?Controlar Internet?

A finales de los a?os sesenta, la Agencia de Proyectos Avanzados (ARPA), dependiente del Ministerio de Defensa de los Estados Unidos, recibi¨® el encargo de crear una red de comunicaci¨®n que pudiera estar operativa, incluso ante un desastre de grandes dimensiones. As¨ª apareci¨®, Arpanet, en 1969. En ella est¨¢n los protocolos b¨¢sicos que utiliza Internet hoy en d¨ªa. Progresivamente, Arpanet se fue haciendo p¨²blica. Unos a?os m¨¢s tarde, en 1990, aparecer¨ªa la popular World Wide Web (www) y en 1992 se crea la Internet Society, organismo que la administra, y se abre un nuevo horizonte al que se ir¨ªan asomando poco a poco los ciudadanos del planeta. Ya en 2006 alcanz¨® los 1.100 millones de usuarios, y se prev¨¦ que en diez a?os la cantidad de navegantes de la Red aumentar¨¢ a 2.000 millones, y aunque el comercio electr¨®nico se encuentra en una fase muy primaria, su explosi¨®n es cuesti¨®n de tiempo. Esos 2.000 millones de potenciales consumidores son un poderoso aliciente.

Qui¨¦n dir¨ªa que, en algo m¨¢s de una d¨¦cada, Internet movilizar¨ªa a la opini¨®n p¨²blica mundial contra los proyectos belicistas del Gobierno del pa¨ªs que fuera su creador, los EE UU. Sin embargo, as¨ª fue. Internet se volvi¨® pacifista y los d¨ªas 2 y 3 febrero de 2003, por primera vez en la historia, tuvieron lugar una serie de manifestaciones a nivel universal contra los planes de guerra de George Bush para Irak.

Pero lo inquietante, de ¨¦ste y otros acontecimientos, es que no fueron promovidos por ninguna fuerza social convencional, sino por plataformas c¨ªvicas que comparten un mismo proyecto surgido desde cualquier punto de la red, y act¨²an como si se tratara de una mente colectiva. Es innegable que hoy en d¨ªa en torno a Internet est¨¢ surgiendo una nueva categor¨ªa de luchadores por los derechos civiles, que, descontentos con la gesti¨®n que se est¨¢ haciendo de los intereses colectivos, denuncian la democracia representativa por insuficiente y piden m¨¢s participaci¨®n; son conscientes de que las nuevas tecnolog¨ªas lo posibilitan, y est¨¢n tomando la iniciativa.

Sin duda, hoy en d¨ªa las tecnolog¨ªas de la informaci¨®n y la comunicaci¨®n est¨¢n generando una redefinici¨®n radical del funcionamiento de la sociedad, similar al momento en que la humanidad alcanz¨® la luz de la raz¨®n, liber¨¢ndose de la cultura b¨ªblica del medioevo, que le llevar¨ªa al taylorismo de la era industrial, "la mano de obra" que sucumbe ante el informacionalismo que nos conduce a la sociedad del conocimiento. Ahora, al igual que en el Ancien R¨¦gime, se defiende, regulando y prohibiendo. Pero a diferencia de entonces, ahora los cambios son r¨¢pidos y profundos y nadie a ciencia cierta sabe ad¨®nde nos dirigimos.

Esta incertidumbre genera resistencia entre los poderes tradicionales. Un ejemplo son los derechos de autor: sus titulares se han sentido defraudados y desamparados y reclaman un mayor apoyo social para que no muera la cultura. Sin embargo, desde el otro extremo se sostiene que nunca la m¨²sica o el cine han estado m¨¢s vivos que ahora -y desde luego nunca ha sido m¨¢s f¨¢cil el acceso a la cultura- y reclaman otras iniciativas, como las licencias copylef que permiten la reproducci¨®n de una obra para uso personal y su difusi¨®n sin fines comerciales. Sus patrocinadores sostienen que, a diferencia del copyright, que mira a la cultura como pura mercader¨ªa, el copylef encuentra su fundamento en la creatividad y en el acceso al conocimiento y la cultura.

La Ley de Propiedad Intelectual, y el proyecto de Ley de Impulso de la sociedad de la Informaci¨®n, parten del car¨¢cter de defensa. As¨ª, la primera, adem¨¢s de restringir el derecho a la copia privada y de cita, impone un canon compensatorio por lucro cesante, y la segunda quita a los jueces la exclusividad para retirar contenidos de las p¨¢ginas web, y por dos veces se ha intentado introducir un procedimiento sin precedentes en el Derecho espa?ol y no informado por el Consejo General del Poder Judicial, a pesar de afectar a las competencias judiciales. Es el llamado procedimiento "de notificaci¨®n y retirada", es decir, una aut¨¦ntica patada digital, ya que habilita a las gestoras de derechos de autor para que, sin declaraci¨®n judicial alguna, tras unas simples notificaciones, puedan exigir a los proveedores de Internet que retiren los contenidos de las p¨¢ginas que albergan.

Sin embargo, el lobby que defiende ese intervencionismo lo justifica en la necesidad de paliar la lentitud judicial. Pero, en realidad, lo que teme no es el retraso judicial en s¨ª, sino que los jueces, como ya viene ocurriendo, se nieguen a cerrar las p¨¢ginas web si no se acredita un fin comercial. Por otra parte, esa pretendida lentitud se resuelve mediante la creaci¨®n de m¨¢s juzgados, pero no eliminando las garant¨ªas de los ciudadanos.

Nadie duda de la necesidad de restablecer el equilibrio entre el derecho individual de autor y el derecho colectivo a la cultura, sino del procedimiento elegido. Y se recuerda la directiva 2000/31/CE que aconseja "pactar c¨®digos de conducta". Tambi¨¦n ser¨ªa deseable bajar los precios de los productos, ya que el salario m¨ªnimo es de 570 euros.

En conclusi¨®n, estamos ante un momento de cambio de paradigma en el que lo viejo intenta poner trabas al futuro que ya est¨¢ aqu¨ª, de manos de Internet, y por eso quiere controlar la red. Pero Internet se basa en el principio de intercambio libre de informaci¨®n. Los militares norteamericanos engendraron un monstruo llamado Internet. No dejemos ahora que nadie lo domestique.

Pedro Mart¨ªnez es teniente fiscal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid.