Sigue abierta la causa judicial por el almac¨¦n de lindane de Babcock

La Audiencia de Vizcaya ha decidido mantener la imputaci¨®n contra el ex presidente de la empresa Babcock Ricardo Gonz¨¢lez Or¨²s por la presunta ilegalidad de un almacenamiento de residuos del pesticida t¨®xico lindano que mantuvo la compa?¨ªa entre 1995 y 2001. La Audiencia coincide con el juzgado instructor del caso en la ilegalidad del almac¨¦n porque "existen indicios de que se ha omitido al menos la evaluaci¨®n de impacto ambiental".

Este caso se encuentra en los tribunales desde 2001, cuando la asociaci¨®n ecologista Lur Maitea denunci¨® la existencia de 3.500 grandes sacos con lindane, con un volumen de m¨¢s de 7.000 metros c¨²bicos, en una nave abandonada de la empresa Babcock en Sestao. Este material permaneci¨® guardado de 1995 a 2001, cuando todos los desechos se trasladaron al gran dep¨®sito de lindane de Barakaldo. Lur Maitea considera el almac¨¦n "ilegal y clandestino".

Las diligencias fueron archivadas por los juzgados de Barakaldo en dos ocasiones, en 2003 y 2005, pero la Audiencia vizca¨ªna ha ordenado reabrirlo otras tantas veces. La defensa de dos de los siete imputados -la acusaci¨®n se extiende a otros cinco responsables de Babcock entre junio de 1995 y mayo de 2000- solicit¨® hace un a?o el archivo de la causa para sus clientes, el ex presidente Ricardo Gonz¨¢lez Or¨²s y el ex director t¨¦cnico ?ngel Agraz. La juez instructora lo rechaz¨® porque considerarlos responsables de que no se realizara una evaluaci¨®n de impacto ambiental previa.

La Audiencia de Vizcaya, en un auto del pasado 25 de julio, archiva la causa contra Agraz al entender que se limit¨® a solicitar la licencia de almacenamiento. Pero respecto de Ricardo Gonz¨¢lez Or¨²s, quien fue consejero de Industria del Gobierno vasco (1987-1991) antes de acceder a la presidencia de Babcock, rechaza que "fuera del todo ignorante de las diversas actuaciones dirigidas a la creaci¨®n y mantenimiento del dep¨®sito". Por ello, mantiene la imputaci¨®n.

Los informes t¨¦cnicos pendientes sobre si hubo o no riesgo para la salud humana o los ecosistemas pueden ser determinantes a la hora de decidir si los hechos constituyen delito.