El alcalde y cinco ediles de Oropesa, imputados por prevaricaci¨®n por un PAI

El Juzgado de Instrucci¨®n n¨²mero 2 de Castell¨®n ha llamado a declarar, en calidad de imputados, a los cinco miembros del anterior equipo de gobierno del PP en el Ayuntamiento de Oropesa (Castell¨®n), a un edil del grupo de no adscritos, al arquitecto, la secretaria municipal y al presidente del grupo Marina d'Or, Jes¨²s Ger, por los presuntos delitos de tr¨¢fico de influencias y prevaricaci¨®n urban¨ªstica. La investigaci¨®n parte de una querella de afectados por un plan aprobado por el Ayuntamiento sobre Les Amplaries, una zona de expansi¨®n del complejo residencial ya existente.

La Generalitat afirma que en los tr¨¢mites del plan concurren "causas de ilegalidad"

Sobre el mismo plan pesa, adem¨¢s, una demanda presentada por la Generalitat contra el mismo Ayuntamiento de Oropesa pese a que el PAI (programa de actuaci¨®n integrada) cont¨® con el visto bueno de la Consejer¨ªa de Territorio cuando estaba bajo la direcci¨®n de Rafael Blasco. Seg¨²n el escrito de la Administraci¨®n, se ha negado la inscripci¨®n del programa en el registro auton¨®mico de PAI "por concurrir en el mismo manifiestas causas de ilegalidad".

En la querella, admitida a tr¨¢mite, se expone que la gesti¨®n del plan, adjudicado a una de las empresas del grupo Marina d'Or, fue "totalmente arbitraria, inmotivada, irrazonable y derivada de la simple voluntad de los funcionarios y autoridades que adoptan la decisi¨®n, que hace que sobrepase el grado de il¨ªcito administrativo". Para los querellantes, "la decisi¨®n adoptada fue ilegal y adem¨¢s con una celeridad que denota un especial inter¨¦s por llevarla a cabo y ejecutarla".

La aprobaci¨®n se remonta a 2005, cuando el Ayuntamiento aprob¨® de forma provisional el programa que afecta a alrededor de 350.000 metros cuadrados. Hasta mayo de 2006, cuando se aprob¨® de forma definitiva, la tramitaci¨®n estuvo plagada de irregularidades. As¨ª, por ejemplo, la c¨¦dula de urbanizaci¨®n que precisaba el programa fue firmada personalmente por el director general de Ordenaci¨®n Territorial, Pedro Grimalt, despu¨¦s de que la comisi¨®n t¨¦cnica de Territorio dictaminara de forma negativa. En el expediente figura tambi¨¦n un informe del t¨¦cnico de v¨ªas pecuarias en el que reconoce haber recibido instrucciones del director provincial de Territorio, Jorge Traver, para que realizara su dictamen de forma poco exhaustiva. Adem¨¢s, el programa precisaba del informe favorable de la direcci¨®n general de Costas, que fue negativo hasta en dos ocasiones, tras lo cual Ayuntamiento dio por bueno un escrito presentado por la empresa adjudicataria en el que se desautoriza la potestad del Ministerio de Medio Ambiente. Pese a todas las anomal¨ªas, el PAI fue aprobado con los votos a favor de todos los concejales del PP, incluidos el alcalde, Rafael Albert, el responsable de Urbanismo, Tom¨¢s Fabregat, y del edil expulsado del PSPV, Juan Manuel Ribes.

Sobre ellos, la querella sostiene que "desde su funci¨®n p¨²blica utilizaron su posici¨®n para imponer su decisi¨®n y, en beneficio de un amigo, perjudicar a los propietarios directamente afectados as¨ª como a los intereses generales de la poblaci¨®n en un injustificado abuso de poder". Adem¨¢s, indica que "es dif¨ªcil justificar que todo ello se hiciera por mera impericia, negligencia o sin dolo directo". Y a?ade que todos ellos ten¨ªan "plena conciencia de que resolv¨ªan al margen del ordenamiento jur¨ªdico, conculcando la legalidad urban¨ªstica -de la que estaban advertidos- y de que ocasionaban un resultado materialmente injusto, actuaron de ese tal modo porque quer¨ªan ese resultado, anteponiendo el contenido de su voluntad".

La acusaci¨®n sobre Jes¨²s Ger, al que se se?ala como presunto autor de un delito de tr¨¢fico de influencias, hace referencia a que, seg¨²n los querellantes, "aprovech¨® su relaci¨®n personal y econ¨®mica con ediles y familiares para, prevali¨¦ndose de ¨¦sta, solicitar de ¨¦stos la aprobaci¨®n de un Plan Urban¨ªstico injusto para la causa p¨²blica, hechos que en su caso integran el delito". As¨ª, incluyen en la denuncia una serie de documentos sobre la supuesta relaci¨®n mercantil del empresario con al menos dos de los ediles que participaron en la votaci¨®n, entre los que se encuentra Fabregat, que contin¨²a en el cargo.

Para ratificar esta relaci¨®n, se ha solicitado al juzgado que averig¨¹e las rentas de trabajo, ingresos y pagos, cuentas bancarias, impuestos, transmisiones y adquisiciones de valores, veh¨ªculos, planes de pensiones y bienes muebles e inmuebles y "cuantos datos relativos a cualquier posible solvencia pudiera obrar en su poder".