"Me dijeron que abortar es un delito"

Siente que el mundo se le viene encima. Desde hace tres semanas tiene un nudo en el est¨®mago que no se quita con nada. No consigue dormir. Leny est¨¢ embarazada y no puede tener al beb¨¦. Hace s¨®lo cinco meses que vive en Espa?a y no tiene dinero ni trabajo. Adem¨¢s su marido, con el que lleg¨® desde Bolivia, la ha dejado al enterarse de su embarazo. "T¨² ver¨¢s lo que haces', me dijo, y se march¨®", cuenta con l¨¢grimas en los ojos.

En Espa?a, s¨®lo el 3% de las mujeres que abortan logran hacerlo en hospitales p¨²blicos

"La desinformaci¨®n esconde a veces una ideolog¨ªa antiabortista", afirma Luisa Torres

P¨¢lida y algo despeinada agarra con fuerza su bolso mientras aguarda en la sala de espera de una cl¨ªnica privada de Madrid. Est¨¢ sola. Ha llegado hasta all¨ª despu¨¦s de varios d¨ªas de peregrinaje intentando ejercer su derecho a abortar. "Cuando decid¨ª que no pod¨ªa tener al ni?o fui al m¨¦dico de cabecera para preguntar d¨®nde deb¨ªa ir, pero me dijo que abortar es un delito en Espa?a. No tengo papeles y tuve miedo de que me metieran presa. No he vuelto a aparecer por ah¨ª", explica a¨²n un poco asustada.

Como a Leny, para muchas mujeres abortar se convierte en una odisea. Se enfrentan a la falta de informaci¨®n, al hecho de que el aborto, 22 a?os despu¨¦s de su despenalizaci¨®n, sigue siendo tab¨², y a la dificultad de ejercer este derecho en la sanidad p¨²blica. S¨®lo el 3% de las interrupciones voluntarias del embarazo se hace en hospitales p¨²blicos, y seis comunidades -Navarra, Extremadura, Murcia, Castilla y Le¨®n, Castilla-La Mancha y Andaluc¨ªa- no tienen ninguno que las realice. El problema es que, aparentemente, los m¨¦dicos objetan.

Despu¨¦s del jarro de agua fr¨ªa que hab¨ªa recibido, Leny no sab¨ªa d¨®nde ir. "Una amiga me dijo que fuese a C¨¢ritas, pero all¨ª me explicaron que me pod¨ªan ayudar en otras cosas, pero no en eso. Me volvieron a repetir que abortar es un delito", asegura esta mujer de 28 a?os. "Me extra?a que le hayan dicho eso", dice una portavoz de C¨¢ritas. "Nosotros no analizamos la parte legislativa del tema. Lo que hacemos es proponerle que cambie de opini¨®n y ofrecerle alternativas. Independientemente de si el aborto est¨¢ legalizado o no nosotros creemos en la familia", sigue.

Alguien le dio varios n¨²meros de tel¨¦fono de informaci¨®n del Ayuntamiento de Madrid y decidi¨® llamar. Una vez m¨¢s no obtuvo la respuesta que necesitaba. "Llam¨¦ al 010 y me dijeron que abortar est¨¢ prohibido", dice con los ojos muy abiertos. Este peri¨®dico ha intentado, sin ¨¦xito, recabar la versi¨®n de los responsables de este servicio municipal.

Leny sigui¨® llamando a otros n¨²meros y despu¨¦s de varios intentos consigui¨® el tel¨¦fono y la direcci¨®n de una cl¨ªnica privada. "Decid¨ª ir all¨ª para preguntar el precio. Tengo muchas deudas del viaje a Espa?a. Llegu¨¦ a pensar hasta en tomar pastillas para ver si abortaba. Aqu¨ª no tengo a nadie", explica entre l¨¢grimas.

"Despu¨¦s de estudiar su caso vimos que su intervenci¨®n pod¨ªa cubrirla la seguridad social", dice Luisa Torres, portavoz de la Cl¨ªnica Dator, el centro al que Leny acudi¨®. Torres lleva m¨¢s de 20 a?os trabajando con mujeres que quieren someterse a interrupciones voluntarias del embarazo. Cuando en Espa?a abortar estaba prohibido organizaba viajes a Londres o a Amsterdam. Sin embargo, para ella el tema a¨²n no est¨¢ normalizado. "Adem¨¢s de la objeci¨®n de conciencia, hay mucha falta de informaci¨®n por parte de los m¨¦dicos de atenci¨®n primaria y los trabajadores sociales. A veces es verdaderamente por desconocimiento pero otras, esa desinformaci¨®n esconde la ideolog¨ªa anti-abortista del profesional", asegura. Adem¨¢s, en el caso de las mujeres inmigrantes a¨²n es m¨¢s complicado. "Utilizar la legalidad las hace m¨¢s vulnerables, suelen carecer de una red social para contrastar la informaci¨®n que se les ha dado", asegura.

Para Eva Rodr¨ªguez Armario, presidenta de la Asociaci¨®n de Cl¨ªnicas Acreditadas para la Interrupci¨®n del Embarazo, la falta de informaci¨®n y, sobre todo de formaci¨®n, es un gran obst¨¢culo. "La sanidad p¨²blica no forma a los profesionales en el aborto. No se incluye en el programa educativo de m¨¦dicos, enfermeros o trabajadores sociales, ni en la especialidad de ginecolog¨ªa", explica. La ley que regula la interrupci¨®n voluntaria del embarazo bajo tres supuestos -grave riesgo para la salud f¨ªsica o ps¨ªquica de la madre, violaci¨®n y malformaci¨®n del feto- es "extremadamente ambigua", dice.

F¨¢tima (nombre supuesto), tambi¨¦n sufri¨® esa falta de informaci¨®n. Esta marroqu¨ª de 30 a?os tiene un embarazo de alto riesgo. Hace tan s¨®lo 12 meses tuvo a su segundo hijo y la cicatriz de la ces¨¢rea que le hicieron a¨²n le molesta. "El primero tambi¨¦n lo tuve por ces¨¢rea y no quiero volver a arriesgarme", explica. Su aborto tambi¨¦n es de alto riesgo, est¨¢ de 20 semanas, y sin embargo hasta que recurri¨® a un trabajador social para preguntarle por otro tema no supo que la Comunidad de Madrid pod¨ªa cubrirle la intervenci¨®n en una cl¨ªnica privada. "Ya estaba pensando en c¨®mo conseguir el dinero. Una amiga me aconsej¨® que tomara una p¨ªldora que te hace abortar, pero tuve miedo", cuenta. Se refiere al Cytotec, un protector estomacal que se vende de manera clandestina como un remedio para abortar y que tiene graves efectos para la salud.

Leny y F¨¢tima han conseguido ejercer su derecho al aborto en cl¨ªnicas privadas con financiaci¨®n p¨²blica. Adem¨¢s, lo han hecho dentro de su comunidad, algo que, en otras, como Navarra es imposible. All¨ª no existe ning¨²n centro que practique estas intervenciones. Si una mujer de esta comunidad tiene que abortar, aunque en ocasiones la sanidad p¨²blica lo financie, tiene que recorrer cientos de kil¨®metros y desplazarse al Pa¨ªs Vasco, Arag¨®n o Madrid.

Es el caso de Ana L¨®pez, una navarra de 41 a?os que hace un a?o tuvo que desplazarse a San Sebasti¨¢n para someterse a un aborto. "Yo sab¨ªa que en Navarra no me lo pod¨ªan hacer. Pero quer¨ªa me hicieran el aborto farmacol¨®gico y pens¨¦ que en el centro de la mujer me lo solucionar¨ªan", cuenta. No lo hicieron y una vez all¨ª le explicaron que tendr¨ªa que acudir a una cl¨ªnica de fuera de Navarra. "Al final me fui al Pa¨ªs Vasco y fue todo bien, pero los trastornos del viaje y los 500 euros que pagu¨¦ no me los quita nadie", cuenta Ana.

La semana pasada el Partido Socialista de Navarra, Nafarroa Bai e Izquierda Unida anunciaron que van a presentar una moci¨®n para que se solucione el problema del aborto en la regi¨®n, la ¨²nica que deriva todos los casos a otras comunidades. Semanas antes el Defensor del Pueblo declaraba que investigar¨ªa el problema del aborto en la sanidad p¨²blica. Y es que de los 91.664 abortos que se hicieron en 2005, s¨®lo 2.668 se realizaron en hospitales p¨²blicos. El problema es la objeci¨®n de conciencia de algunos profesionales, algo que, seg¨²n asociaciones de mujeres como la Coordinadora Estatal de Organizaciones Feministas debe regularse. "De qu¨¦ sirve la legalizaci¨®n del aborto si no hay funcionarios para ejercer este derecho", dice tambi¨¦n Empar Pineda, portavoz de la cl¨ªnica Isadora. "Tendr¨ªa que haber registros de objetores para saber con qui¨¦n se cuenta y se tendr¨ªan que crear equipos m¨¦dicos que garanticen este derecho en la sanidad p¨²blica", sigue.

Javier Mart¨ªnez Salme¨¢n, jefe de servicio de ginecolog¨ªa del Hospital Severo Ochoa de Legan¨¦s (Madrid) opina lo mismo: "En algunos casos la objeci¨®n de conciencia es una excusa para librarse de una parte del trabajo. Tendr¨ªa que regularse". S¨®lo el art¨ªculo 30 de la Constituci¨®n hace referencia al derecho a la objeci¨®n de conciencia, y en relaci¨®n con el servicio militar obligatorio. Sin embargo, por ahora, el Ministerio de Justicia no tiene previsto regularlo.