Amigos y enemigos de Imaz

La convocatoria de un refer¨¦ndum de autodeterminaci¨®n "no dejar¨ªa de proporcionar al MLNV pretextos para proseguir su acci¨®n violenta"; tambi¨¦n se los suministrar¨ªa una eventual legalizaci¨®n de tal consulta cuya convocatoria "se demorase luego" ante el temor a los problemas irresolubles que podr¨ªa plantear si el resultado fuera favorable a la secesi¨®n en unas provincias y contrario en otras, escrib¨ªa en EL PA?S, en 1996, Jos¨¦ Miguel de Azaola, el intelectual vasquista fallecido el pasado d¨ªa 8, a los 90 a?os. En uno de sus ¨²ltimos art¨ªculos (El Correo, 5-10-01), sosten¨ªa que el PNV no pod¨ªa seguir por m¨¢s tiempo en la indefinici¨®n entre independencia y autonom¨ªa, soberan¨ªa y foralidad: "H¨¢gase patente -escrib¨ªa- la incompatibilidad entre Fueros e independencia, porque los primeros exigen la renuncia a la segunda".

En sus memorias, Jos¨¦ Ram¨®n Recalde se refiere a Azaola como uno de los "maestros socr¨¢ticos" de su generaci¨®n (Recalde lo es de la siguiente a la suya) a la que aport¨® una visi¨®n europe¨ªsta y federalista del problema nacional. El propio Azaola hab¨ªa resumido esa visi¨®n suya en otro art¨ªculo (El Correo, 1-9-98) en el que consideraba que la finalidad esencial del federalismo es alcanzar una s¨ªntesis entre unidad y pluralidad combinando elementos destinados a promover la cohesi¨®n e identidad del conjunto federal, y elementos destinados a promover la diversidad de ese conjunto y la identidad de sus componentes. El federalismo, conclu¨ªa, "o bien sirve para que ambas coexistan o no es tal".

En el Pa¨ªs Vasco hay partidos que son claramente autonomistas, otros que son independentistas o soberanistas y uno, el PNV, que se mantiene en la ambig¨¹edad. Con su propuesta, sintetizada en la f¨®rmula "no imponer, no impedir", Imaz ha pretendido, m¨¢s que una definici¨®n neta de tipo autonomista, una s¨ªntesis entre los planteamientos soberanistas y los autonomistas o federalistas que cohabitan en su partido. Esa s¨ªntesis consiste en proponer que, a cambio de integrar en el consenso interno vasco a los partidos no nacionalistas, el Gobierno y su mayor¨ªa parlamentaria se comprometan a no modificar en las Cortes el proyecto que les llegue de la C¨¢mara vasca. Se tratar¨ªa de intentar salvar el principio del respeto del ¨¢mbito de decisi¨®n vasco sin vulnerar formalmente los preceptos constitucionales.

Un planteamiento muy similar, por tanto, al del plan Ardanza: la participaci¨®n del Estado "ya viene garantizado a trav¨¦s de la representaci¨®n vasca de los partidos de ¨¢mbito estatal", lo que permitir¨ªa a las "instancias competentes del Estado" declarar "de antemano su disposici¨®n a hacer propios los acuerdos alcanzados en las instituciones vascas", puede leerse en la propuesta presentada en 1998 por el anterior lehendakari en su intento de frenar la ruptura del Pacto de Ajuria Enea por parte de sectores del PNV que ya hab¨ªan iniciado contactos con ETA con vistas a lo que acabar¨ªa plasm¨¢ndose en el Pacto de Lizarra.

En la presentaci¨®n de un libro de Mario Onaind¨ªa, en febrero de 2000, Felipe Gonz¨¢lez hizo un an¨¢lisis del plan Ardanza que era una invitaci¨®n a releerlo dos a?os despu¨¦s de su formulaci¨®n. Ve¨ªa elementos aprovechables, sobre todo en relaci¨®n a la definici¨®n de un marco compartido, pero manten¨ªa su desacuerdo con el planteamiento de eliminar al Estado de la reforma del Estatuto. Record¨® que su oferta de Anoeta, en octubre de 1982, de apoyar desde el Gobierno (si ganaba las elecciones) el "com¨²n denominador" a que llegasen los partidos vascos, ten¨ªa como ¨²nico (pero decisivo) condicionante el respeto a los l¨ªmites constitucionales.

Zapatero hizo una promesa similar respecto a la reforma del Estatuto catal¨¢n, dando por supuesto que, siendo el PSC su impulsor, no plantear¨ªa problemas de constitucionalidad. Pero fall¨® el partido o fall¨® el liderazgo de Maragall y el resultado fue un proyecto de Estatuto que el Gobierno no tuvo m¨¢s remedio que enmendar en defensa propia. Ese antecedente ha sido esgrimido por los enemigos de Imaz para descalificar su propuesta. Y la ponencia consensuada por los que se reparten su t¨²nica toma del Pacto del Tripartito catal¨¢n de 2003 la idea de convocar una consulta popular en el caso de impugnaci¨®n, modificaci¨®n sustancial o demora en la tramitaci¨®n de la reforma estatutaria. Idea que Artur Mas (y tambi¨¦n ERC) propuso luego aplicar en caso de una sentencia desfavorable del Constitucional sobre el Estatut.