Uvas de la discordia
La vendimia de Castilla-La Mancha se presenta bajo el signo del chantaje al Estado por parte de los sindicatos agrarios de la regi¨®n. A pesar de las facilidades que les han ofrecido las administraciones para contratar legalmente a los braceros que se necesitan, estas organizaciones -que son, en realidad, patronales del campo- han preferido forzar una situaci¨®n de hecho que coloque al Estado ante una disyuntiva en apariencia irresoluble. Si ¨¦ste exige el cumplimiento de la ley en la contrataci¨®n de los braceros, se corre el riesgo de sacrificar la vendimia. Pero si consiente que la vendimia se realice con braceros sin contrato o en situaci¨®n irregular, la sacrificada ser¨¢ la ley.
Algunos portavoces de los agricultores han pretendido excusar la situaci¨®n afirmando que la no tramitaci¨®n de los expedientes para emplear a trabajadores extranjeros -a los efectos actuales, poco importa que sean b¨²lgaros y rumanos o de cualquier otra nacionalidad- se debe a la falta de informaci¨®n o a la existencia de h¨¢bitos tradicionales de contrataci¨®n, dif¨ªciles de erradicar en el medio rural. Sin embargo, si ¨¦sa fuera la causa, los sindicatos habr¨ªan faltado al deber de asesorar a sus afiliados. Aparte de que los agricultores y las organizaciones sindicales conoc¨ªan de sobra la diferencia entre emplear a un bracero legalmente o ilegalmente, puesto que hace unos meses se dirigieron a las autoridades, pero no para iniciar los tr¨¢mites de contrataci¨®n, sino para solicitar que se levantase la moratoria laboral de dos a?os que afecta a los trabajadores b¨²lgaros y rumanos. Por lo que se refiere a las invocaciones exculpatorias a la tradici¨®n, m¨¢s valdr¨ªa que, en lugar de reproducir lo que muchos padecieron, en Espa?a y fuera de Espa?a, contribuyeran desde su actual posici¨®n a erradicarlo.
Los Gobiernos central y aut¨®nomo se enfrentan a un problema para el que ninguna de las salidas resulta f¨¢cil. Pero tal vez la peor soluci¨®n de todas ser¨ªa la de consentir que la ley no se respetase. Para evitarla, deber¨ªan contar con el pleno respaldo de las fuerzas pol¨ªticas.
Partiendo de este consenso inexcusable, y de la m¨¢xima disposici¨®n y diligencia en la tramitaci¨®n administrativa de los expedientes, el tiempo no correr¨ªa contra el Estado, como suponen los sindicatos agrarios; correr¨ªa contra los intereses de aquellos de sus afiliados que han pretendido defenderlos por encima de la ley.
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