplir en el Evangelio y en la Iglesia. Sabr¨¢s comprenderlo y asumirlo siempre que sepas ser cristiana y no limitarte a buscar un empleo en lugar de a realizar un ministerio".

Ese vivir en pecado que se?ala el obispado puede justificar un despido, sostiene la sentencia en consonancia con el TC. Pero no puede justificarlo que el obispado indague en la vida privada para averiguar qui¨¦n vive en pecado y qui¨¦n no. Dicen los magistrados: "La Iglesia s¨®lo podr¨¢ penetrar en la esfera de la intimidad personal y familiar del profesor cuando se trate de conductas ¨ªntimas con trascendencia externa. La exigencia al profesor de religi¨®n como servidor de un ministerio y no mero empleado no otorga patente de corso a la Iglesia para, bajo el auspicio de criterios estrictamente religiosos, injerirse en su vida privada".

La profesora Galayo ense?¨® catolicismo en diversos centros p¨²blicos de primaria desde el curso 1990-1991. En octubre de 2000, el obispado le comunic¨® que perd¨ªa el trabajo por mantener una relaci¨®n con un hombre distinto de su esposo, del que ya estaba legalmente separada. El pleito que plante¨® en aquel momento no le devolvi¨® su empleo. Tampoco lo har¨¢ ahora, pese a haber ganado.

Ayer daba por seguro que el obispado recurrir¨¢ al Supremo. Si pierde, ella lo har¨¢ despu¨¦s, en amparo, al Constitucional. Es decir, no habr¨¢ soluci¨®n a su pleito hasta dentro de siete o m¨¢s a?os. Aun entonces es poco probable que pueda volver a ense?ar religi¨®n cat¨®lica. Pese a estar contratados y pagados por el Estado, la elecci¨®n de este tipo de docentes ha de efectuarse entre los que han sido declarados "id¨®neos" por las autoridades eclesi¨¢sticas para cada curso escolar. Sin esa DEI, nadie sobrevive como profesor de religi¨®n, sentenci¨® el TC.