Las cuentas y la tribu

En las ¨²ltimas semanas, dos se¨ªsmos leves pero intensos, como corresponde a la idiosincrasia de la tribu, se registraron en Galicia: la divulgaci¨®n de los informes del Consello de Contas (que afectan, sobre todo, a la Cidade da Cultura) y la pol¨¦mica abierta sobre la organizaci¨®n pol¨ªtico-administrativa del pa¨ªs (las ¨¢reas metropolitanas). Cada uno de ellos, en su escala, revelan un d¨¦ficit democr¨¢tico de nuestra vida social y pol¨ªtica. Vayamos por partes.

En cualquier empresa privada se sabe que hay unas condiciones e incluso un tiempo en la vida diaria de las compa?¨ªas en las que aparecen unos se?ores de gafas, corbata y calculadora que exigen levantar todas las alfombras contables y que durante su presencia todo gira en funci¨®n de saciar su curiosidad legal y administrativa. Son los auditores. En todas las organizaciones sanas y sensatas se acaba asumiendo que son un imperativo legal con el que hay que cumplir a?o a a?o y que constituyen la garant¨ªa, no s¨®lo ante las autoridades sino tambi¨¦n ante los accionistas, de que las cosas se hacen bien. Por eso llama la atenci¨®n la dilaci¨®n en el tiempo y la escasa fuerza legal directa que tienen los informes del Consello de Contas y que acaba constituyendo, de hecho, la impunidad m¨¢s absoluta para las chorizadas de los gestores pol¨ªticos. Es escalofriante comprobar el absoluto desprecio por la legalidad administrativa y por el sentido com¨²n con que se gestion¨® desde la Xunta del PP la Cidade da Cultura, pero m¨¢s pavor causa el retraso con que llegan a conocimiento p¨²blico los informes del Consello. Ninguno de los cuatreros pol¨ªticos que urdieron la malversaci¨®n ocupa hoy sus puestos y, lo que es peor, el mal es irreversible.

Las obras del monte Gai¨¢s no se pueden desmontar ni exigir a los proveedores la devoluci¨®n del dinero a no ser por intrincados mecanismos jur¨ªdico-pol¨ªticos que acabar¨¢n, sin duda, en la insolvencia e irresponsabilidad de los ejecutantes del chanchullo. Llama la atenci¨®n que haya tenido que ser un sindicato (CIG) el que haya demandado la intervenci¨®n de los tribunales en el asunto. Es algo as¨ª como si los controles de alcoholemia se nos hiciesen a los conductores al llegar a destino y los datos se publicasen dos a?os despu¨¦s. Tampoco se entiende la pretendida cortes¨ªa institucional del actual gobierno, que evita protagonizar la denuncia del atropello, m¨¢s all¨¢ de las declaraciones de prensa y de gestionar con estoicismo y resignaci¨®n las consecuencias del m¨¢s que presunto desfalco.

Quiz¨¢s todo esto tenga que ver con una ideolog¨ªa utilitarista del poder. Los partidos y los pol¨ªticos profesionales parecen incapacitados para articular y planificar modelos de gesti¨®n alternativos y eficaces para ejercer el poder p¨²blico adem¨¢s de ocuparlo. Por eso resulta llamativo la ausencia de alternativas claras y elaboradas para las provincias y diputaciones ?Para qu¨¦ sirve una diputaci¨®n provincial adem¨¢s de para repartir pasta que bien podr¨ªan administrar los municipios y gobiernos aut¨®nomos? ?C¨®mo se entiende la disputa de patio de colegio en la que se han enzarzado los responsables pol¨ªticos a prop¨®sito de las ¨¢reas metropolitanas? La discusi¨®n pol¨ªtica avanza por dos territorios especialmente perversos: el reparto del poder y el localismo tribal, posiblemente junto con la dependencia econ¨®mica y pol¨ªtica de Galicia, la mayor lacra que explica nuestro d¨¦ficit hist¨®rico y falta de autoestima ?Por qu¨¦ no se habla m¨¢s de comarcalizaci¨®n siendo las comarcas unidades m¨¢s naturales de organizaci¨®n administrativa y territorial? Quiz¨¢s lo peor de todo sea comprobar que ni siquiera se han parado previamente a pensar en ello.

Es urgente que se articulen y sofistiquen, incluso, los mecanismos de control del dinero p¨²blico, y resulta intolerable que circulen por la vida pol¨ªtica bocazas que no hacen m¨¢s que pelear por el ¨¢mbito de su poder y no por la racionalidad de la gesti¨®n de la vida p¨²blica. Los habitantes de la tribu necesitamos que la tribu funcione bien y honradamente.