El Supremo absuelve a un detective que intent¨® comprar datos secretos

El Tribunal Supremo ha absuelto a un detective que intent¨® comprar datos reservados de la Seguridad Social, por lo que fue condenado en 2006 a dos a?os y medio de prisi¨®n. El Supremo s¨ª ha ratificado la condena a cuatro a?os y medio de prisi¨®n a la funcionaria de la Seguridad Social que vend¨ªa datos sensibles tanto al detective como a un agente del Cesid, que le pagaba 420 euros al mes por la informaci¨®n.

El magistrado ponente de la sentencia del Supremo, Perfecto Andr¨¦s Ib¨¢?ez, utiliza un voto particular parcialmente discrepante para subrayar el "contexto de irregularidades y omisiones" en el que se desarroll¨® la investigaci¨®n: el funcionario del Cesid ni siquiera lleg¨® a ser encausado por un posible delito de cohecho, y el detective que intent¨® sobornar a un funcionario y suministr¨® datos sensibles de la Seguridad Social a dos empresas ha tenido que ser absuelto.

En febrero de 2001, el detective Arturo R. A. propuso a un directivo de la Seguridad Social que le proporcionara datos de vidas laborales, grupos de cotizaci¨®n, domicilios y datos privados de personas, a cambio de 4.000 pesetas (24 euros) por cada ficha personal si la informaci¨®n la entregaba en cinco d¨ªas, y de 5.000 (30 euros) si lo hac¨ªa en un plazo menor. El funcionario abordado no s¨®lo no acept¨®, sino que denunci¨® los hechos.

Siguiendo la pista de la denuncia, e investigando las llamadas hechas desde los tel¨¦fonos del detective, la Brigada de Delitos Econ¨®micos de la Polic¨ªa constat¨® que un empresarop de San Mart¨ªn de la Vega y una tal "Eva" , consejera de una empresa de Madrid, ped¨ªa al detective datos reservados de diferentes personas, y que el detective trasladaba las solicitudes a una funcionaria de la Tesorer¨ªa de la Seguridad Social, Mar¨ªa Isabel B. S.

La funcionaria fue detenida y confes¨® que durante 2001 hab¨ªa proporcionado a Juan G., funcionario del Ministerio de Defensa y agente del Cesid (el actual Centro Nacional de Inteligencia) informaci¨®n reservada a cambio de una compensaci¨®n de 70.000 pesetas al mes, primero en mano y luego por transferencia bancaria.

Pero al juzgar los hechos, la Audiencia de Madrid constat¨® que el juez instructor hab¨ªa incurrido en una irregularidad que viciaba la mayor parte de las pruebas obtenidas: en el mismo "auto" de incoaci¨®n de diligencias, el instructor hab¨ªa autorizado a la Polic¨ªa a extraer los listados de llamadas de los tel¨¦fonos del detective. El tribunal consider¨® que no se hab¨ªa producido un tratamiento individualizado de la petici¨®n policial ni tampoco un estudio previo a la decisi¨®n, y determin¨® que tal resoluci¨®n no era constitucionalmente apta y viciaba las resoluciones posteriores. La Audiencia de Madrid conden¨®. gracias a su confesi¨®n, a la funcionaria Mar¨ªa Isabel B. S. a cuatro a?os y medio de prisi¨®n por revelaci¨®n de secretos - pena confirmada ahora por el Supremo- y al detective a dos a?os y medio de c¨¢rcel por tentativa de revelaci¨®n de secretos.

Sin embargo, el Supremo ha tenido que absolver ahora al detective, al llegar a la conclusi¨®n de que su tentativa fue "ineficaz" y, por tanto, "impune". El Supremo se queja de que la conducta del detective tendr¨ªa que haber sido calificada de "cohecho", pero "incomprensiblemente", nadie le acus¨® de ese delito.