Viviendas

La reciente presentaci¨®n por parte del Gobierno andaluz del anteproyecto de Ley del Derecho a la Vivienda plantea inquietantes dudas, como caso protot¨ªpico que puede servir de test sobre la forma de ejercer el poder que estila el partido socialista. El fondo del asunto est¨¢ fuera de discusi¨®n, pues como ya he apuntado desde estas p¨¢ginas en otras ocasiones, la inaccesibilidad de la vivienda es quiz¨¢s el mayor problema social que ahora mismo aqueja a Espa?a, dado que bloquea el derecho a la emancipaci¨®n personal de j¨®venes y mujeres. Pero de las diversas formas que hay para enfrentarse a ese problema, los socialistas andaluces han optado por una que, a mi juicio, resulta objetable por varias razones, que pueden resumirse as¨ª.

El anuncio. Se ha cuestionado el oportunismo electoralista del momento elegido para anunciar esta ley, contraviniendo las promesas de ZP. Lo cual no resulta demasiado grave, pues en Espa?a siempre estamos en campa?a electoral. En cambio, hay algo m¨¢s injustificable, pues el adelanto de la medida andaluza ha significado pisarle el terreno a la flamante ministra del ramo, Carme Chac¨®n, reci¨¦n nombrada por Zapatero para que dise?e un futuro plan de la vivienda de alcance nacional para presentarlo en el programa de las pr¨®ximas elecciones generales. ?A qu¨¦ viene este saboteador sorpasso por parte del socialismo andaluz? Y todav¨ªa hay algo peor, como es que el anuncio haya tomado por sorpresa a Solbes. ?Qu¨¦ necesidad hab¨ªa de saltarse al vicepresidente econ¨®mico del Gobierno central, encargado de coordinar las cuentas de las distintas Administraciones p¨²blicas? Hace poco, T. Garton Ash comparaba la forma de gobernar EE UU con la Kakania austroh¨²ngara denostada por Musil. Pues bien, con su incoherente forma de gobernar, los socialistas tambi¨¦n parecen empe?ados en hacer de Espa?a otra Kakania.

El m¨¦todo. La legislaci¨®n no es una varita m¨¢gica capaz de satisfacer el derecho a la vivienda. Como se ha sostenido, si se quiere comprometer a las Administraciones para que generen vivienda p¨²blica, hay que aportar una memoria econ¨®mica que garantice su financiaci¨®n. Pues cuando los planes se incumplan, como suele suceder, ?a qui¨¦n habr¨¢ que reclamar para exigir el derecho a la vivienda? ?Acaso existir¨¢ un contrato-programa entre la Administraci¨®n y los ciudadanos, recurrible ante los tribunales? En suma, el problema de la vivienda no lo puede resolver el Estado por decreto ley, pues los procesos productivos s¨®lo pueden proveerse a trav¨¦s de los mercados, convenientemente estimulados mediante incentivos ad hoc.

El objetivo. Se supone que esa prometida ley facilitar¨¢ la compra de vivienda a todas las rentas inferiores a 3.000 euros. O sea, que se trata de una protecci¨®n universal en la pr¨¢ctica, pues seg¨²n las cuentas del IRPF, casi nadie gana m¨¢s de esa cifra. Pero quienes necesitan piso son los j¨®venes mileuristas, no los pocos tresmileuristas que ya van por su segunda, tercera o en¨¦sima vivienda. As¨ª que estamos ante otra subvenci¨®n populista como la del cheque natal, quiz¨¢ merecedora de una nueva portada de El Jueves. A no ser que se nos diga que el l¨ªmite de 3.000 euros se refiere a los ingresos de la unidad familiar. Pero esto a¨²n resulta peor, pues significa reforzar la dependencia de j¨®venes y mujeres respecto de sus padres y parejas, desincentivando as¨ª sus posibilidades de autonom¨ªa personal.

Lo cual implica regresar a la vieja pol¨ªtica de vivienda social que Franco copi¨® de Mussolini, origen del modelo latino mediterr¨¢neo de Estado de bienestar m¨¢s regresivo de Europa. Un p¨¦simo modelo de pol¨ªtica social que alcanza su m¨¢s perversa expresi¨®n en la preferencia por la vivienda en propiedad, lo que adem¨¢s de reproducir sin querer una cultura conservadora y peque?oburguesa de propietarios privados, tambi¨¦n encarece y aplaza sine die una emancipaci¨®n de j¨®venes y mujeres que s¨®lo puede favorecerse y anticiparse mediante pol¨ªticas p¨²blicas de viviendas en alquiler de bajo coste.