Dos imputaciones y un archivo

Francisco Tarazona, alcalde de Riba-roja, ha logrado sacar adelante el PAI tras sortear la causa judicial en la que fue imputado. En abril de 2005 se anunci¨® la operaci¨®n urban¨ªstica con el ValenciaCF tras unas conversaciones en las que el alcalde fue uno de los interlocutores directos del presidente Soler. Al poco tiempo trascend¨ªa que parcelas propiedad de los Tarazona estaban pr¨®ximas al PAI de Porxinos. La oposici¨®n en Riba-roja apel¨® a la existencia de intereses familiares para evitar que el alcalde y otros dos concejales, sobrinos suyos, apoyasen en el pleno el proyecto. No fue posible y el PAI, que recibi¨® cientos de alegaciones, se aprob¨® de forma provisional con el informe negativo de la Confederaci¨®n Hidrogr¨¢fica del J¨²car. Fue en junio de 2005.

La oposici¨®n socialista se querell¨® contra el alcalde y parte de su familia por supuestos delitos de prevaricaci¨®n, tr¨¢fico de influencias, malversaci¨®n, fraude e informaci¨®n privilegiada. El PSPV argument¨® en su denuncia que "alrededor de la gesti¨®n urban¨ªstica municipal se ha tramado una red de inmobiliarias y empresas dedicadas directa e indirectamente al urbanismo y a la compraventa de inmuebles que tiene su centro en el alcalde y se ramifica a los familiares m¨¢s directos de ¨¦ste".

Tarazona gan¨® la batalla legal cuando en abril de este a?o el titular del Juzgado de Instrucci¨®n n¨²mero 5 de Ll¨ªria archiv¨® la querella.

No ha sido la ¨²nica causa judicial en la que se ha visto inmerso. Tarazona fue imputado hace unos meses por un supuesto delito de cohecho tras la confesi¨®n de un constructor, que le acus¨® de pedirle 7,8 millones de euros en concepto de "donaci¨®n" al ayuntamiento como paso previo a aprobarle un PAI.

Imputado por partida doble, Tarazona se decidi¨® poco antes de elecciones a enviar 20.000 cartas a los vecinos rechazando las acusaciones.