Una urbanizaci¨®n de Orihuela contrata a vigilantes privados pese a ser ilegal

La urbanizaci¨®n Dehesa de Campoamor (5.500 casas), en la costa de Orihuela, contrata vigilancia privada pese a que el Gobierno declar¨® ilegal la medida en 2005 por ser un espacio p¨²blico. Un grupo de propietarios rechaza el pago de las cuotas por un servicio asumido por el Ayuntamiento en 1998. El alcalde en funciones, Antonio Rodr¨ªguez, del PP, admite que la entidad urban¨ªstica no "tiene raz¨®n de ser porque prestamos todos los servicios". El presidente de la entidad justifica la iniciativa en el "deficiente" servicio de la Polic¨ªa Local y la "elevada" inseguridad en la zona.

La Urbanizaci¨®n Dehesa de Campoamor es el n¨²cleo poblacional m¨¢s destacado de la costa oriolana, con 20.000 residentes en verano. La entidad urban¨ªstica que gestionaba el complejo qued¨® vac¨ªa de contenido en 1998, cuando el Ayuntamiento de Orihuela recepcion¨® la obra. Desde ese fecha, seg¨²n consta en un certificado emitido por el secretario, el Consistorio presta todos los servicios, incluida la "seguridad ciudadana mediante miembros de la Polic¨ªa Local".

La entidad urban¨ªstica, amparada en un auto del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, que estimaba parcialmente su recurso contra el acuerdo de disoluci¨®n decretado por el pleno en 2002, mantiene su actividad. Entre otras iniciativas acord¨® contratar un servicio de seguridad privada con la firma Securitas. El Gobierno, mediante una resoluci¨®n del 25 de mayo de 2005, declar¨® ilegal el servicio "por el car¨¢cter p¨²blico de los espacios en los que se presta".

Pese al veto del Ministerio del Interior, la entidad ha vuelto a contratar la misma empresa en este caso para desempe?ar misiones de "de custodia de llaves". La Direcci¨®n General de la Polic¨ªa tambi¨¦n cree ilegal ese servicio y el pasado 7 de julio cerr¨® un expediente con una propuesta de 6.300 euros de multa a la empresa.

Por la partida de vigilancia privada, la entidad pas¨® a cobro a los propietarios un total de 483.000 euros en 2006. Esta misma cifra se incluye en la propuesta de presupuesto para el nuevo ejercicio, seg¨²n consta en la convocatoria para la asamblea de propietarios prevista para el pr¨®ximo s¨¢bado.

El presidente de la entidad, Jos¨¦ Rafael Ayuso, justifica la medida "en el deficiente servicio de la Polic¨ªa Local y la elevada inseguridad de la zona", matiza. Ayuso se?ala que los vigilantes se limitan a colaborar con la polic¨ªa y "est¨¢n siempre en sitios fijos". Y minimiza al colectivo de copropietarios que rechazan la vigilancia privada en la urbanizaci¨®n: "Son una minor¨ªa", dice.

La puesta en marcha del servicio de vigilancia privada en la Dehesa de Campoamor acarre¨® la oposici¨®n de un grupo de copropietarios de la urbanizaci¨®n (el 40% del total), que denunci¨® la medida a la Administraci¨®n. "Estamos pagando la seguridad en una zona p¨²blica por partida doble, de un lado con los impuestos al Ayuntamientos y por otro con las cuotas que nos impone la entidad urban¨ªstica que muchos abonan por miedo a ser condenados por morosos", se?ala el portavoz del colectivo. "No es cierto que los vigilantes est¨¦n en puntos fijos. Act¨²an en cualquier lugar de la urbanizaci¨®n y como polic¨ªas", a?ade.

El alcalde en funciones de Orihuela ratific¨® ayer que "oficialmente para el Ayuntamiento la entidad urban¨ªstica no existe, y por tanto no puede cobrar por servicios que prestamos nosotros". "La supuesta falta de polic¨ªas o la inseguridad no es excusa para mantener un servicio privado, que adem¨¢s ya ha prohibido el Gobierno". Rodr¨ªguez se?al¨® que antes de finalizar el a?o se celebrar¨¢ un pleno para acordar la disoluci¨®n definitiva de la entidad urban¨ªstica colaborada.