Inmigraci¨®n y mercado

La significativa reducci¨®n en la llegada de cayucos y pateras a las costas espa?olas durante el mes de agosto, adem¨¢s de los datos de empleo legal de trabajadores extranjeros en nuestro pa¨ªs, constituyen un inmejorable punto de partida para abordar el fen¨®meno de la inmigraci¨®n como una pol¨ªtica de Estado, con la que deber¨ªan comprometerse todos los partidos. En demasiadas ocasiones, las diferencias entre unas fuerzas pol¨ªticas y otras han tenido su origen en una visi¨®n a corto plazo, cuando no en un abierto oportunismo apoyado en an¨¢lisis simplistas de la realidad. No basta con afirmar que los inmigrantes huyen de la pobreza y la falta de expectativas en sus pa¨ªses de origen; es preciso, adem¨¢s, conocer los mecanismos que han permitido absorber en los pa¨ªses de destino una masiva mano de obra que, en pocos a?os, ha accedido al mercado laboral tanto por v¨ªas legales como ilegales.

El primer ministro franc¨¦s, Fran?ois Fillon, falt¨® a las exigencias de la cortes¨ªa diplom¨¢tica al afirmar que el presidente espa?ol lament¨® en un encuentro oficial la regularizaci¨®n de trabajadores extranjeros que llev¨® a cabo su Gobierno. Tampoco Zapatero estuvo afortunado al sugerir que el Ejecutivo franc¨¦s emitir¨ªa una nota aclaratoria, en lugar de limitarse a desmentir a su colega. El h¨¢bito de anticipar acontecimientos puede provocar tropiezos en pol¨ªtica interior, y una innecesaria irritaci¨®n en la exterior: ning¨²n Gobierno consiente que sus iniciativas parezcan dictadas por otro. El roce no deber¨ªa tener mayor recorrido, y as¨ª parecen haberlo entendido en Par¨ªs y Madrid. Pero tampoco deber¨ªa reabrir en nuestro pa¨ªs la controversia acerca de las regularizaciones de inmigrantes. Como cl¨¢usula de cierre, como ¨²ltimo recurso, sirven para evitar que el sistema democr¨¢tico se vea forzado a consentir la existencia de personas a las que no ampara ninguna ley, conden¨¢ndolas a un estado de semiesclavitud del que se aprovechan empleadores sin escr¨²pulos.

Tras los titubeos del pasado a?o por estas mismas fechas, cuando la vicepresidenta Fern¨¢ndez de la Vega anunci¨® un "endurecimiento" de la pol¨ªtica de inmigraci¨®n, el Gobierno parece haberse decantado por una f¨®rmula m¨¢s adecuada: no se trata de perseguir la contrataci¨®n de trabajadores ilegales, sino de acabar con la contrataci¨®n ilegal de trabajadores, sean nacionales o extranjeros. Cualquier Estado est¨¢ legitimado para exigir en sus fronteras las condiciones que estime oportunas, dentro del respeto a la ley interna e internacional; con estas mismas limitaciones, tambi¨¦n puede expulsar de su territorio a las personas que no las cumplan, siempre salvaguardando su dignidad.

Pero es una mala pol¨ªtica, adem¨¢s de peligrosa para los derechos humanos, creer que las fronteras son el ¨¢mbito donde mejor se aborda el control de la inmigraci¨®n, cuando es un fen¨®meno vinculado sobre todo a las caracter¨ªsticas del mercado laboral. La reiterada cantinela de que "no se pueden poner puertas al campo" tiene que ser traducida a t¨¦rminos pol¨ªticos m¨¢s comprensibles: mientras exista oferta ilegal de empleo, habr¨¢ tr¨¢fico ilegal de trabajadores extranjeros a trav¨¦s de las fronteras. Y endurecer las condiciones en las fronteras, sin enfrentarse a la oferta ilegal de empleo, s¨®lo se traduce en m¨¢s beneficios para las mafias y mayores riesgos para los inmigrantes.

Seg¨²n los datos que ha facilitado el Gobierno, 200.000 inmigrantes llegan a Espa?a cada a?o con visado y contrato de trabajo en regla. Su aportaci¨®n, al igual que la de los miles que permanecen en situaci¨®n de ilegalidad, ha resultado decisiva para el crecimiento econ¨®mico espa?ol de la ¨²ltima d¨¦cada. A los poderes p¨²blicos, al igual que a los sindicatos y las organizaciones empresariales, les corresponde distinguir entre una y otra manifestaci¨®n del fen¨®meno de la inmigraci¨®n. Desde todos los puntos de vista, es preciso trazar una l¨ªnea infranqueable entre lo que constituye un problema, la existencia de una vigorosa econom¨ªa sumergida en la construcci¨®n, la agricultura intensiva y los servicios, y lo que no lo es ni puede serlo: la presencia de extranjeros que trabajan en nuestro pa¨ªs de acuerdo con los derechos y obligaciones que establecen las leyes.

Puesto que la maquinaria electoral de los partidos se prepara para la pr¨®xima convocatoria de marzo, es el momento de que hagan p¨²blicas sus propuestas sin dejarse llevar por el oportunismo ni por los an¨¢lisis simplistas. La experiencia de los sucesivos Gobiernos y sus diferentes pol¨ªticas deber¨ªan interpretarse como parte de un capital colectivo en la gesti¨®n del fen¨®meno de la inmigraci¨®n, del que cabr¨ªa deducir la orientaci¨®n y las medidas m¨¢s eficaces.

Cualquier intento de exhibir m¨²sculo en el trato a los trabajadores extranjeros, dej¨¢ndose llevar por la pendiente de prometer leyes o medidas cada vez m¨¢s inhumanas y discriminatorias, s¨®lo conduce a una estaci¨®n de dif¨ªcil retorno: la xenofobia. Durante mucho tiempo se ha perseguido a quienes eran contratados ilegalmente en lugar de mostrarse inflexibles con quienes les contrataban. Si los Estados democr¨¢ticos se han cebado con los m¨¢s d¨¦biles en esa relaci¨®n fraudulenta, ha sido porque los m¨¢s fuertes, como nacionales que son, tienen derecho al voto, y ning¨²n partido ha querido arriesgarse a perder su apoyo.

Los pactos de Estado est¨¢n, entre otras cosas, para liberar a las instituciones de estas servidumbres, tan inaceptables como las que padecen algunos trabajadores extranjeros contratados ilegalmente.