El juez rechaza los argumentos de Roca en contra de la Junta
Torres sostiene que los convenios no eran impugnables porque no ten¨ªan virtualidad
Cinco d¨ªas antes de dejar la instrucci¨®n del caso Malaya, el juez Miguel ?ngel Torres dict¨® un auto en el que rechaza los argumentos de la defensa del principal imputado en la causa, Juan Antonio Roca, sobre la supuesta anuencia de la Junta con los convenios que ¨¦l negoci¨®. El juez recuerda que ¨¦stos no ten¨ªan virtualidad porque nunca se aprob¨® la revisi¨®n del PGOU y que si se impugnaron o no licencias de obra "carece de trascendencia a efectos penales".
La defensa de Roca siempre ha sostenido que la Junta conoc¨ªa y no puso objeciones a los contenidos de los convenios urban¨ªsticos firmados por promotores y el Ayuntamiento de Marbella que contraven¨ªan el Plan General de Ordenaci¨®n Urbana (PGOU) vigente, y as¨ª lo ha declarado en las numerosas causas por delito urban¨ªstico en la que est¨¢ imputado.
En el auto dictado el pasado 25 de julio, el juez Miguel ?ngel Torres sostiene que no hab¨ªa motivo para impugnarlos. "En los casos de los numerosos convenios de planeamiento, la eficacia de los mismos se subordinaba a su inclusi¨®n en la revisi¨®n del plan [PGOU], y sin embargo en muchos casos se ha concedido la licencia sin que se haya aprobado el nuevo plan. En otros casos se han firmado los convenios y se han ratificado sin conocimiento de nadie, y en cualquier caso, careciendo de eficacia, siendo un mero contrato, no tienen virtualidad alguna por lo que no existe raz¨®n para su impugnaci¨®n per se", afirma el juez.
El magistrado adem¨¢s deslinda con claridad las imputaciones contra Roca del control de la legalidad ejercido por la administraci¨®n auton¨®mica en Marbella. "Los tipos penales imputados al se?or Roca no exigen que la Junta de Andaluc¨ªa haya impugnado o no las licencias, y se hayan impugnado o no las mismas, dicha circunstancia carece de trascendencia a efectos penales".
En la resoluci¨®n, el juez sostiene tambi¨¦n que el hecho de que se vayan a legalizar numerosas viviendas en Marbella no exculpa a quienes dieron las licencias ilegales. Afirma que las administraciones se han visto "obligadas" a hacerlo "como mal menor" porque las casas ya estaban ocupadas y concluye: "Esa legalizaci¨®n impuesta no puede servir para exculpar a quienes habr¨ªan causado grandes males al conjunto de la poblaci¨®n imponiendo de facto, a su libre albedr¨ªo, en su propio beneficio y al margen de la legalidad, un nuevo modelo de ciudad".
En el auto en cuesti¨®n, el juez deniega por segunda vez la realizaci¨®n de algunas diligencias solicitadas por la defensa de Roca para probar su inocencia. A principios de junio pidi¨® al instructor que solicitara al Ayuntamiento de Marbella un certificado con todos los acuerdos adoptados por la comisi¨®n de gobierno y el pleno sobre convenios urban¨ªsticos y licencias relacionados con los promotores imputados en la causa con el prop¨®sito de demostrar que el presunto cerebro de la trama de corrupci¨®n "no ha tenido participaci¨®n alguna" en ellos y que no cabr¨ªa por ello mantener la imputaci¨®n de cohecho. Tambi¨¦n ped¨ªa que tomara declaraci¨®n de nuevo a los ex concejales y a los promotores imputados y se sometieran a careos con Roca.
El juez deneg¨® la realizaci¨®n de las diligencias solicitadas, decisi¨®n que fue recurrida por la defensa de Roca y nuevamente rechazada por Torres en el auto del 25 de julio. En la resoluci¨®n, el magistrado afirma que es "evidente" que Roca no era concejal y que "no hace falta pedir los decretos o acuerdos para saber que ¨¦l no firmaba o votaba", e insiste en que est¨¢ procesado "por ser la persona que mandaba en la sombra, que decid¨ªa en su propio beneficio en materia de urbanismo, con quien los promotores ten¨ªan que tratar, limit¨¢ndose los concejales a ratificar lo que ven¨ªa acordado de planeamiento". El juez sostiene que la imputaci¨®n de cohecho a Roca se sustenta en que actu¨® tanto como cargo p¨²blico que solicit¨® d¨¢divas a empresarios, como "particular que paga a los funcionarios" (reparto entre los concejales de parte del dinero recibido de los promotores para que votaran a favor de las licencias o convenios).
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