Toda la oposici¨®n guipuzcoana pide explicaciones a la Diputaci¨®n por el menor maltratado

Todos los partidos de la oposici¨®n en las Juntas Generales de Guip¨²zcoa reclamaron ayer la comparecencia en el Legislativo provincial de la diputada de Pol¨ªtica Social, Maite Etxaniz, de EA, para que explique la actuaci¨®n de la instituci¨®n foral en el caso del menor cuyos padres han sido condenados a seis a?os de c¨¢rcel por maltratarle y abusar sexualmente de ¨¦l. La sentencia dictada por la Audiencia Provincial reprueba de forma expl¨ªcita la actuaci¨®n de la Diputaci¨®n por no haber separado antes de su familia al ni?o y a su hermana peque?a.

El tribunal considera acreditado que los padres, ahora divorciados, golpearon al ni?o m¨²ltiples veces. Explica que "desde su primera infancia y en reiteradas ocasiones", el peque?o vio a sus padres mantener relaciones sexuales y "particip¨®" en ellas con "tocamientos" de su padre. En el caso de la ni?a, los progenitores han quedado absueltos por falta de pruebas.

La sentencia especifica que la voz de alarma salt¨® en febrero de 1995, cuando el ni?o no llegaba a los dos a?os. El pediatra constat¨® que ten¨ªa hematomas y comunic¨® los hechos a la Diputaci¨®n. Los servicios sociales forales iniciaron entonces un programa de intervenci¨®n con la familia para "eliminar la situaci¨®n de maltrato" y "mejorar las habilidades parentales". Sin embargo, d¨ªas despu¨¦s de empezarlo, los padres volvieron a golpear al peque?o. La familia fue "dada de alta" en mayo de 1997. Apenas dos d¨ªas despu¨¦s, el menor sufri¨® "una crisis convulsiva con p¨¦rdida de conciencia" mientras se encontraba en el colegio.

Cr¨ªticas al juzgado

Ya en 1999, y visto el comportamiento an¨®malo del ni?o en la escuela, la Diputaci¨®n volvi¨® a trabajar con la familia en un programa de intervenci¨®n. Ante la respuesta "negativa", puso en marcha en 2002 un protocolo para deficiencias parentales prolongadas. Debido a "la gravedad de la crisis de la pareja y su repercusi¨®n negativa" en sus hijos, desvi¨® a los menores a un acogimiento residencial durante un mes. En abril de 2003, la madre firm¨® la cesi¨®n formal de la guarda de ambos peque?os a favor de la instituci¨®n foral.

El tribunal critica a la Diputaci¨®n porque "durante ocho a?os implement¨® de forma discontinua programas de intervenci¨®n", durante los cuales, "a pesar del riesgo de que sufriera vejaciones, mantuvo en el n¨²cleo familiar al menor", quien todav¨ªa hoy arrastra problemas psicol¨®gicos.

El director de Infancia y Juventud de la Diputaci¨®n, Jos¨¦ Ignacio Insausti, defendi¨® ayer la actuaci¨®n de su departamento y arremeti¨® contra los juzgados. Record¨® que fue una entidad concertada con la instituci¨®n foral la que interpuso en abril de 2003 la denuncia correspondiente. Y censura al juzgado por no establecer medidas cautelares. En cualquier caso, admiti¨® que este caso debe servir para "mejorar" la pr¨¢ctica de los Servicios Sociales forales.