El PP reclama disolver 43 ayuntamientos vascos y navarros gobernados por ANV
El Gobierno asegura que no se dan las condiciones previstas en la ley y rechaza la propuesta
El PP he decidido mantener la presi¨®n sobre el Ejecutivo en pol¨ªtica antiterrorista para lograr que ilegalice a ANV, la formaci¨®n para la que Batasuna pidi¨® el voto. Eduardo Zaplana anunci¨® ayer la presentaci¨®n de una proposici¨®n en el Congreso para que se ilegalice a esta formaci¨®n pero sobre todo para que el Gobierno, en aplicaci¨®n del art¨ªculo 61 de la Ley de R¨¦gimen Local, disuelva los 43 ayuntamientos gobernados en el Pa¨ªs Vasco y Navarra por ANV. S¨®lo el municipio de Marbella ha sido disuelto en 30 a?os de democracia. El Gobierno rechaza la propuesta. Cree que no se dan las condiciones previstas.
El PP ha reclamado la ilegalizaci¨®n de ANV desde el minuto en que se supo que Batasuna pedir¨ªa el voto para ellos, que ser¨ªa su marca electoral como antes lo fue el PCTV. Sin embargo, ayer fue m¨¢s lejos en su propuesta y recuper¨® un art¨ªculo, el 61 de la Ley de Bases de R¨¦gimen Local, que abre la posibilidad para disolver un ayuntamiento cuando realice "acuerdos o actuaciones de los ¨®rganos de las corporaciones locales que den cobertura o apoyo, expreso o t¨¢cito, de forma reiterada y grave, al terrorismo o a quienes participen en su ejecuci¨®n, lo enaltezcan o justifiquen, y los que menosprecien o humillen a las v¨ªctimas o a sus familiares".
Este segundo apartado del art¨ªculo 61 fue a?adido en marzo de 2002, mientras gobernaba Jos¨¦ Mar¨ªa Aznar, tras un acuerdo entre el PP y el PSOE en el seno del Pacto Antiterrorista. La medida fue propuesta por el socialista ?lvaro Cuesta y aceptada por su hom¨®logo en el PP en ese momento, Esteban Gonz¨¢lez Pons. Sin embargo, ning¨²n ayuntamiento de las decenas que ten¨ªa Batasuna entonces fue disuelto gracias a esta ley. En 2003 hubo elecciones municipales y el Gobierno, la fiscal¨ªa y el Supremo impidieron que Batasuna pudiera presentarse bajo ning¨²n nombre, por lo que perdi¨® todos sus ayuntamientos.
En los comicios de mayo de este a?o, la fiscal¨ªa decidi¨® impulsar la anulaci¨®n de la mitad de las listas de ANV, algo que rechaz¨® el PP y permiti¨® a esta formaci¨®n hacerse con el poder en 43 ayuntamientos.
Eduardo Zaplana reclam¨® ayer al Ejecutivo que, como primera medida, ilegalice a la formaci¨®n ANV ante la evidencia de que se ha negado a condenar los ¨²ltimos atentados de ETA. Cuando se le record¨® que el Gobierno del PP esper¨® a que el 5 de agosto de 2002 la banda matara a una ni?a en Santa Pola (Alicante) para iniciar la ilegalizaci¨®n de Batasuna, Zaplana asegur¨® que no tiene sentido esperar: "ETA est¨¢ atentando, afortunadamente todav¨ªa no ha habido que lamentar la p¨¦rdida de ninguna vida, pero no porque no lo hayan intentado".
En realidad, la principal reclamaci¨®n del PP -que registr¨® ayer esta proposici¨®n que se votar¨¢ en las pr¨®ximas semanas- consiste en la ilegalizaci¨®n de ANV. "Nunca ten¨ªa que haber estado en los ayuntamientos. ETA y Batasuna no ten¨ªan que haber vuelto a las instituciones, pero eso ya es una realidad desgraciadamente y no me voy a retraer a aquel debate que ustedes conocen porque lo hemos protagonizado en exceso. Simplemente creo que el tiempo, y lo lamento, nos ha dado sobradamente la raz¨®n", sentenci¨® Zaplana.
El ministro de Justicia, Mariano Fern¨¢ndez Bermejo, se mantuvo en la l¨ªnea seguida por el resto de miembros del Gobierno al insistir en que s¨®lo se actuar¨¢ contra Acci¨®n Nacionalista Vasca (ANV) cuando existan indicios suficientes contra ella. Esto significa que el Ejecutivo no considera la no condena de los ¨²ltimos atentados por parte de ese partido como una prueba de su relaci¨®n con ETA. Bermejo fue claro y explic¨® que para actuar, es decir, que el Gobierno inste la ilegalizaci¨®n de la formaci¨®n al Tribunal Supremo, es necesario que aparezca una novedad con "trascendencia jur¨ªdica" y no "period¨ªstica ni social". Fern¨¢ndez Bermejo asegur¨® que desde el Gobierno se est¨¢ vigilando los movimientos de ANV pero para actuar en su contra "primero se tienen que dar esas circunstancias con carga probatoria". Eso s¨ª, "si hay relaci¨®n de ANV con ETA, actuaremos", recalc¨®.
Respecto a la legalidad del partido, tan cuestionada por el PP, quien en reiteradas ocasiones ha instado al Gobierno a que pida su ilegalizaci¨®n, el ministro record¨® las sentencias del Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional que permitieron la presentaci¨®n de la formaci¨®n en las ¨²ltimas elecciones municipales y auton¨®micas, y que "dejaron claro que la ilegalizaci¨®n hubiera sido injustificada".
Lo que establece la ley
El PP apel¨® ayer al art¨ªculo 61 de la Ley de Bases del R¨¦gimen local, que se?ala:
1. El Consejo de Ministros, a iniciativa propia y con conocimiento del Consejo de Gobierno de la comunidad aut¨®noma correspondiente o a solicitud de ¨¦ste y, en todo caso, previo acuerdo favorable del Senado, podr¨¢ proceder, mediante Real Decreto, a la disoluci¨®n de los ¨®rganos de las corporaciones locales en el supuesto de gesti¨®n gravemente da?osa para los intereses generales que suponga incumplimiento de sus obligaciones constitucionales.
2. Se considerar¨¢n, en todo caso, decisiones gravemente da?osas para los intereses generales en los t¨¦rminos previstos en el apartado anterior, los acuerdos o actuaciones de los ¨®rganos de las corporaciones locales que den cobertura o apoyo, expreso o t¨¢cito, de forma reiterada y grave, al terrorismo o a quienes participen en su ejecuci¨®n, lo enaltezcan o justifiquen, y los que menosprecien o humillen a las v¨ªctimas o a sus familiares.
3. Acordada la disoluci¨®n, ser¨¢ de aplicaci¨®n la legislaci¨®n electoral general, cuando proceda, en relaci¨®n a la convocatoria de elecciones parciales y, en todo caso, la normativa reguladora de la provisional administraci¨®n ordinaria de la corporaci¨®n.
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