No violar¨¢s la intimidad

El caso de la profesora de religi¨®n cat¨®lica Mar¨ªa del Carmen Galayo, despedida en 2000 "por vivir con un hombre que no era su esposo", y a la que el Tribunal Superior de Justicia de Canarias acaba de reconocer el derecho a ser indemnizada por considerar que la Iglesia vulner¨® su derecho a la intimidad, ilustra a la perfecci¨®n el disparatado embrollo jur¨ªdico sobre el que se asienta la ense?anza religiosa en Espa?a. Un embrollo que deriva de las dificultades de convivencia con la Constituci¨®n de 1978 que plantean los Acuerdos Iglesia-Estado, negociados y firmados deprisa y corriendo durante 1979 en sustituci¨®n del Concordato franquista con la Santa Sede de 1953.

El Tribunal Superior de Canarias ha remitido a la Iglesia espa?ola una especie de mandamiento en forma de resoluci¨®n judicial para que lo cumpla respecto de sus profesores de religi¨®n: no violar¨¢s su intimidad. Desgraciadamente, ese cumplimiento s¨®lo tendr¨¢ un coste econ¨®mico, 16.400 euros, que, en este caso, no ir¨¢ siquiera a cargo de la Iglesia, sino del Estado.

La sentencia se produce despu¨¦s de que el Constitucional avalara recientemente tanto la facultad de los obispos para designar a los profesores de religi¨®n como el deber de ¨¦stos a atenerse a un c¨®digo moral de conducta, cuya vulneraci¨®n puede ser causa de despido, a pesar de estar contratados y pagados por el Estado. Lo que no es contradictorio, seg¨²n el Constitucional, con que las decisiones de los obispos sobre estos profesores, sometidos a causas de despido ajenas a la legislaci¨®n laboral, puedan ser objeto de control por parte de los tribunales del Estado.

Ha sido precisamente en ese control donde el Tribunal Superior de Canarias ha observado una actividad indagatoria por parte de su obispo en la vida privada de la profesora despedida que constituye un atentado a su intimidad. Su despido por vivir con un hombre que no es su marido puede estar justificado, seg¨²n la doctrina del Constitucional, pero investigar esa conducta no es admisible, se?ala el tribunal canario en una sentencia que pretende proyectar un m¨ªnimo de racionalidad sobre el descabellado r¨¦gimen laboral de los profesores de religi¨®n. Protegiendo a estos docentes, la justicia pone un dique de contenci¨®n al foco de confesionalismo que infecciona por completo al sistema educativo espa?ol.