Dos ¨²nicos jueces de Barcelona se encargan del control de 8.000 personas incapacitadas

La anciana D. G. M. se encuentra postrada en una silla de ruedas y vive en una residencia. Una juez de Barcelona declar¨® su incapacitaci¨®n absoluta la semana pasada. Mientras viva, uno de sus nietos ser¨¢ su tutor y, por tanto, administrar¨¢ sus bienes y se ocupar¨¢ de su bienestar. Esta mujer tiene 85 a?os y es un caso paradigm¨¢tico, pero no el ¨²nico, pues en ocasiones se incapacita a personas con toda una vida por delante. En la ciudad de Barcelona hay m¨¢s de 8.000 personas en esta situaci¨®n jur¨ªdica y s¨®lo dos jueces encargados de hacer un seguimiento de c¨®mo viven.

El C¨®digo Civil prev¨¦ que la justicia pueda declarar la incapacitaci¨®n de una persona cuando sufre una enfermedad ps¨ªquica o f¨ªsica que le impide gobernarse por s¨ª misma. El a?o pasado entraron en los dos juzgados de estado civil y capacidad de Barcelona 972 peticiones de incapacitaci¨®n. El actual sistema inform¨¢tico es bastante limitado y no permite conocer al detalle los porcentajes, aunque s¨ª puede afirmarse que dos de cada tres de esas peticiones afectan a ancianos.

Los jueces de Barcelona conceden la gran mayor¨ªa de las peticiones de incapacitaci¨®n tras un proceso que dura una media de siete meses. En ese tiempo, la persona afectada es explorada por el juez y el forense, y los familiares son entrevistados para descartar lo que la magistrada S¨ªlvia Ventura, titular del Juzgado de Primera Instancia n¨²mero 40 de Barcelona, califica de "demandas de mala fe". Es decir, una petici¨®n para deshacerse del familiar y quedarse con su patrimonio. No abundan, pero se dan, y no s¨®lo de ancianos.

Una vez al a?o

En el caso de D. G. M., su patrimonio es una vivienda. Su ¨²nico hijo falleci¨® y el nieto se ha convertido en su tutor. El piso est¨¢ alquilado y con esa renta y un dinero que aporta se pueden costear los m¨¢s de 1.800 euros del geri¨¢trico. La anciana est¨¢ afectada por las secuelas de un accidente vascular cerebral y sufre un "deterioro global", dice la sentencia, que le hace requerir la ayuda de terceras personas. Repite lo que se le pregunta sin posibilidad de iniciar una conversaci¨®n, ignora el precio de los productos habituales y desconoce que existe el euro.

Teniendo en cuenta que la mujer tiene 85 a?os, es previsible que no viva mucho m¨¢s y, en consecuencia, el seguimiento judicial de su expediente ser¨¢ breve. Pero en otros muchos, una sentencia judicial que se dicta hoy puede arrastrarse durante a?os. La ley obliga a que los tutores rindan cada a?o al juzgado un informe sobre el patrimonio y el estado de la persona incapacitada, pero la realidad es que si no lo hacen no pasa nada. Es decir, que pueden haberse dilapidado su patrimonio casi con total impunidad.

"Alguien, no s¨¦ si la Generalitat o el Ayuntamiento, deber¨ªa encargarse de ese seguimiento y entregar un informe al juzgado sobre c¨®mo se encuentra esa persona y c¨®mo se la est¨¢ tutelando", explica Ventura. "En muchos casos, el dinero es lo de menos. Se trata de que ese anciano muera en soledad o que el enfermo no sea abandonado. Es ah¨ª donde se ven las limitaciones del Estado social en el que vivimos", a?ade.

El panorama actual es que la justicia no tiene medios humanos ni materiales para velar por el seguimiento de los m¨¢s de 8.000 expedientes de incapacitaci¨®n que acumulan los dos juzgados de Barcelona y es aqu¨ª donde los jueces reclaman m¨¢s implicaci¨®n de la Administraci¨®n. Y que, por lo menos, se cree otro juzgado para repartir el trabajo.

De los ex presos o enfermos mentales que se incapacitan, nadie quiere hacerse cargo. "A los familiares y amigos les cuesta mucho asumirlos, ?pero alguien se deber¨ªa ocupar de ellos!", a?ade la juez. El ¨²nico organismo que act¨²a en esos casos es la Comisi¨®n de Asesoramiento y Supervisi¨®n de las Personas Jur¨ªdicas, dependiente del Departamento de Acci¨®n Social y Familia de la Generalitat, que encomienda a una fundaci¨®n la tutela. La juez explica que en esos casos la nota caracter¨ªstica es la burocracia y no la eficacia.

B. R. D. es otro ejemplo de un caso habitual. Mientras fue un menor estuvo bajo tutela de la Generalitat durante cinco a?os al proceder de una familia desestructurada. Cuando alcanz¨® la mayor¨ªa de edad fue la propia Administraci¨®n quien pidi¨® la incapacitaci¨®n. La demanda fue rechazada por la juez en 2004 al entender que, pese a ser esquizofr¨¦nico, puede valerse por s¨ª mismo, tiene trabajo y lo que necesita es control m¨¦dico. Pero la Generalitat recurri¨® y la Audiencia de Barcelona le incapacit¨®. "Deber¨ªa desterrarse cierto sentimiento paternalista. La incapacitaci¨®n ha de ser restrictiva y declararse cuando no quede otro remedio", razona S¨ªlvia Ventura. Pero tampoco en eso la justicia tiene un ¨²nico criterio.