Uvas doradas y trabajo negro en Castilla-La Mancha

Las uvas ya est¨¢n doradas en Castilla-La Mancha, pero la cosecha se presenta agria. En 10 d¨ªas comenzar¨¢ la mayor vendimia del mundo: en mes y medio, los agricultores deben recolectar 2.750 millones de kilos de uva. Una tarea ingente para la que son necesarios 20.000 inmigrantes. Pero los empresarios han ignorado los cauces legales para contratarlos y, a estas alturas, s¨®lo cuentan con una multitud de rumanos acampados en la regi¨®n.

A los ya acampados, se suman otros 600 cada semana. Desembarcan de autobuses llegados directamente desde Rumania. No se trata de una situaci¨®n nueva. As¨ª, con el empleo irregular, ha funcionado siempre la vendimia. Pero este a?o los conflictos entre los inmigrantes rumanos y los vecinos de pueblos como La Herrera y Llanos del Caudillo han revelado el lado oscuro de la cosecha. El esc¨¢ndalo ha desembocado en un pulso entre los agricultores y el Gobierno. "Intentan forzarnos a mirar hacia otro lado", denuncia el delegado del Gobierno, M¨¢ximo D¨ªaz-Cano. "La uva no se dejar¨¢ en el suelo", replica el presidente de la patronal Asaja, mayoritaria en la regi¨®n, Pedro Barato.

Los agricultores exigen contratar a los temporeros sin hacer papeles, sobre la marcha

El conflicto no es menor. Sus dimensiones son proporcionales a la vendimia: 2.750 millones de kilos de uva (mil veces m¨¢s de lo que pesan los 44 millones de espa?oles), repartidos en 600.000 hect¨¢reas (superficie superior a la provincia de Alicante), que dar¨¢n 18 millones de hectolitros de vino (cuatro botellas por cada uno de los 495 millones de habitantes de la UE): un negocio del que comen 70.000 familias.

El problema aflor¨® a principios de agosto, cuando el alcalde de La Herrera reclam¨® al delegado del Gobierno la expulsi¨®n de 2.000 rumanos que hab¨ªan acampado en las cercan¨ªas de ese pueblo albacete?o de 400 habitantes. En principio, no hab¨ªa razones legales para echarlos. Rumania ingres¨® en la UE el 1 de enero y, desde esa fecha, sus ciudadanos tienen el mismo derecho que cualquier comunitario a residir en Espa?a. No obstante, los rumanos -familias enteras, la mayor¨ªa de etnia gitana- atendieron la invitaci¨®n de la Guardia Civil y despejaron el campo. La situaci¨®n se repiti¨® d¨ªas despu¨¦s en Llanos del Caudillo (Ciudad Real, 700 habitantes). Y, a d¨ªa de hoy, la Delegaci¨®n del Gobiernotiene localizados 28 asentamientos de rumanos.

Las tensiones entre inmigrantes y los habitantes de los pueblos junto a los que acampaban pronto revelaron otro asunto de mayor calado: los rumanos acud¨ªan a Castilla-La Mancha para trabajar en la vendimia. Y eso s¨ª que planteaba un problema legal, porque cuando se aprob¨® su ingreso en la UE, el Gobierno decidi¨® aplicarles -a ellos y a los b¨²lgaros- una moratoria antes de permitirles trabajar libremente. Es decir, hasta dentro de dos a?os unos y otros siguen siendo tratados como inmigrantes si quieren trabajar en Espa?a por cuenta ajena.

Los empresarios que deseen contratarlos deben hacerlo en sus pa¨ªses de origen. Aunque existe una excepci¨®n: para los trabajos de temporada (que no excedan de nueve meses en un per¨ªodo de 12 meses consecutivos) los agricultores pueden emplear a los rumanos y b¨²lgaros que se hallan en Espa?a. La ¨²nica condici¨®n es que, antes de hacerlo, deben presentar en la Delegaci¨®n del Gobierno sus expedientes empresariales, con el fin de demostrar, entre otras cosas, que no tienen deudas con el Estado, y las fotocopias de los pasaportes de sus candidatos a la contrataci¨®n, para que las autoridades puedan cotejar su edad, antecedentes penales... Esos tr¨¢mites llevan un tiempo: un mes y medio.

Los agricultores de Castilla-La Mancha estaban al tanto de las exigencias. No s¨®lo porque sus dos organizaciones m¨¢s importantes, la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) y la Asociaci¨®n de J¨®venes Agricultores (Asaja), respaldaron la moratoria. Tambi¨¦n, porque el Ministerio de Trabajo les ha insistido desde abril en la conveniencia de que calcularan los temporeros que iban a necesitar y los solicitaran cuanto antes. ?Por qu¨¦ no lo hicieron? "Desidia, imprevisi¨®n, incapacidad de planificar a largo plazo...", especula el representante de Trabajo en Ciudad Real, ?ureo Ruiz.

?nicamente cuando se enteraron de que, durante julio, la Inspecci¨®n de Trabajo hab¨ªa levantado, s¨®lo en Albacete y Ciudad Real, nada menos que 220 actas de infracci¨®n, empezaron a sospechar que en esta ocasi¨®n las advertencias del Gobierno pod¨ªan ir en serio. A¨²n as¨ª, se lo tomaron con calma. El 23 de agosto, el presidente de la cooperativa vin¨ªcola de Tomelloso -la mayor de Europa- solicit¨® que la Administraci¨®n explicara a sus agricultores qu¨¦ deb¨ªan hacer para contratar vendimiadores extranjeros. Una delegaci¨®n de Trabajo se desplaz¨® al pueblo y les detall¨® el procedimiento.

Los 200 cooperativistas que asistieron -en el pueblo hay 1.500- se remov¨ªan inquietos en sus asientos. Hasta que uno solt¨®: "Oye, es que ahora vienen las fiestas del pueblo. O sea, que hasta el 3 de septiembre no podemos hacer nada". Asentimiento general. ?ureo Ruiz estuvo en la reuni¨®n: "Fue incre¨ªble", recuerda: "Aquellos hombres ten¨ªan un avispero en el culo y a algunos no les preocupaba lo m¨¢s m¨ªnimo". En vez de aconsejar a sus afiliados que comenzaran a tramitar las contrataciones, las organizaciones agrarias empezaron a recorrer los pueblos anim¨¢ndoles a que se resistieran a acatar la ley. El lunes pasado, la patronal mayoritaria, Asaja, convoc¨® a los agricultores en la plaza de Moral de Calatrava, a 14 kil¨®metros de Valdepe?as, para recomendarles que hicieran fuerza frente a las exigencias del Gobierno.

"Esto [la agricultura] no es una empresa en la que podamos ajustar las cosas al mil¨ªmetro", explica Barato. "Queremos contratar mano de obra totalmente legal, pero hay miles de explotaciones peque?as que no pueden hacer las previsiones de trabajadores que exige el Gobierno". El secretario general de COAG en la regi¨®n, Apolonio Moreno, aporta otro argumento: "Aqu¨ª las cosechas son muy cortas, y la gente no va a viajar desde su pa¨ªs para tan poco tiempo". El delegado del Gobierno no se enga?a: "Muchos propietarios quieren seguir contratando como antes. Los rumanos, que siguen la ruta de las recolecciones, lo saben. Por eso vienen".

El desaf¨ªo ha llegado hasta la mesa del ministro de Trabajo, Jes¨²s Caldera. El pasado lunes, la consejera de Trabajo de Castilla-La Mancha, Luz Rodr¨ªguez, acudi¨® a Madrid para trasladarle una exigencia de los agricultores: quer¨ªan que el Gobierno levantara la moratoria sobre los trabajadores rumanos y b¨²lgaros. Es decir, quer¨ªan emplearlos al margen de los controles de la Administraci¨®n. "Para que lo entienda", le dijo a la consejera uno de los representantes de las patronales, "queremos contratar en el momento". Como se hac¨ªa en sitios como la plaza de Socu¨¦llamos (Ciudad Real). Caldera no se arrug¨®: respondi¨® que enviar¨ªa m¨¢s inspectores de Trabajo.

Algunas organizaciones agrarias han comenzado a entrar en raz¨®n. Los ¨²ltimos d¨ªas, la Delegaci¨®n del Gobierno ha recibido 12.000 solicitudes para contratar jornaleros extranjeros. Los funcionarios trabajan a destajo para resolverlas antes de que la uva comience a estropearse. Pero la tensi¨®n entre agricultores y autoridades se mantiene.

Cabr¨ªa pensar que, tras esta experiencia, los patronos han aprendido que deben hacer las contrataciones del mismo modo que los dem¨¢s empresarios espa?oles. Preguntado al respecto, el secretario general de COAG, Apolonio Moreno, anuncia: "A m¨ª me parece que el a?o que viene podremos hacer lo mismo que ¨¦ste". El pulso contin¨²a.