Recursos para reabrir la Operaci¨®n Puerto

La Operaci¨®n Puerto sigue en dique seco. Seis meses despu¨¦s de que el juez Antonio Serrano decretase el archivo, la causa no ha llegado a¨²n a la Audiencia de Madrid, que debe decidir si ratifica el cierre de las pesquisas o, como exigen las siete acusaciones, reabre las diligencias. El juez instructor de la mayor trama mundial descubierta sobre dopaje en el ciclismo dio la semana pasada un plazo de tres d¨ªas a las partes para que se adhieran o impugnen los recursos de las acusaciones. Hecho esto, el sumario, por fin, ser¨¢ elevado a la Audiencia. Sin presos de por medio, tardar¨¢ un mes en resolver los recursos.

Todos los recursos abundan en el impacto social que ha tenido la Operaci¨®n Puerto, con la implicaci¨®n de las principales figuras del ciclismo mundial, y en el que las pesquisas se han cerrado sin estar terminadas. Sostienen, adem¨¢s, que hay indicios de delito contra la salud p¨²blica en la actuaci¨®n de los ocho inculpados, entre ellos el m¨¦dico deportivo Eufemiano Fuentes y el ex director del Liberty, Manolo S¨¢iz. Fuentes judiciales han asegurado a EL PA?S: "No hay ning¨²n problema para que las autoridades deportivas act¨²en ya contra los ciclistas por la v¨ªa administrativa; son testigos y la causa penal no va dirigida contra ellos: por eso es extra?o que en Espa?a no se haya hecho nada a¨²n en el aspecto disciplinario". ?stas son las posiciones de los principales organismos implicados:

LA AMA DESTACA LOS EFECTOS PERVERSOS DEL DOPAJE

Discrepa la Agencia Mundial Antidopaje (AMA) del auto de archivo. Sostiene que la instrucci¨®n debe continuar porque faltan muchas diligencias por realizar. La AMA dispone de un informe sobre los efectos nocivos del dopaje. Entre los efectos perversos de la EPO y el dopaje sangu¨ªneo mediante transfusiones destaca el "envenenamiento de la sangre y la septicemia". Tambi¨¦n provoca ictericia y el aumento de la tensi¨®n arterial. La AMA pide que se reabra la investigaci¨®n porque la trama del dopaje movi¨® grandes cantidades de EPO, entre otras sustancias prohibidas. Seg¨²n la AMA, "Fuentes y Merino suministraron a los deportistas, a cambio de precio, las sustancias ya indicadas y a sabiendas del riesgo que dichas sustancias podr¨ªan constituir para la salud e incluso para sus vidas". La AMA a?ade: "No se trata de la administraci¨®n de unas cuantas couldinas, como parecen sostener algunas defensas, sino de la administraci¨®n de medicamentos altamente peligrosos". Hay indicios razonables de que los implicados manten¨ªan una trama dedicada a administrar sustancias peligrosas al margen de todo objetivo terap¨¦utico, y con la ¨²nica finalidad de llevar al organismo de los deportistas m¨¢s all¨¢ de su l¨ªmite de tolerancia, poniendo con ello en riesgo su salud, y potencialmente, su vida.

"Est¨¢ acreditado", a?ade la AMA, "que Fuentes y Merino obten¨ªan fuera de Espa?a medicamentos no autorizados para consumo humano (actovegyn Forte y Synacthen, entre otros), productos que dispensaban a los deportistas. Y, adem¨¢s, determinados envases de un medicamento llamado Norditropin Simplexx, requisados en un inmueble de Fuentes, habr¨ªan sido falsificados".

LA INDEFENSI?N DE LA UCI

La UCI se queja al juez de que no la admitiese como parte en las diligencias. Y de que justo despu¨¦s de que la Audiencia de Madrid ordenase que fuese considerada como tal, el juez archivara la causa. "[El auto del juez] ha impedido que la UCI haya podido ni siquiera solicitar la pr¨¢ctica de diligencia de investigaci¨®n alguna, lo que infringe el derecho a la tutela judicial efectiva". Rechaza la UCI el "sobreseimiento libre" de las diligencias decretado por el juez. Libre quiere decir que el juez entiende que no hay ni habr¨¢ delito en este caso. "Es prematuro e improcedente", sobre todo "atendiendo a las diligencias que se han practicado y a las que est¨¢n pendientes de practicarse". Discrepa la UCI de que el juez no vea delito contra la salud p¨²blica bajo el argumento de que la sangre extra¨ªda a los ciclistas era para ellos mismos. Es decir, "misma sangre para la misma persona". La UCI se?ala la paradoja de que el juez acordara inicialmente tomar declaraci¨®n a todos los ciclistas y que luego le bastara con la de siete de ellos. Y le resulta sorprendente que el juez diga que si alg¨²n ciclista hubiera sufrido lesiones pod¨ªa haberse enterado por la prensa y personarse en la causa. "Lo procedente es acordar las diligencias testificales acordadas", se?ala este organismo internacional. Y subraya que el juez debi¨® citarlos a todos. De esa forma la investigaci¨®n no se habr¨ªa demorado. La UCI afirma: "Es cierto que no se conocen en la actualidad los efectos a largo plazo de la administraci¨®n habitual de EPO, por lo que no cabe excluir efectos lesivos o, incluso, la muerte. El propio auto considera que si se produjeran dichos resultados (lo que, seg¨²n el mismo auto no es descartable) los hechos s¨ª ser¨ªan delito. Precisamente por este motivo", argumenta la UCI, "no cabe aplicar el sobreseimiento libre (es decir, sostener que no hay delito ni lo habr¨¢)". La UCI pone como ejemplo la posibilidad de que a medio plazo se acredite que alguien ha sufrido lesiones por la ingesta de los productos dopantes: en ese caso, no cabr¨ªa imputar a nadie los hechos porque ya se tratar¨ªa de cosa ya juzgada.

TOLERANCIA CERO PARA LA FEDERACI?N

Parte la Federaci¨®n Espa?ola de que la pol¨ªtica del Gobierno espa?ol es de "tolerancia cero" y entiende que cabe considerar los hechos como un delito contra la salud p¨²blica, dado que la sangre extra¨ªda a los ciclistas "es un medicamento", seg¨²n el art¨ªculo 8 de la Ley del Medicamento. "La relaci¨®n entre el deporte profesional y el uso de f¨¢rmacos prohibidos tiene su trascendencia en la sociedad, que ve en los deportistas de ¨¦lite modelos a seguir y en los que reflejarse. Se vio la ¨¦tica de la competici¨®n limpia y se perjudica la salud de los deportistas, nacionales e internacionales. El estado est¨¢ luchando contra el dopaje. El deporte, y m¨¢s concretamente la alta competici¨®n, son actividades con relevancia p¨²blica. Ya se ha impedido mediante un auto judicial el empleo del material probatorio obtenido con la intervenci¨®n de la Guardia Civil, lo que unido a la resoluci¨®n de archivo significar¨ªa que el inter¨¦s general (preservar los valores relacionados con el juego limpio y la salud de los deportistas), que se persigue castigando conductas de dopaje en el ¨¢mbito de la alta competici¨®n deportiva".

ABOGAC?A DEL ESTADO

Critica la Abogac¨ªa del Estado el archivo y pide que se anule el auto que la decret¨® porque no se han practicado o se han dejado incompletas "numerosas diligencias" que el juez acord¨® inicialmente a instancias de la fiscal¨ªa. Tambi¨¦n arremete contra la decisi¨®n del juez de decretar el sobreseimiento libre de las diligencias, que equivale a cosa juzgada. Se?ala que para decretar ese tipo de archivo antes debe concluir las pruebas inconclusas. Y recuerda que la Secci¨®n Quinta de la Audiencia de Madrid, que tiene la ¨²ltima palabra en este asunto, se ha pronunciado en muchos otros casos a favor de que se practiquen las pruebas razonables que piden las partes antes de archivar un asunto. Afirma que el imputado y hemat¨®logo Jos¨¦ Luis Merino Batres ha declarado que "el proceso de conservaci¨®n de la sangre lo hac¨ªa Fuentes en un piso de la calle Alonso Cano de Madrid", dejando entrever que no exist¨ªan en ¨¦l los controles sanitarios adecuados. Tambi¨¦n se?ala en su recurso que hay delito porque las transfusiones se hac¨ªan al margen de la red sanitaria p¨²blica e incumpliendo la normativa espec¨ªfica.